El fin del saqueo legal

EL FIN DEL SAQUEO LEGAL:

‘TICOS CON CORONA’ VS. ‘TICOS CONDENADOS A LA M’ [1]

 

Luis E. Loría [2]

 

 

RESUMEN

El único camino que queda para poner fin a la corrupción legalizada es una “primavera costarricense”, en la que los ‘ticos condenados a la M’—que son la inmensa mayoría—se unan para condenar moralmente a quienes no han tenido reparo en perjudicarlos, empobrecerlos y limitar sus oportunidades de desarrollo y exigir, públicamente, que renuncien—por vergüenza—a esos privilegios inmerecidos porque, en Costa Rica, no se puede justificar que exista ni un solo ‘tico con corona’, ni un solo ‘tico condenado a la M’.

 

Palabras clave: saqueo legal, corrupción, privilegio, injusticia, primavera costarricense.

 

ABSTRACT

The only way left to end legalized corruption is a “Costa Rican Spring”, where the ‘ticos condemned to M’ (M stands for misery)—which are the vast majority—unite to morally condemn those who didn’t have qualms about harming, impoverishing, and limiting their opportunities for development and publicly demand that they renounce—because of shame—those undeserved privileges, because, in Costa Rica, the existence of a single ‘tico with crown’, nor a single ‘tico condemned to M’, cannot be justified.

 

Key words: legal plunder, corruption, privilege, injustice, Costa Rican Spring.
 

      “Sin embargo, un parlamento o gobierno que se convierte en una institución de caridad entonces queda expuesta al chantaje. Y pronto deja de ser lo ‘esporádico’ [romper el principio de trato igual ante la ley] para pasar a convertirse simplemente en la ‘necesidad política’ que determina cuáles grupos deben ser favorecidos a expensas de todos. 

 

      Esta corrupción legalizada no es culpa de los políticos; no pueden evitarla si aspiran a ganar posiciones desde las que puedan hacer algún bien. Se convierte en una característica incorporada de cualquier sistema en el que el apoyo mayoritario autoriza una medida especial para apaciguar un descontento particular .”

 

~Friedrich  A. Hayek, 1979.

 

  1. ¿Cómo poner fin a la irresponsabilidad fiscal?

 

Cada año, los mismos actores de la sociedad se sientan a la mesa para intentar responder a esa importante pregunta. Cada año, también—como que si se tratara de una obra de teatro con un guion perfectamente ensayado—cada uno de los actores repite las mismas líneas:

 

a. Los representantes del gobierno de turno: es imposible recortar el gasto y, debido a que los costarricenses hemos pedido al Gobierno atender una serie importante de gastos, es necesario subir los impuestos para mantener y mejorar los servicios que la sociedad costarricense espera del Estado. Sin más ingresos será imposible sustentar adecuadamente el modelo de desarrollo social, económico y ambiental escogido por el país.

 

Sin embargo, lo que no dicen es que es igual de imposible subir impuestos, ya que la imposibilidad a la que se refieren es que se requiere la aprobación de leyes. En otras palabras, si se quiere recortar gasto, en serio, hay que cambiar leyes y lo mismo aplica para subir impuestos.

 

  Tampoco mencionan que la cantidad y calidad de los servicios que ofrece el Estado no son los que espera la sociedad costarricense y mucho menos explican que no existe ningún grupo mayoritario de ciudadanos que le haya solicitado al Estado gastar en tanta ocurrencia, contratar a tanta gente innecesaria y mantener operando todas esas instituciones y programas que no contribuyen a mejorar la calidad de vida de los costarricenses, a sacar a la gente de la pobreza, a mejorar la competitividad y el clima de negocios y a generar oportunidades para todos.

 

            b. Los representantes del BID, CEPAL y FMI [3]: hay que subir los impuestos  porque la carga tributaria en Costa Rica es muy baja cuando se compara con países de desarrollo humano similar y con otros países con niveles de ingreso parecido o superior. Se requieren impuestos progresivos, aprobar el IVA (Impuesto sobre el Valor Agregado) y la renta mundial.

 

No obstante, lo que no dicen es que no es necesario gastar más para lograr buenos resultados, tal y como lo demuestra el Índice de Progreso Social (IPS), en el cual Costa Rica aparece entre los países latinoamericanos con mejores resultados.

 

De la misma manera, no le hablan claro al ciudadano, ya que, cuando le explican el éxito de los países con mayor desarrollo relativo, se les olvida mencionar que esos países no siempre tuvieron cargas impositivas elevadas y que, si se analiza su evolución, desde una perspectiva histórica, resulta evidente que, estas economías crecieron aceleradamente cuando la carga tributaria era baja y sus Estados pequeños. Por supuesto, no es casualidad que omitan, también, que cada pueblo debe decidir, en libertad, quiénes deben pagar, cuánto deben pagar y cómo deben pagar y que, en ese sentido, no cabe aplicar la misma receta de un ‘paquetazo de impuestos’ en todos los países por igual.

 

c. Los representantes de los trabajadores: que los ricos paguen como ricos. que los ricos paguen como ricos, si se eliminan los beneficios a empresas de zonas francas y se persigue el contrabando, la evasión y se cierran los portillos a la elusión sería suficiente para cerrar la diferencia entre ingresos y gastos del presupuesto. El problema son los intereses de las grandes empresas, las multinacionales y el capital.

 

Lo que no dicen es que ese viejo discurso de que los ricos paguen como ricos, heredado del añejo manual comunista y socialista de lucha de clases e inspirado en la envida [4] y que promueve la división y el odio entre los ciudadanos, no debe servir como guía para el diseño del sistema tributario, ya que, como varios autores han señalado, no es necesario para cumplir con determinados objetivos de redistribución del ingreso—eso es lo que, supuestamente, se quiere—el que quienes tienen ingresos más altos paguen una tasa mayor. En un país como el nuestro, la redistribución se puede hacer de manera mucho más eficiente desde el lado del gasto público. Entonces, así como funciona con las contribuciones a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), es posible y más simple que todos, sin importar su nivel de ingresos, paguen una misma tasa, pero se beneficie, principalmente, a quienes menos tienen. Claro está que, con una misma tasa, quienes reciben mayores ingresos pagarían un monto mayor.

 

Tampoco mencionan que las empresas en zona franca invierten, innovan y generan empleos de calidad, precisamente, porque no les cobran impuestos exagerados, por lo que, en lugar de intentar subir los impuestos y matar el modelo que funciona, se debería avanzar en la dirección de eliminar cargas exageradas que pesan sobre los hombros de los empresarios que operan fuera de zonas francas, que en su gran mayoría son las micro y pequeñas empresas nacionales.

 

Con respecto a los temas de elusión, contrabando y evasión, dejan de lado el detalle de que la elusión—que responde por una gran parte de lo que estiman que el Estado deja de percibir—es legal. Un grupo de notables expertos tributarios, varios de ellos ex Directores de Tributación, cobra muy caro para decirle a sus grandes clientes corporativos cómo pagar menos impuestos, sin violar la ley, gracias a los portillos que quedaron abiertos en las complejas leyes que, en muchos casos, ellos mismos ayudaron a redactar. ¡Tremendo negociazo! En contraste, el contrabando y la evasión, que sí son ilegales, definitivamente, deben perseguirse.

 

            d. Los representantes de los empresarios: el problema no es de ingresos—pues no se requieren más impuestos—, sino de gastos. Esto se debe a que el gobierno gasta en exceso y no sabe si gasta bien o mal los recursos. Ciertamente, los recursos se despilfarran, ya que muchos programas que se financian con cargo al presupuesto son innecesarios o no benefician a los ciudadanos. Entonces, antes de hablar de nuevos impuestos, hay que recortar gasto, en serio. Además, parte importante del problema son las empresas informales, que no contribuyen lo que deberían y que representan una competencia desleal.

 

Lo que no dicen es que la informalidad es consecuencia directa de los altos costos, en términos de tiempo y dinero, que implica convertirse en una empresa formal, incluyendo, entre otros, los costos y tiempo requerido para completar los trámites para crear empresas e iniciar operaciones. Una mención especial merecen, también, las contribuciones a la CCSS y impuestos que contribuyen a explicar la muerte de las empresas, particularmente, durante sus primeros tres años de operación.

 

Con respecto a que el problema fiscal de Costa Rica es uno de exceso de gastos—y gastos malos—en lugar de ingresos (no se requieren más impuestos) y de que antes de hablar de nuevos impuestos debe recortarse el gasto, en serio, pues tienen toda la razón

 

  1. La Contraloría General de la República:  El presupuesto que presenta el gobierno a la Asamblea Legislativa para su aprobación es ilegal, ya que financia gasto corriente con deuda y, por lo tanto, viola el Artículo 6 de la Ley de Presupuestos vigente.

 

Lo que no dice es que, en un Estado de Derecho, la ley debe cumplirse sin excepciones, y, por supuesto, eso aplica al Estado y a sus representantes. No es posible que el gobierno y los diputados decidan cuál ley se cumple y cuál ley no. En este caso, como se denunció, hace varios años, en un Editorial de La Nación, la ley se convirtió en letra muerta y se viola la ley con impunidad, debido a que no existen sanciones para quienes violen lo dispuesto en la Ley de Presupuestos vigente.

 

f. Los representantes de los partidos políticos de oposición: el problema fiscal es gravísimo y requiere de una solución urgente, pero—en vista de que nos ponemos de acuerdo—continuaremos aprobando presupuestos ilegales.

 

            Lo que no dicen es que al “patear la bola hacia delante” y permitir que continúe creciendo el gasto sin límites y se acumule más y más deuda, hasta que reviente el sistema, el costo del ajuste lo terminarán pagando, como de costumbre, quienes menos tienen.

 

  1. ¿Por qué no podemos, como sociedad, ponernos de acuerdo en cómo solucionar el problema fiscal?

 

El problema de fondo es que ninguno de los actores mencionados arriba defiende los intereses de la mayoría de los costarricenses antes que los propios y los de los grupos de interés que representa. Para ponerlo en términos muy sencillos, representan los intereses de pequeños grupos privilegiados que se están sirviendo con cuchara grande del presupuesto, mientras que otros grupos mayoritarios y más necesitados son obligados a pagar la cuenta, aunque no se beneficien de la piñata de fondos públicos.

 

De lo que estamos hablando, más concretamente, es que el problema no es uno de “ricos vs. pobres”, de “empresarios vs. trabajadores” o de “izquierdas vs. derechas”. El problema es, realmente, uno de ‘ticos con corona’ vs. ‘ticos condenados a la M’ (M de miseria).

 

El ejercicio para determinar si uno es un ‘tico con corona’ o un ‘tico condenado a la M’ es simple:

 

a. Usted es un ‘tico con corona’ si usted extrae del presupuesto del Estado más de lo que aportó o se merece, de acuerdo con su condición de necesidad o por la remuneración justa por un trabajo de calidad bien ejecutado—debido a que es amigo de alguien en el gobierno de turno que le hizo un favor para beneficiarlo con un puesto o con un contrato, recibe un salario, beneficios o pensión superior a la del resto de los mortales que hacen el mismo trabajo, gracias a que alguien en una posición de poder, en algún momento, aprobó una ley o una convención colectiva con privilegios injustos e inmerecidos—.

 

b. Usted es un ‘tico condenado a la M’ si usted extrae del presupuesto del Estado menos de lo que aportó o se merece, de acuerdo con su condición de necesidad o por la remuneración justa por un trabajo de calidad bien ejecutado. En otras palabras, usted pertenece a la mayoría de costarricenses que le toca pagar los privilegios arbitrarios e injustos de los ‘ticos con corona’.

 

  1. Los defensores de ‘los ticos con corona’

 

El perverso esquema vigente de saqueo legal [5] por medio del Estado que sirve para alimentar y engordar los privilegios de los ‘ticos con corona’—a costa de los ‘ticos condenados a la M’—es muy difícil de cambiar [6], ya que entre los beneficiarios y defensores del injusto sistema de reparto de la riqueza de todos los costarricenses encontramos miembros de las élites de los grupos más poderosos de la sociedad: de los empresarios, de los sindicatos, de los liberales, de los comunistas, de todos los partidos políticos, de los intelectuales, de los centros de pensamiento, de la academia, de las instituciones del Estado, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, que, en distintos momentos la historia contaron con el poder suficiente para corromper y torcer las leyes a su favor.

 

Estos ‘ticos con corona’ no están dispuestos a ceder en esas “perversas conquistas con cargo al bolsillo de todos los costarricenses”, incluso, las llaman “derechos adquiridos” y están convencidos de que se las merecen, como si el haber logrado convertirse en una sanguijuela que se alimenta del fruto de los trabajo de los otros, de los ‘ticos condenados a la M’,—sin merecerlo—fuera algo de lo que alguien pudiera sentirse orgulloso.

 

  1. La primavera costarricense

 

            En síntesis, el único camino que queda para poner fin a la corrupción legalizada es una “primavera costarricense”, en la que los ‘ticos condenados a la M’—que son la inmensa mayoría—se unan para condenar moralmente a quienes no han tenido reparo en perjudicarlos, empobrecerlos y limitar sus oportunidades de desarrollo y exigir, públicamente, que renuncien—por vergüenza—a esos privilegios inmerecidos porque, en Costa Rica, no se puede justificar que exista ni un solo ‘tico con corona’, ni un solo ‘tico condenado a la M’.

 

Bibliografía:

Bastiat, Frédéric. (2003) La Ley. Traducción de Lucy Martínez-Mont, Segunda Edición. Centro de Estudios Económicos y Sociales, CEES: Guatemala.

Buchanan, James M. y Wagner, Richard E. (2000). Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes. Collected Works of James M. Buchanan, Volume 8. Liberty Fund Inc.: United States.

Hayek, Friedrich. A. (1979). The Political Order of a Free People. (Vol. 3). In: Law, Legislation and Liberty. Phoenix Edition: Unites States.

Jouvenel, Bertrand de. (1952). The ethics of redistribution. Cambridge University Press.

Schoeck, Helmut. (1970). A Theory of Social Behaviour. Harcourt, Brace & World Inc.: New York.

 

 

 

[1] Léase la letra “M” en adelante como la M de la palabra miseria.

[2]  Luis E. Loría. Realizó estudios doctorales (Doctoral Candidate), en Economía, Tecnología y Estrategia Empresarial en Harvard University, y el Massachusetts Institute of Technology (MIT).  Durante los últimos veinte años sus trabajos de consultoría e investigación se han concentrado en temas de políticas públicas relacionadas con economía, negocios, promoción de inversiones, comercio exterior, competitividad e innovación, en una docena de países de América Latina. Actualmente, es Presidente de Strategic Advantage Consulting Group y del Instituto de Desarrollo Empresarial y Acción Social IDEAS.   lloria@ideaslabs.org

[3] Léase BID como Banco Interamericano de Desarrollo; CEPAL Comisión económica para América y el Caribe; y FMI Fondo Monetario Internacional.

[4]  Para más discusión acerca de la envidia, ver (Jouvenel 1952) y (Schoeck 1970).

[5] Para mayor discusión acerca del saqueo legal, ver (Bastiat 2003).

[6] Para mayor discusión acerca del rol de grupos de interés y  la realidad del manejo de la política fiscal, ver (Buchanan y Wagner 2000).