CARLOS SABINO

LOS SENDEROS

DE LA LIBERTAD

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Table of Contents

1. Introducción

4. El nacimiento de las modernas ideas de libertad

7. La independencia y la libertad

9. Liberales y conservadores

10. Anarquía y caudillismo

12. Las reformas y el auge liberal

13. El final de una época

14. El mundo de postguerra

15. El socialismo y la libertad

16. El nuevo liberalismo y las reformas

17. A la vuelta del siglo

19. Atisbando el futuro

21. Bibliografía y Lecturas recomendadas

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320.51 S116

Sabino, Carlos

Los senderos de la libertad México: Red Liberal de América Latina -RELIAL y Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, 2015

182 pp.; 21x14 cm ISBN: 9789929677173

1.Ideas Políticas 2.Liberalismo I.Sabino, Carlos

Edición a cargo de Antón A. Toursinov

Diseño de la portada: Carlos Durand

Ilustraciones: Julián González Gómez Diseño

Diseño y diagramación: Carlos Durand

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2ª edición

© Red Liberal de América Latina –RELIAL y Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, 2016

© Carlos Sabino

ISBN: 9789929677173

Todos los derechos reservados

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, sin el consentimiento expreso del autor y/o editor.

Impreso en México

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Introducción

¡Oh libertad!, ¡cuántos crímenes
se cometen en tu nombre!

Madame Roland

La frase del epígrafe la pronunció Marie-Jeanne Roland pocos segundos antes de que su cabeza cayese segada por la guillotina, en los turbulentos días de la Revolución Francesa, exactamente el 8 de noviembre de 1793. Nada tenía de exagerada: su propia vida estaba a punto de extinguirse por obra de la intolerancia de quienes entonces detentaban el poder y querían, en nombre de la libertad y de la razón, apagar toda disidencia e imponer sus ideas. La libertad, ese concepto tan amplio y tan cargado de emociones positivas, sirvió en esos tiempos para suprimir el libre pensamiento de los adversarios del gobierno y ha sido usado desde hace siglos, sin descanso, para justificar los abusos de nazis, de comunistas y de todos aquellos que se han escudado detrás de su nombre para cometer indecibles crímenes de toda naturaleza.

¿Es entonces que la libertad no existe, que es solo una vana palabra que sirve para dar apariencia de legitimidad a todo lo que se hace desde el poder? No, desde luego: todos podemos identificar situaciones en que el ser humano es más o menos libre, en que la libertad se usa como excusa o es, en cambio, un valor que se respeta en la práctica. La historia de la humanidad es rica en ejemplos de pensadores que han tratado el tema con profundidad y lucidez, de filósofos, políticos y gobernantes que han empeñado hasta su vida en defensa de las libertades de sus pueblos. No hace falta ser un intelectual o un estudioso para entender el modo en que se ha manipulado y distorsionado este concepto y para distinguir, con nitidez, en qué consiste ser libre.

Desde comienzos del siglo XIX se ha dado en llamar liberales a quienes se propusieron convertir la libertad en el valor supremo de la vida política y social de los hombres y liberalismo al conjunto de ideas, propuestas y prácticas de lo que –con el tiempo – se convirtió en una amplia y vigorosa corriente de pensamiento. Es verdad que ya desde los albores del siglo XX emergieron ideologías que recusaron o pusieron en segundo plano a este valor fundamental y que hoy existe en la opinión pública un rechazo a lo que, vagamente, se denomina como liberalismo o como neoliberalismo. Este último término se ha llegado a usar, en nuestros días, como una especie de insulto, atribuyendo todos los males que vivimos a los efectos de sus políticas.

La confusión, al respecto, no es poca, y es promovida a veces de modo deliberado para imponer ciertas políticas o restringir determinadas libertades. El propósito de este libro es, precisamente, disipar esa confusión y exponer de un modo claro las vicisitudes por las que ha pasado la lucha por la libertad en América Latina durante los últimos siglos. Para eso tendremos que remontarnos a la lucha que, algo antes, comenzó en Europa contra el absolutismo monárquico que prevalecía entonces allí en la mayoría de los estados, aunque siempre han existido –y en todas partes – personas que de un modo u otro valoraron la libertad y se comprometieron en acciones lúcidas y decididas para defenderla.

¿Qué ideas, qué propuestas sostenían quienes adoptaban este punto de vista? ¿Había algo en común que los unía y, si es así, de qué se trataba? ¿Están vigentes hoy para orientarnos o son simplemente ideas del pasado? No es fácil responder a estas preguntas, lo admitimos, porque la lucha por la libertad se ha enfrentado con situaciones muy diversas y porque, además, cada individuo se ha enfocado en diferentes problemas, partiendo de visiones filosóficas o políticas también distintas. El liberalismo, por eso, no es una doctrina que tenga una ortodoxia bien definida como la tuvo en su tiempo el marxismo, por ejemplo ni un programa detallado y que siempre hayan aplicado sus partidarios de modo consistente. No puede encontrarse entre estos una figura descollante y reconocida por todos como su máxima autoridad y puede apreciarse también que, a lo largo del tiempo, ha variado el énfasis que sus exponentes han colocado en temas de su particular interés.

Por eso podemos afirmar que el liberalismo es una corriente de pensamiento que se articula alrededor de ciertos valores fundamentales, no una ideología política, una escuela filosófica o una teoría política determinada. Y no lo es porque admite, como lo veremos en las páginas que siguen, diversas posturas frente a los problemas fundamentales de la filosofía, aunque entre sus representantes encontremos a veces aportes filosóficos de primera magnitud. No es tampoco una teoría en el sentido estricto del término, no solo por su vocación hacia la práctica sino porque entre sus defensores hay posiciones no siempre coincidentes, contrastantes a veces. Pero los liberales han hecho, sin la menor duda, decisivos y trascendentes aportes a la teoría política, a la ciencia económica y en general a la comprensión de lo que ocurre en la sociedad.

El liberalismo no es una doctrina cerrada pero, desde que la palabra liberalismo se incorporó al léxico de la vida pública en la Constitución de Cádiz de 1812[1], puede encontrarse sin dificultad una unidad básica en el pensamiento que desarrollan quienes se asumen como liberales, una identificación que los define frente a otras corrientes políticas y una insistencia en los mismos principios e ideas básicas. Liberalismo es un término que proviene, obviamente, de liberal, y ser liberal significaba originalmente ser abierto y magnánimo, generoso y desprendido en la vida personal. El término se incorporó luego al ámbito de lo público – hace unos dos siglos– para calificar a quienes defendían las libertades de todas las personas frente a la opresión, su derecho a desarrollar sus vidas sin innecesarias restricciones, como individuos autónomos capaces de hacerse responsables por sí mismos. A estas ideas, a estas luchas, habremos de referirnos a lo largo de las páginas que siguen.

El lector podrá apreciar en este texto el nacimiento y el desarrollo de las ideas favorables a la libertad, la forma que asumieron en América Latina[2] desde su independencia y las posiciones básicas que han sostenido y sostienen hoy sus principales exponentes. El recorrido que haremos, sin embargo, comenzará algo antes, en Europa, donde en condiciones propicias comenzaron a gestarse las ideas y las actitudes que llevarían al liberalismo moderno. Seguiremos entonces, en sucesivos capítulos, relatando los acontecimientos históricos que cubren estos dos siglos para mostrar, paso a paso, la forma en que la libertad ha sido amenazada y defendida, a veces triunfando y otras veces retrocediendo ante el autoritarismo y el despotismo.

El nuestro no será un relato erudito y exhaustivo: haremos una exposición de tipo panorámica, concentrándonos en ciertos sucesos, algunas personalidades y ciertas circunstancias que permiten entender los procesos fundamentales que han ocurrido en estos últimos dos siglos. Para el lector que desee profundizar en cada tema y en cada uno de los acontecimientos incluimos, al final, una lista de libros fundamentales que –seguramente– podrá consultar con provecho e interés. Esperamos que así, proporcionando un marco general para el análisis, puedan entenderse mejor las circunstancias del presente y ofrecer un punto de partida para el desarrollo de una lucha que, bien entendida, resulta decisiva también en nuestro tiempo. Así lo esperamos, deseando que cada lector pueda encontrar la motivación y las herramientas necesarias para luchar por esa libertad que tanto necesitamos hoy, como siempre, para tener una vida que valga la pena de ser vivida.

Capítulo 1

El nacimiento de las modernas ideas de libertad

Los orígenes

Las raíces del liberalismo moderno son remotas, ya que en muchos pensadores de la Antigüedad, en Occidente y en Oriente, expresaron ideas, propuestas o actitudes que bien pueden considerarse como liberales, o que al menos resultan por completo compatibles con el liberalismo actual. Pero los orígenes concretos de esta corriente de pensamiento se encuentran, sin duda alguna, en la Europa de la modernidad, en ese continente que, a partir del siglo XV, comenzó a experimentar cambios tan intensos que llegaron a transformar por completo su fisonomía.

El Renacimiento, primer punto de referencia que daremos, fue un movimiento cultural que intentó rescatar la tradición de griegos y romanos, en buena medida alejada del centro de las preocupaciones del hombre medioeval. Más allá del pensamiento de filósofos como Aristóteles, los renacentistas bebieron en las fuentes de la mitología, el arte y la cultura de los clásicos, derivando en una postura ante el mundo que se llamó luego humanismo. Si bien a la palabra se le han dado muchos significados diferentes, el humanismo -en el sentido que nos interesase distanció de la preocupación obsesiva por el alma y miró también al cuerpo, revalorizó la experiencia humana en esta tierra, dio importancia central a la razón y destacó el papel del individuo más allá de la colectividad a la que, en la Edad Media, estaba indisolublemente ligado. Fue un movimiento de pensadores y artistas que no tuvo ningún tipo de centralización u organización, un cambio de las conciencias y de las actitudes que significó una ruptura –aunque muy gradual– con el estilo de vida anterior.

Entre las décadas finales del siglo XV y las primeras del XVI Europa asistió a cambios trascendentales: en 1492, el viaje de Cristóbal Colón, que levantó el velo sobre un nuevo mundo, fue el hito primordial de la era de los viajes y descubrimientos que vincularon a los europeos por primera vez al resto del planeta. Se conocieron así insospechadas formas de vida, regiones remotas y costumbres diferentes que abrieron el horizonte mental de los hombres de aquellas épocas. La expansión europea, que había comenzado ya con los viajes anteriores de los portugueses hacia el África, significó una nueva época de desafíos en que diversos pueblos se dedicaron a comerciar, conquistar y poblar zonas del mundo que hasta entonces habían sido desconocidas para ellos. Pero esto se hizo ya en el contexto de una Europa en transición, un mundo en que se abandonaba la rigidez de las ideas medioevales, en gran medida bajo la tutela de la Iglesia, y se exploraban nuevas formas de pensar y de actuar.

La Reforma, ese movimiento religioso que inició Martín Lutero en 1517 y dio origen a lo que luego serían multitud de iglesias protestantes, también fue expresión de estos enormes cambios y, al desarrollarse, contribuyó también a impulsarlos. Los protestantes querían apartarse de una Iglesia a la que veían entonces corrupta y apartada de Dios, y fomentaron también la idea de un individuo autónomo, que pudiese comunicarse directamente con la divinidad a través de la lectura de la palabra sagrada, adquiriendo así una independencia hasta entonces desconocida.

La revalorización de la razón llevó también a una nueva actitud frente a los conocimientos heredados, que se revisaron y analizaron con un espíritu crítico intenso y cada vez más libre de dogmas y tradiciones mentales. Un paso gigantesco en este sentido lo constituyó el aporte de Nicolás Copérnico, quien se atrevió a concebir en un libro publicado en 1543 la idea de que la Tierra no era el centro del universo sino un planeta como los demás, que giraba alrededor del sol. El nuevo espíritu humanista contribuyó también a buscar la explicación de los fenómenos naturales no solo en la especulación filosófica, sino en contacto con los hechos mismos, con ese mundo material que antaño se despreciara como engañoso y contingente. Surgió así la experimentación, iniciada con Galileo Galilei, que abriría un ancho camino a quienes en los siglos siguientes se dedicarían a desentrañar los misterios de la naturaleza.

El mundo había cambiado. En apenas siglo y medio literatos, filósofos, artistas, navegantes y científicos habían aportado nuevas ideas y descubrimientos, inventos que parecían maravillosos al hombre medioeval e incipientes técnicas para dominar la naturaleza de un modo antes nunca visto. Eran hombres libres que no aceptaban que una autoridad o un texto antiguo gobernaran sus ideas y se atrevían a razonar por sí mismos. Eran individuos, hombres no sujetos al soberano ni a la Iglesia – aunque no se rebelaran abiertamente contra ella– personas libres de las ataduras de los gremios y las corporaciones, que ejemplificaban con sus obras la ruptura del viejo orden feudal.

Pero en el plano de la política, también, se habían operado significativos cambios. El menguante poder de la Iglesia, dividida ahora entre católicos y diversas denominaciones protestantes, así como el impulso económico que daba a los europeos la conquista de nuevos territorios y un comercio ya de escala mundial, habían permitido a varios monarcas acrecentar su poder y desligarse, en buena medida, de las restricciones a las que hasta allí debían someterse. Los reinos no eran ya un entramado de nobles, ciudades y obispados que tenían en la práctica un inmenso poder local, sino que se iban convirtiendo poco a poco en estados modernos, donde el soberano trataba de imponer su hegemonía sin que nadie se la pudiese disputar. A mediados del siglo XVII, durante el reinado de Luis XIV de Francia, por ejemplo, este proceso había madurado lo suficiente como para dar nacimiento a un nuevo modelo político, al que llamamos absolutismo.

El absolutismo, con amplios antecedentes en el mundo antiguo y en las naciones de Oriente, se basaba en ideas políticas en realidad muy simples: el rey era el soberano, ungido “por la gracia de Dios” y dotado por lo tanto de un poder indiscutible, porque provenía nada menos que de la divinidad. Este poder era absoluto en el sentido de que no existía ningún poder terrenal superior a él, y convertía al monarca en soberano, es decir, en alguien supremo e independiente que en principio podía gobernar a su arbitrio y antojo: podía crear o derogar leyes, aplicarlas del modo que le pareciese más conveniente y disponer del reino como de una posesión privada.

Claro está, la tradición y las costumbres, los poderes dispersos que aún mantenían algunos nobles o corporaciones, limitaban de hecho la capacidad de decisión del soberano y la hacía mucho menos absoluta de lo que a primera vista pudiera suponerse. Pero el concepto era claro y suponía una contradicción abierta con ese espíritu humanista e individualista al que nos hemos estado refiriendo. Surgía de esas mismas transformaciones que habían desplazado a la Europa medioeval pero entraban directamente en conflicto con su espíritu, con sus actitudes y con el reclamo de libertad que le era subyacente. De la oposición a este creciente absolutismo, nos atrevemos a afirmar, surgiría en definitiva lo que luego fue llamado el liberalismo.

El absolutismo y sus tropiezos. John Locke

Lo que ocurrió en Inglaterra a mediados del siglo XVII significó, sin embargo, un duro revés para uno de esos monarcas absolutos. Carlos I, rey de Inglaterra, disolvió el parlamento de ese país y trató de gobernar como monarca absoluto a partir de 1629; lo impulsaban a hacerlo motivos financieros y religiosos. Gobernó así hasta que, en 1640, tuvo que convocar otra vez al parlamento, con el que entró en un abierto conflicto que desembocó en una guerra civil. Derrotado después de una larga lucha, fue finalmente decapitado en 1649. Los ingleses declararon la república, que duró hasta 1660.

Pero un nuevo rey, Jacobo II, fue derrocado en 1688 en lo que los ingleses llamaron la Revolución Gloriosa, un movimiento en sí bastante pacífico a pesar de su nombre.

Lo que nos interesa es que, como producto de este cambio político, el parlamento impuso al nuevo rey, Guillermo de Orange, una Declaración de Derechos que limitaba severamente su poder y erigía a ese cuerpo colegiado como un poder independiente del monarca. Se había producido un cambio de no poca importancia pues, a partir de ese momento, una de las grandes naciones de Europa se apartaba del gobierno absoluto de un rey, del sistema según el cual un ejecutivo hereditario dominaba casi sin contrapesos la escena política de las naciones, y avanzaba por los senderos del gobierno parlamentario y constitucional.

Los hechos aquí brevemente reseñados sirven de contexto para comentar la obra de un filósofo inglés, John Locke (1632-1704), a quien suele considerársele como el padre del liberalismo moderno. Locke vivió durante el tiempo en que Inglaterra experimentó ese cambio fundamental en su sistema político y sus obras ejercieron no poca influencia en la creación y consolidación de un régimen de libertades, poseedor de una auténtica división de poderes, que garantizó a los ingleses la eliminación de cualquier tipo de despotismo. En sus obras, que abarcaron muy diversos temas, el filósofo defendió la idea de que la soberanía reside en el pueblo, no en el monarca y –tal vez lo más importante– que la vida, la propiedad y el derecho a buscar libremente la felicidad son derechos naturales del hombre. Estos derechos no son otorgados por el gobierno sino anteriores a su misma existencia: el gobierno existe para protegerlos, para garantizar, en suma, la libertad de los individuos.

Locke abogó decididamente por la tolerancia, pues asumió que cada individuo tiene el derecho a proseguir en la vida el camino que más le convenga y le aconsejen sus sentimientos y su razón. Sus ideas influyeron decisivamente en la nueva época que se abría para Inglaterra –y luego para muchas otras naciones – poniendo en primer lugar la libertad del individuo, el respeto a las leyes surgidas del parlamento y el rechazo a toda forma de dictadura.

No podemos cerrar esta sección, sin embargo, sin hacer mención de la obra de otro filósofo quien, nacido en el mismo año que Locke, proclamó también algunas ideas que serían fundamentales para el pensar liberal: nos referimos a Baruch Spinoza[3] (1632-1677), quien vivió en Amsterdam, en la comunidad judía que había buscado refugio allí luego de las persecuciones religiosas que sufrió la península ibérica. Spinoza concibió claramente, por primera vez, un modelo político liberal en el que “el verdadero fin del estado es, pues, la libertad”, no “dominar a los hombres ni sujetarlos por el miedo y someterlos a otro, sino, por el contrario, librarlos a todos del miedo para que vivan, en cuanto sea posible, con seguridad; esto es, para que conserven al máximo este derecho suyo natural de existir y de obrar sin daño suyo ni ajeno.”[4] Spinoza sostuvo, en consecuencia, que “lo que no puede ser prohibido, es necesario permitirlo, aunque muchas veces se siga de ahí algún daño”, y que con más violencia se gobierna “cuanto menos libertad se concede a los hombres.”

El Iluminismo. El aporte de Adam Smith.

Los cambios que experimentaron Inglaterra y los Países Bajos (la actual Holanda) durante el siglo XVII, sin embargo, resultaron una total excepción dentro de una Europa que marchó, por un tiempo, francamente hacia el absolutismo real. Pero esta tendencia no creció sin oposición, al menos en el plano intelectual. Las nuevas ideas que habían florecido desde el Renacimiento, los cambios que se habían producido en la visión de un mundo expandido por los viajes, los descubrimientos y la colonización, impulsaron a nuevos pensadores a seguir desarrollando y profundizando las críticas que se formulaban a las sociedades existentes. Pensar libremente, investigar sin prejuicios la naturaleza, criticar la conducta de los poderosos y analizar incluso las justificaciones que sostenían dicho poder, se convirtieron pronto en una corriente de pensamiento que terminaría por destruir las bases del despotismo real.

El rechazo a las ideas absolutistas se concretó así durante el siglo XVIII en otro movimiento cultural de gran significación para nuestro estudio: el Iluminismo. Llamado también la Ilustración o el Siglo de las luces, el iluminismo fue la obra de una multitud de pensadores que –a pesar de las enormes diferencias que tenían entre sí– convergía en un cuestionamiento del orden establecido que tendría enormes consecuencias posteriores. Más allá de las profundas discrepancias que pueden apreciarse en sus mayores exponentes –Emmanuel Kant, Dennis Diderot, David Hume, Adam Smith, el barón de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire y Benjamin Franklin, para sólo mencionar algunos– todos los iluministas sentían una confianza en la razón humana que, liberada de los lastres del dogmatismo religioso o político, podía entonces alcanzar nuevas cumbres en la cultura y en la ciencia. “¡Ten coraje para hacer uso de tu propia razón! -ese es el lema del Iluminismo” diría Emmanuel Kant, uno de los filósofos que trató de comprender la vastedad del movimiento intelectual que se desenvolvía ante su vista.[5]

Heredero de los cambios experimentados en los siglos anteriores, a los que acabamos de referirnos en la sección precedente, el iluminismo era variado en sus expresiones y propuestas. Había iluministas que estudiaron los sentimientos humanos y sentaron las bases para el nacimiento de la ciencia económica, como el escocés Adam Smith (17231790), explicando con paciencia los beneficios que la libertad de comercio traería para el desarrollo de las sociedades; otros que, más inclinados hacia el predominio de las ideas colectivistas, como el suizo Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), anticipaban las ideas democráticas y socialistas de un siglo posterior; filósofos, como el citado Kant (1724-1804), que se propuso examinar la razón con el único instrumento disponible para hacerlo, la propia razón; y otros como David Hume (1711-1776) -que penetraría con profundidad en lo que luego se conocería como teoría del conocimiento y desarrollaría una importante labor en el campo de la historia y Voltaire (1694-1778), que haría una crítica implacable al oscurantismo y al dogmatismo en las costumbres y en la vida social. Estos, y muchos otros aportes, que no es del caso exponer aquí, sentaban las bases para que fuera emergiendo una visión científica apoyada en la razón, un acercamiento al análisis sistemático de los asuntos humanos en toda su variada gama de esferas de actividad.

Desde el punto de vista político, que es el que ahora nos interesa, las ideas de la Ilustración convergían, sin embargo, –más allá de sus variaciones y profundas discrepancias– en una recusación del orden absolutista que se había consolidado en casi toda la Europa continental en los siglos XVII y XVIII. Para la mayoría de sus pensadores el poder absoluto de los reyes en lo temporal y de la Iglesia en lo espiritual, no debían ser considerados como intangibles o inmodificables, ajenos a la reflexión y la acción humanas, sino más bien como obstáculos al desarrollo de una vida social más libre y más rica en contenidos.

Dentro de este polifacético movimiento destaca, para nuestro estudio, la obra de Adam Smith, pues él fue, sin duda alguna, quien anticipó y desarrolló mejor algunas de las ideas básicas de lo que luego llamaríamos liberalismo. Smith se preocupó por entender de dónde provenía la riqueza de las naciones y desechó las ideas –erradas y un tanto simplistas– de mercantilistas y fisiócratas. Encontró que la riqueza provenía de la libre actividad de los hombres quienes, procurando mejorar las condiciones materiales de su vida, producían e intercambiaban bienes y servicios con los demás. Lo hacían por su cuenta, sin que nadie les dijese cómo proceder, sin recibir directivas ni órdenes de los gobernantes. Pero, persiguiendo su propio interés, creaban una red de interacciones que, de algún modo, cobraba vida propia: el mercado. En el mercado, que no es una entidad física sino un espacio social, las personas realizan intercambios libres que se basan en los deseos de cada quien. Producen para el mercado y satisfacen sus necesidades a través de él, creando una red de cooperación social que, cuando los intercambios se multiplican, ajusta por sí sola los precios: todos tienen estímulos para producir cada vez más y mejor, los consumidores quedan satisfechos y, en conjunto, se crea riqueza incesantemente.

Pero, más allá de este proceso, que se desenvuelve continuamente y se renueva a cada instante, la existencia del mercado, de sus intercambios libres y de los valores que fomenta, es expresión de una sociedad civil que, diferenciada de lo que podemos llamar la sociedad política, resulta el fundamento de una sociedad libre. Su funcionamiento crea lo que llamamos hoy un
orden espontáneo, y que el escocés ilustró con su imagen de la “mano invisible”. Esta idea, que se afinaría y ampliaría luego gracias al aporte de diversos autores, resultaría clave para entender cómo la sociedad, libremente, puede organizarse sin que ningún poder político intervenga a cada paso para controlarla y permitiría así fundamentar las ideas liberales sobre este conocimiento de la vida social y económica.

El despotismo ilustrado

Hemos afirmado que durante el siglo XVIII la mayoría de los monarcas europeos abrazó el absolutismo, consolidando su poder y tratando de anular la influencia y la capacidad de decisión de cualquier institución que pudiese competir con su hegemonía. Pero varios de estos monarcas, a la vez, fueron influidos por ciertas ideas del Iluminismo, aceptando muchas de sus propuestas y de sus actitudes aunque no, de seguro, en el plano político. Asesorados generalmente por filósofos y políticos intentaron modernizar sus reinos, promoviendo cambios que centralizaran y racionalizaran la administración, realizando obras de infraestructura, creando ejércitos apoyados en las más recientes tecnologías y favoreciendo las artes y las ciencias. A estos reyes se les llamó entonces déspotas ilustrados, pues trataron de combinar el absolutismo político con las nuevas ideas de progreso que florecían en el continente.

Carlos III, rey de España desde 1759 hasta 1788, puede considerarse seguramente como uno de estos déspotas del Siglo de las Luces. Durante su largo reinado se hicieron y mejoraron carreteras, se realizaron importantes obras públicas, sobre todo en Madrid, se reorganizó el ejército y se crearon o se modificaron centros de enseñanza. Carlos III expulsó a los jesuitas, buscando así reducir el poder terrenal y la influencia de la Iglesia, y realizó también reformas fiscales que dieron mayores ingresos a la corona pero, por otra parte, generaron no poco malestar.

El descontento fue serio en algunas regiones de las Indias, los territorios de ultramar que conforman lo que es hoy Hispanoamérica y que en la práctica eran gobernados como colonias: eran administrados por funcionarios que se enviaban desde España –virreyes, capitanes generales, presidentes de audiencias, oidores, visitadores– dejando a la población local sin capacidad alguna de tomar decisiones políticas o administrativas. Esta población, como era lo normal en esa época, estaba conformada por estamentos rígidos que encasillaban a la población, de por vida, en alguno de los siguientes sectores: los criollos, que eran descendientes de los conquistadores y de los inmigrantes españoles llegados después, que tenían la inmensa mayoría de la propiedad de la tierra y controlaban por lo general la economía, y las castas, constituidas por la población subordinada, que incluía una variedad de grupos y subgrupos humanos: indígenas, esclavos de color traídos de África y mestizos de muy variada estirpe.

Las reformas de Carlos III trataron de acrecentar la centralización de ese vasto imperio y, como punto más conflictivo, aumentaron la presión impositiva sobre todos los sectores nativos. Hubo renuencia a aceptar las medidas, descontento, protestas y hasta rebeliones, algunas de importancia, como la que encabezó Túpac Amaru (1738-1781) en las tierras altas del Perú. Otro motivo de descontento, especialmente entre los criollos, era el sistema mercantilista que aplicaba España en sus territorios de ultramar. No solo se creaban y fomentaban monopolios y estancos para muy diversos bienes de consumo cotidiano, sino que el comercio con los territorios de ultramar estaba fuertemente limitado, pues las colonias tenían prohibido comerciar entre sí y con los extranjeros y sólo podían hacerlo a través de muy pocos puertos, especialmente habilitados para el tráfico comercial. El rey español, guiado por sus consejeros, suavizó muchas de estas restricciones, pero lo hizo de un modo bastante limitado: abrió algunos puertos más al comercio transatlántico, es cierto, pero siguió vigente la prohibición de comerciar con Inglaterra, la principal potencia de esa época, y con el resto de los extranjeros.

Había, pues, durante la segunda mitad del reinado de Carlos III un fermento de descontento entre los criollos de la América española, muchos de los cuales sentían en carne propia la forma absolutista con que se gobernaban sus territorios y las fuertes limitaciones que se imponían al comercio. Lo que preocupaba a los criollos era la falta de autonomía política, el atraso en que se encontraban las colonias, las limitaciones que una metrópoli lejana imponía a su desarrollo. Por eso en las principales ciudades de ese inmenso imperio se crearon a fines de siglo una variedad de asociaciones que –influidas sin duda por las ideas iluministas– trataron de fomentar la ciencia, las artes y la industria, agrupando en sus filas, sin duda alguna, a lo más granado de la sociedad colonial.

Al reinado de Carlos III sucedió el de Carlos IV, un hombre débil que no impulsó reformas de importancia y que tuvo la mala fortuna de iniciar su reinado en una época de violentas e insospechadas transformaciones.

Una era de trascendentales cambios

Algo antes de que concluyera el reinado de Carlos III había sucedido un hecho insólito que, sin exagerar, cambiaría para siempre la faz del mundo. Las colonias inglesas de la América del Norte se habían enfrentado a su metrópoli, habían declarado su independencia en 1776 y, después de una larga lucha, la habían obtenido. Independientes ya, se debatió a fondo el sistema de gobierno que deseaban adoptar, inclinándose entonces por redactar una constitución que sería el documento rector de la república naciente.

La independencia de las colonias que formarían los Estados Unidos no se produjo de un modo súbito, sino que se asentó sobre una tradición de auto gobierno que le dio bases muy sólidas. En primer lugar porque los colonos que llegaban a este continente iban formando colonias que redactaban cartas o reglamentos que normaban su funcionamiento. En segundo lugar porque la corona inglesa no ejercía sobre ellas una tutela política estricta sino que las dejaba prácticamente funcionar por sí mismas. A partir de pequeños núcleos en la costa los colonos habían ido ocupando el territorio de esa inmensa región, trabajando la tierra que poseían en propiedad plena, desarrollando artesanías y manufacturas y creando un mercado incipiente pero que, sin embargo, se expandía con enorme vigor.

Conocedores de las ideas de Locke, inspirados en parte por el conocimiento de lo que fue la república de Roma e imbuidos por el espíritu racional del iluminismo, los padres fundadores de la república de los Estados Unidos –Jefferson, Madison, Hamilton, Adams, Franklin y Washington, entre otros– decidieron que la nueva entidad política a crearse debía regirse por un documento que fuese una barrera contra la tiranía y garantizara la libertad individual. No reconocieron la soberanía de ninguna casa real sino la del pueblo, pero hicieron que el poder político quedase dividido en tres ramas, las hoy clásicas ejecutiva, legislativa y judicial. Este poder central, el gobierno federal, tenía poderes muy limitados, expresamente citados en la constitución, lo que garantizaba a los estados constituyentes, las que fueran las 13 colonias inglesas, un amplio grado de autonomía. La constitución establecía también una delicada interrelación que permitía crear un balance entre las tres ramas del gobierno federal, de modo que ninguna de ellas pudiese adquirir una preminencia sobre las demás.

Puede decirse, entonces, que la constitución creaba lo que podríamos llamar una república liberal, aunque en ese tiempo no estuviese aun claramente delimitado el concepto de liberalismo, ni existiesen grupos o partidos con el nombre de tal. Afirmamos esto por varias razones de peso: porque se dejaba al individuo libre para proseguir sus propios fines sin interferencia del gobierno y, además, se añadía en las primeras enmiendas un listado claro y preciso de sus derechos fundamentales; porque no se reconocía ningún privilegio ni se dividía a la población en castas o estamentos;[6] porque se abolían las aduanas entre los estados y se creaba un gobierno limitado, con responsabilidades precisas, y un sistema balanceado de división del poder.

En el mismo año en que se promulgaba la constitución estadounidense estallaría en Francia una profunda revolución. Pero la Revolución Francesa de 1789 no seguiría el mismo derrotero que la empresa independentista norteamericana, pues pronto derivaría en terror y violencia. Inspirados también en ideas iluministas y en el ejemplo que la monarquía parlamentaria británica ofrecía muy cerca de su tierra, los franceses intentaron primero crear una monarquía constitucional, en la que se limitaran estrictamente los poderes del rey y se abandonara el absolutismo. Pero el sistema nunca llegó a funcionar realmente y, en muy corto tiempo, ya en 1793, la asamblea creada decretó la ejecución del rey Luis XVI y se proclamó la república. Pronto esta se tiñó de sangre: un cuerpo colegiado asumió de hecho poderes absoluto y un grupo decidido, que lo controlaba, decidió recurrir al Terror –como ellos lo llamaban– para defender la patria, la libertad y la república. Este brutal experimento tampoco duró mucho, y Francia se convirtió en 1804 en un imperio, gobernado sin contrapesos por Napoleón Bonaparte (1769-1821), quien emprendió sucesivas guerras para tratar de obtener la hegemonía mundial.

¿Qué había fallado en Francia? ¿Por qué la revolución no había logrado crear un gobierno estable, guiado por los principios liberales y que no fuese tiránico? El problema de los franceses era que nunca habían tenido un conjunto de instituciones que pudieses canalizar adecuadamente la expresión de la soberanía popular. A diferencia de las colonias norteamericanas les faltaba una sólida experiencia en el manejo de las asambleas, una estructura de normas que pudiesen limitar el poder del nuevo soberano. Porque al quitar al rey la soberanía, y abolir así de un tajo la raíz del absolutismo, los franceses pasaron la soberanía, como no podía ser de otro modo, a ese sujeto colectivo y de algún modo informe que constituía la nación. Pero la nación no tenía cortapisa alguna para ejercer su poder, pues ¿quién, con qué derecho, podía oponerse o limitar su voluntad? De allí que, de sus nuevos órganos de gobierno –la Convención, la Asamblea– emergiera en cosa de pocos meses un nuevo poder absoluto: el de la minoría que de hecho las controlaba, el de las pocas personas que controlaban esa minoría y, finalmente, la del Incorruptible, Maximiliano Robespierre, quien llegó a detentar, durante un breve período, un dominio más absoluto que el de ninguno de los pasados reyes de Francia.

La Constitución de Cádiz y los fundamentos de la libertad

Para entender el modo en que el liberalismo se inició y desarrolló en Hispanoamérica es preciso entender el modo en que estas ideas y los sucesos narrados afectaron primero, directamente, a España, la que era nuestra metrópoli imperial, para repercutir luego de modo decisivo en nuestro continente.

No había en la península ibérica durante el reinado de Carlos IV lo que pudiese llamarse un movimiento liberal, aunque si se extendía un descontento contra el débil rey, la reina consorte y el favorito, Godoy, a quien se suponía amante de la reina. Esto no quiere decir que no hubiese ya un fermento de ideas que pudiera proyectarse, de algún modo, hacia el pensamiento liberal. El Iluminismo había dado algunos frutos entre los intelectuales, que aspiraban a la modernización del reino; y los sucesos de Francia, aunque terroríficos, habían hecho mucho por destruir las ideas y los sentimientos favorables al absolutismo de estos otros Borbones, los españoles.

Pero los sucesos que desencadenaron el primer movimiento propiamente liberal se iniciaron a partir de dos hechos políticos de importancia: la rebelión de Fernando VII (1784-1833), hijo de Carlos, contra su padre, y las tendencias expansionistas de Francia que, guiada por Napoleón, trataba a comienzos del siglo XIX de conquistar toda Europa. El Corso, como se lo llamaba, deseando atacar a Portugal –aliado a su enemigo principal, Inglaterra– concibió una jugada audaz: reunió a padre e hijo, los hizo abdicar del trono español y puso en su lugar a su hermano, José Bonaparte (1768-1844), mientras invadía España con un poderoso ejército. Pocos reconocieron la legitimidad del nuevo rey, obviamente impuesto por la fuerza de las armas, por lo que el país se vio pronto sumido en una situación de anarquía. Por doquier surgieron juntas locales que asumían el gobierno de los asuntos públicos ante lo que se concebía como un reino acéfalo, mientras el ejército español enfrentaba sin éxito duradero a las tropas francesas y emergían grupos guerrilleros que las acosaban.

Las juntas regionales se organizaron en una Junta Central y, luego, en un Consejo de Regencia pero, ante el avance francés y la poca representatividad de estos órganos, se llamó a Cortes Generales, una institución que equivalía a un parlamento y tenía algunas similitudes con los Estados General que, en Francia, habían iniciado su larga y sangrienta revolución. Las cortes finalmente se reunieron en Cádiz, en el extremo sur de la península, pues en el resto del país dominaban –aunque siempre precariamente– los soldados napoleónicos. Una paradoja política existía en los fundamentos de su accionar pues, si bien las cortes en ese momento eran las únicas depositarias de la soberanía del reino y gozaban por lo tanto de un poder sin restricciones, su dominio efectivo del territorio era prácticamente nulo, limitado solo a esa ciudad portuaria del extremo sur de España.

Las cortes se abocaron a redactar una constitución y muy lejos de su accionar estuvieron los excesos de la famosa Convención francesa. Lo que cabe destacar, en este libro, es que los principios que las guiaron fueron sólidamente liberales, aunque los diputados pudiesen agruparse en tres tendencias principales: a) la de quienes predominaron en la redacción de los documentos y decretos principales, de orientación francamente liberal; b) la de los conservadores que querían preservar en lo posible el orden absolutista anterior, aunque aceptasen en principio la redacción de una constitución y c) la de quienes se oponían al absolutismo pero no desde un punto de vista liberal y moderno, sino tratando de regresar a las formas políticas anteriores al siglo XVI, cuando había monarquías electivas, cortes que se reunían con frecuencia y podían ejercer bastante poder y derechos que garantizaban la libertad de los súbditos ante los abusos de los monarcas.

Para entender en qué consistía el liberalismo español en esta época analizaremos brevemente un documento fundamental, el Discurso Preliminar que antecede a la constitución promulgada en 1812, aprobado por las cortes en el mes de diciembre anterior y donde pueden encontrarse no solo los principios y propuestas fundamentales del liberalismo naciente, sino la génesis del propio término. El Discurso –redactado por Agustín de Argüellesse– propone explicar los principios sobre los que se está elaborando la constitución y comienza remitiendo a las leyes y fueros vigentes en los reinos españoles antes de 1520 cuando, como dijimos, las monarquías de la península eran electivas o, al menos, sujetas al control de las cortes de cada reino. Se opone al absolutismo y propone la creación de una “monarquía moderada”, afirmando claramente[7]: “La experiencia de todos los siglos ha demostrado hasta la evidencia que no puede haber libertad ni seguridad, y por lo mismo justicia ni prosperidad en un estado en donde el exercicio de toda autoridad esté reunido en una sola mano”. Establece para eso una división de poderes según el patrón seguido por la constitución de los Estados Unidos y propuesto por Montesquieu, dando independencia a lo que llamamos el poder judicial y reservando al rey, con algunas limitaciones, el ejercicio del ejecutivo; las cortes ejercerían entonces el papel de crear las leyes y vigilar las acciones de los demás poderes.

Se afirma, además, que la constitución ha de inspirarse en “las ideas de verdadera libertad política y civil” y que estas solo pueden llevarse a la práctica en un estado en que reinen las leyes, a las que todos sin excepción deben someterse, anotando claramente “las obligaciones recíprocas entre todos de guardar las leyes”, incluyendo al propio rey. “La ley ha de ser una para todos; y en su aplicación no ha de haber acepción [favoritismo] de personas”, se afirma, estableciendo así dos principios básicos del liberalismo de todos los tiempos: lo que hoy suele llamarse “estado de derecho” y la igualdad de condiciones de todas las personas, sujetas por igual al imperio de la ley. Se defienden también en sus páginas otras propuestas definidamente liberales: el derecho de propiedad y la libertad de imprenta. Y parece escucharse un eco de las afirmaciones de Adam Smith cuando, en las páginas finales, se señala: “…y dexar en libertad á los individuos de la Nación, para que el interes personal sea en todos y en cada uno de ellos el agente que dirija sus esfuerzos hácia su bien estar y adelantamiento.”

En reiteradas ocasiones este extraordinario documento menciona la palabra libertad, los principios liberales y la liberalidad. No lo hace, es cierto, como señalando la adscripción a una cierta filosofía política sino más bien usando el término en su sentido tradicional: ser liberal es ser generoso, abierto, desprendido, tolerante. Por eso sostiene, por ejemplo, que “la administración de justicia, [debe estar] fundada en los filosóficos y liberales principios…”, y se concluye afirmando que el propósito de la constitución es “…acelerar el suspirado momento de restituirle al trono de sus mayores [a Fernando VII], que reposa magestuosamente sobre las sólidas bases de una Constitucion liberal.”

Es decir, el liberalismo, como corriente de pensamiento, surge de esa liberalidad, de ese modo abierto y no mezquino de concebir el funcionamiento de la política, de esos principios que aseguran la convivencia y la seguridad de todos a través de algunas propuestas básicas en el plano de la política y de la economía: división de los poderes del estado, sujeción de todos ante la ley sin privilegios ni favoritismos, respeto irrestricto a la propiedad privada, libertad de prensa y libertad para proseguir sin trabas ni interferencias los legítimos fines privados. Más allá de estas ideas matrices existen fundamentos filosóficos que bien vale destacar en este primer capítulo de nuestro libro: la idea de soberanía popular, que niega que algunos individuos tengan derecho a dominar a los otros y se opone tanto al despotismo como a la esclavitud, ya esbozada en varios pensadores de la Edad Media y, por supuesto, en el iluminismo; la convicción de que el ser humano no es sujeto pasivo de las decisiones de los dioses ni está sometido a un determinismo que le impone sus conducta y sus decisiones, idea que ya sostuvieron algunos filósofos de la antigüedad, que es propia de la esencia del cristianismo y floreció durante el Renacimiento; el principio que el derecho a la libertad, la vida y la propiedad no es exclusivo de algunas personas sino que debe abarcar a todos los hombres sin excepción, sin distingos de castas, razas o grupo étnico.

Estos principios, tan bien destacados por Argüelles en este Discurso Preliminar, resumen y hace explícitas las ideas que iban desarrollándose en todo el ámbito de la monarquía española en esos primeros años del siglo XIX: en todo un extenso territorio que incluía no solo la España peninsular sino el vasto conjunto de lo que se llamaban las Indias y al que hoy damos el nombre de Hispanoamérica.

Capítulo 2

La independencia y la libertad

América y los sucesos de España

Al igual que en la península, no había en América durante el reinado de Carlos IV un movimiento político que pudiese llamarse liberal. Ni había, a pesar de las muchas exageraciones que se dicen al respecto, un fermento nacionalista, una percepción de que se era miembro de una nación, o de unas naciones, diferentes a la española. La minoría ilustrada, en esa sociedad tan firmemente dividida en estamentos impermeables, se había empapado de las ideas del iluminismo y resentía la exclusión en la toma de decisiones políticas y las restricciones que se imponían al comercio. Pero no iba más allá.

Desde las últimas décadas del siglo XVIII florecieron en varias ciudades de la colonia grupos de estudio, sociedades de amigos del país y otras asociaciones privadas que intentaron modernizar -mediante diversas mejoras técnicas y la difusión de la instrucción-sociedades que se percibían como estancadas y atrasadas. Fue durante los primeros años del siglo siguiente cuando aparecieron algunos intentos de independizar estas regiones, aunque fueron escasos y de poca relevancia efectiva.

Muy por el contrario hay ejemplos, como el de Buenos Aires, en que los criollos mostraron su fidelidad a una monarquía con la que, sin embargo, estaban ya descontentos: Inglaterra intentó invadir la ciudad en dos oportunidades, en 1806 y 1807, pero fracasó ante la resistencia de los criollos, que armaron regimientos con la población local, incluyendo a pardos y mestizos. De ningún modo los porteños querían cambiar su estatus de dependencia con España por otro semejante con Inglaterra.

Esta aquiescencia general con el dominio español desapareció súbitamente, sin embargo, cuando Napoleón invadió la península y, sobre todo, cuando España dejó de tener un gobierno que pudiera recibir el nombre de tal: con un rey encarcelado en el extranjero y unas juntas que cada vez controlaban menos territorio los españoles americanos –como casi siempre se los llama– se encontraron en la curiosa situación de que el poder político caía sin esfuerzo prácticamente en sus manos. Varias juntas de gobierno, en ciudades tan distantes como México, Buenos Aires, Caracas o Santiago de Chile -para mencionar solo algunas se hicieron cargo de dar la ineludible respuesta a las apremiantes circunstancias. Las juntas asumían el poder en nombre de Fernando VII, mientras el rey seguía prisionero, aunque algunos de sus miembros tenían ya ideas bastante más radicales sobre lo que debía hacerse en caso de que el rey jamás regresara.

Lo que anhelaban los criollos, lo que manifestaron abiertamente los delegados que enviaron a las cortes de Cádiz y veladamente en propuestas y escritos anteriores, no era al comienzo la independencia sino un grado mucho mayor de autonomía y la puesta en práctica de leyes que permitieran un comercio libre de modo efectivo. Querían la posibilidad de estar representados en las cortes en igualdad de condiciones con los súbditos de la España peninsular y participar, de un modo directo, en el gobierno de sus regiones. Necesitaban comerciar entre sí y con el extranjero para impulsar las débiles y subordinadas economías locales.

Las reacciones en estos inmensos territorios, sin embargo, no fueron uniformes. En varias de las dependencias ibéricas no hubo mayores movimientos, como en el virreinato del Perú o en el de Nueva España (México): en este, después de un intento frustrado de los criollos por establecer una junta autónoma, se produjo, sin embargo, el alzamiento del cura Hidalgo (1753-1811), que pronto se pronunció por la independencia; en Cuba y en la Capitanía General de Guatemala, que abarcaba un territorio algo diferente de lo que hoy es Centroamérica, se mantuvo el orden monárquico, aunque se enviaron delegados a las cortes.

Pero en muchos otros sitios los ánimos pronto se radicalizaron: en Caracas, Santiago de Chile, Asunción del Paraguay y Buenos Aires las juntas pronto se inclinaron a favor de la independencia, mientras en regiones interiores de esos mismos virreinatos –los de Nueva Granada y el Río de la Plata– se dividían acusadamente los ánimos. Algunos defendían al viejo orden y no aceptaban que fuese alterado en lo más mínimo, otros –aunque fueran favorables a ciertos cambios– creían que no era el momento para tomar decisiones radicales y que convenía más bien esperar a ver la evolución de los sucesos de Europa, mientras una minoría creía que había llegado el momento de hacer cambios profundos en unas sociedades que, a su juicio, debía despertar de su letargo e iniciar la senda del progreso. ¿Podían algunas de estas personas –letrados, comerciantes, hacendados y hasta sacerdotes– considerarse ya como liberales? ¿Cuáles eran sus propuestas principales? ¿Tenían ellas, en esos años, alguna posibilidad de éxito? Debemos detenernos en esta primera etapa del amplio movimiento de la independencia para comprender algo mejor la evolución del liberalismo en nuestras tierras.

Los primeros liberales

Puede decirse que ya entre 1810 y 1814 muchos de los intelectuales americanos habían aceptado de buena gana los postulados liberales de la constitución de Cádiz que reseñamos al final del capítulo anterior, y que estaban dispuestos a aplicarlos en sus tierras si las circunstancias lo permitían. Dicha constitución, sin embargo, fue derogada por Fernando VII a su regreso a España, con lo que implantó otra vez, a partir de 1814, ese mismo absolutismo del que las Cortes se habían distanciado tan claramente. Estos cambios, sin duda drásticos, que ocurrían en la metrópoli, significaron que los líderes americanos tuvieron que tomar decisiones políticas de importancia con suma frecuencia, que se vieron absorbidos por los sucesos políticos que, en no pocas ocasiones, se transformaron en militares y que no hubo tiempo, ni el ambiente apropiado, para un debate profundo en torno a los tiempos que se vivían. Se ha dicho por eso, con razón: “La Francia había empezado por el pensamiento para concluir con los hechos. Nosotros hemos seguido el camino inverso: hemos principiado por el fin.”[8] A lo que alude Alberdi aquí, escribiendo un cuarto de siglo más tarde, es que para los americanos los acontecimientos se precipitaron desde fuera, obligándolos a asumir ideas no suficientemente sedimentadas ni discutidas, que aplicaron dentro de un entorno cambiante y sin duda muy exigente.

Por eso nuestra historia deberá tomar en cuenta constantemente el devenir de los sucesos políticos y militares, porque su contexto es indispensable para comprender y evaluar las posiciones asumidas en cada uno de los muy diversos casos que se presentaron en la época. Tomemos, como ejemplo, la vida de Manuel Belgrano (1770-1820), que tuvo que adaptarse a las urgencias de la situación política y los reclamos de la hora teniendo que dejar de lado el desarrollo de su vocación de intelectual.

Belgrano, un joven de una familia acomodada de Buenos Aires, partió a Europa a realizar estudios que lo llevaron a familiarizarse con la obra del español Jovellanos y del escocés Adam Smith. Ya hemos comentado las ideas de Smith y su importancia para el liberalismo. Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811), por su parte, trató de conciliar lo que sería luego el liberalismo con lo que llamó “la constitución histórica de España” -su larga lucha por la libertad desde la Edad Media, sus fueros y cartas políticas de tal modo que el estado se encargase de proteger al individuo, pero sin tutelarlo, y que se respetase a plenitud su vida y su actividad privada. Fue uno de los artífices de la ya comentada constitución de Cádiz.

Con este bagaje intelectual, a su regreso a Buenos Aires Manuel Belgrano emprendió una tarea de difusión de las ideas adquiridas, aunque con la necesaria prudencia, pues en 1794 estaba aún lejos el momento de la ruptura fundamental con el imperio. Abogó por la libertad de comercio, la educación –sobre todo técnica y profesional– y la creación de una economía basada en la producción agrícola y la incipiente industria. Participó activamente en la Primera Junta de gobierno de Buenos Aires que, si bien no proclamó la independencia, actuó desde mayo de 1810 como un gobierno de hecho autónomo. Pero de allí en adelante Belgrano vio absorbidas sus energías en las diversas campañas militares en las que tuvo que participar: dirigió el improvisado ejército que marchó hacia el Paraguay, conviniendo con los representantes de este país en proclamar su independencia, en este caso tanto de España como de la misma Buenos Aires. Fue dos veces comandante del ejército del norte, obteniendo triunfos y derrotas en sus enfrentamientos con las tropas realistas provenientes del virreinato del Perú y, en fin, no tuvo materialmente tiempo para desarrollar una obra teórica ni escritos políticos que pudiesen mostrar más claramente sus pensamientos. Su posición política, como la de muchos otros en los primeros años del siglo, fue favorable a la de una monarquía constitucional que permitiese desplegar y poner en práctica los ideales del liberalismo.

Para los hispanoamericanos de generaciones posteriores, que no han vivido bajo monarquías desde hace dos siglos, sorprende a veces esta reticencia en asumir la república como forma de gobierno y los muchos intentos que se hicieron para encontrar fórmulas que legitimasen alguna nueva forma de monarquía: desde el Imperio que trató de crear Iturbide en México, hasta las ideas de Belgrano, San Martín y muchos otros próceres de la independencia. Pero en el contexto de la época la monarquía constitucional era la solución que, en principio, mejor se adaptaba a las condiciones existentes en ese momento. Dos ejemplos de repúblicas tenían ante la vista esos primeros liberales americanos: el de los exitosos Estados Unidos de Norteamérica donde la sociedad política funcionaba sin mayores fricciones y el de la primera república francesa, que había degenerado rápidamente en una tiranía que apelaba al terror con el pretexto de imponer la libertad. En el norte la república había superado la prueba de fuego de la presidencia de George Washington, quien había abandonado el poder voluntariamente después de ocho años en el mando, aunque entre 1812 y 1814 sostenía una guerra contra Inglaterra que por momentos parecía poner en riesgo su misma existencia. Ese era el ejemplo a seguir, naturalmente, aunque ya desde el primer momento se había entendido que una condición para que prosperase una república capaz de respetar las libertades ciudadanas era la solidez y legitimidad de sus instituciones, que provenía de una larga práctica muy cercana al autogobierno. ¿Podía copiarse este modelo ideal en nuestras tierras, acostumbradas al absolutismo, con una población dividida en estamentos, sin práctica alguna en el ejercicio de la libertad política? ¿No sería mucho más probable, pensaban casi todos, que las nuevas instituciones, débiles por naturaleza, se quebrasen ante el primer ambicioso que tratase de imponer una tiranía en su propio provecho? El ejemplo de los jacobinos franceses estaba demasiado próximo como para que pudiese olvidarse este peligro.

Por eso, y siguiendo el ejemplo de Cádiz, se intentó en estos primeros años del siglo XIX crear algún tipo de monarquía que nos diese estabilidad política y permitiese a la vez el goce de las libertades públicas y privadas. Pero esta solución, muy pronto, se mostró irrealizable: no solo por la insistencia absolutista de Fernando VII sino porque las casas reales europeas habían seguido su mismo ejemplo, rechazando toda transformación del antiguo sistema. La llamada Santa Alianza, no fue exactamente un pacto formal sino la expresión de un período de reacción ante el pasado revolucionario, lo que implicaba desde luego que no había posibilidad alguna de que algún príncipe asumiese como cabeza de una monarquía constitucional en tierras lejanas. Pero además, por otra parte, aun cuando hubiese habido algún monarca dispuesto a emprender la aventura, cabe preguntarse qué legitimidad hubiesen tenido una casa real nueva, sin tradición en estas tierras, rodeada de una aristocracia sin raíces locales en medio de la incertidumbre de las situaciones que se vivían. El proyecto, por lo tanto, resultaba en definitiva muy poco viable.

Puede afirmarse, sin embargo, que ya a comienzos del siglo XIX existían en Hispanoamérica intelectuales y líderes que sustentaban ideas y principios liberales. Algunos de ellos, como el mencionado Belgrano o el bogotano Antonio Nariño (1765-1823), se vieron envueltos en las luchas políticas y militares del momento y no pudieron desarrollar ni dejar mayor constancia escrita de sus pensamientos; otros, como por ejemplo el sacerdote Francisco García Peláez (1785-1867), quien llegó a ser arzobispo de Guatemala, abrazaron las ideas liberales que provenían de la obra de Adam Smith y las difundieron a través de la cátedra universitaria o de la prensa. García Peláez sostuvo posiciones favorables al librecambio desde 1814 –el mismo año del retorno de Fernando VII al poder– en una cátedra de economía que se había creado poco antes y desde la que sostuvo posiciones opuestas al mercantilismo dominante en la colonia, pero no asumió, por cierto, ninguna figuración política de significación. Otros fueron los hombres que se hicieron cargo de esta tarea.

Revolucionarios y moderados

Tres otras importantes figuras de la época nos servirán para ilustrar otro de los dilemas propios de aquella hora. Nos referimos al de los métodos de lucha, a las formas de avanzar ya sea hacia la independencia o hacia otros objetivos deseados.

El primero de ellos es Mariano Moreno (1778-1811), nacido en Buenos Aires, quien en su corta vida desempeñó un papel de suma importancia durante los sucesos de 1810. Moreno estudió con ahínco a los enciclopedistas franceses –representantes del Iluminismo– y la obra de Jean-Jacques Rousseau, quien recusaba también el absolutismo, aunque con ideas que se apartaban del núcleo del pensamiento liberal. Poco antes de la creación de la Primera Junta en Buenos Aires Moreno, en un conocido escrito –la Representación de los Hacendados– y muy probablemente influido por las ideas de Belgrano, defendió la libertad de comercio y criticó también las políticas mercantilistas en boga. Asumió luego un papel importante en dicha junta, como su secretario, y propugnó una política decidida en favor de la independencia. Desde la junta realizó una febril obra de gobierno, abriendo puertos, eliminando restricciones a la minería y el comercio, tratando también de reducir la posición económica privilegiada que entonces tenía la iglesia. Mariano Moreno se mostró implacable contra quienes se oponían al poder de la nueva junta, imponiendo la pena de muerte para quienes se sublevaron contra su poder. En conflicto con el presidente de la junta, Cornelio Saavedra, Moreno solicitó ser enviado al exterior en misión diplomática; falleció cuando la nave que lo transportaba naufragó en 1811.

La figura de Moreno, conflictiva en su momento, no ha dejado de despertar polémicas en los dos siglos que han transcurrido desde su muerte: ¿era el joven abogado un verdadero liberal que apelaba a recursos revolucionarios para cambiar la sociedad? Puede decirse que sí, al menos en el sentido de que sus propuestas se oponían a las prohibiciones y limitaciones de la política económica dominante y al absolutismo de los borbones. Pero en cambio su uso de la fuerza pública, su aparente renuencia a todo tipo de conciliación y su preferencia por el centralismo nos recuerdan a los más exaltados actores de la Revolución Francesa, los jacobinos, quienes no vacilaron en implantar el terror para imponer sus ideas. Es verdad que Moreno nunca llegó a estos extremos, pero en todo caso es importante distinguir entre el pensamiento más o menos liberal de los independentistas y el celo o los métodos con que cada uno decidió llevarlo a la práctica.

Es verdad que el liberalismo en estas primeras décadas del siglo XIX era una forma de pensar revolucionaria, al menos en el sentido de que se oponía radicalmente al orden establecido y propugnaba modelos políticos en los que un gobierno limitado garantizase ante todo la libertad de las personas. Pero estas ideas fundamentales podían llevarse a la práctica de diversos modos: con la muy poco liberal imposición que exhibiera Mariano Moreno o, en el extremo opuesto, adoptando una actitud de extrema cautela, como la que mostrara en toda esa década el centroamericano José Cecilio del Valle (1780-1834), nacido en Honduras pero de muy activa participación política en la Capitanía General de Guatemala. Aunque el sabio Valle –como se lo llamaba– fuese un decidido partidario de introducir cambios profundos en las colonias americanas, su posición política fue la de colaborar con las autoridades peninsulares asumiendo altos cargos en la administración aún después del retorno del absolutismo en 1814. Valle pensaba que la independencia era un objetivo deseable, inevitable a la larga, pero no creía llegado el momento de proclamarla: temía que pudiesen producirse enfrentamientos armados –como en la Nueva Granada o el Río de la Plata– y sostenía que era mejor adoptar una actitud de prudencia ante los confusos acontecimientos del presente. Llegado el momento, sin embargo, redactó él mismo el acta de la independencia en 1821 y estuvo dos veces a punto de ser presidente de la recién creada República Federal del Centro de América.

Valle era un moderado, Moreno un exaltado, pero más allá de estas discrepancias en materia de estrategia y de sensibilidad política, es fácil encontrar en ambos un deseo de independencia y de cambios profundos para las tierras en que vivían. El tercer caso que hemos de considerar, el del más conocido Simón Bolívar (1783-1830), nos permitirá entender mejor la complejidad de la situación política de aquellos tiempos.

El caraqueño Bolívar se definió desde muy joven, durante su estancia en Europa, a favor de la completa independencia de Hispanoamérica. Participó a su regreso, en 1810, en el movimiento que creó la junta que se formó en Caracas para “conservar los derechos” de Fernando VII al trono español frente a las pretensiones napoleónicas, pero sin abrigar ningún deseo de que en su tierra –entonces parte del virreinato de la Nueva Granada– continuase bajo el dominio peninsular. Proclamada la independencia al año siguiente Simón Bolívar abrazó con entusiasmo esa causa, pero se opuso a la constitución republicana que se proclamó poco después, pues estimaba que era una simple copia de la que tenían los Estados Unidos y, por lo tanto, inapropiada para aplicarse en la nueva república.

¿Por qué lo hizo? ¿Cuál era entonces su pensamiento político? Para entenderlo es preciso repasar uno de sus escritos, el “Manifiesto de Cartagena”, que el joven Bolívar escribió ya exiliado en esa ciudad después del colapso de esa primera república venezolana. En ese documento se exponen las que son, a juicio del autor, las causas de la caída de la república proclamada en 1811. Así, por ejemplo, critica la clemencia y la falta de resolución que achaca a los “gobiernos liberales”. En ese sentido apunta: “Fundando la Junta su política en los principios de humanidad mal entendida que no autorizan a ningún gobierno, para hacer por la fuerza, libres a los pueblos estúpidos que desconocen el valor de sus derechos.” Resulta claro que, al igual que Mariano Moreno, Bolívar era partidario entonces de la acción militar directa para someter a quienes no aceptaban al nuevo gobierno independiente.

Hombre de extrema lucidez, el caraqueño comprende también que otros son los errores cometidos que llevaron al fracaso, pues agrega:

“La disipación de las rentas públicas en objetos frívolos, y perjudiciales; y particularmente en sueldos de infinidad de oficinistas, secretarios, jueces, magistrados, legisladores provinciales y federales, dio un golpe mortal a la República, porque le obligó a recurrir al peligroso expediente de establecer el papel moneda, sin otra garantía, que la fuerza y las rentas imaginarias de la Confederación. Esta nueva moneda pareció a los ojos de los más, una violación manifiesta del derecho de propiedad, porque se conceptuaban despojados de objetos de intrínseco valor, en cambio de otros cuyo precio era incierto y aun ideal. El papel moneda remató el descontento de los estólidos pueblos internos, que llamaron al Comandante de las tropas españolas, para que viniese a librarlos de una moneda que veían con más horror que la servidumbre.”

En esos párrafos Bolívar muestra una impaciencia, muy propia de los extremistas franceses llamados jacobinos, muy revolucionaria, contra quienes no aceptan los trascendentales cambios ocurridos. Defiende el derecho de propiedad, es cierto, pero políticamente se muestra alejado de cualquier actitud liberal, del federalismo y de repúblicas débiles que solo pueden llevar a la derrota frente al enemigo. Años más adelante, en la Carta de Jamaica, pero sobre todo en las constituciones que propuso para lo que hoy son Colombia, Bolivia y Perú, Bolívar defenderá un sistema que, en cambio, es muy poco revolucionario y se acerca mucho a una copia del modelo inglés bajo ropaje republicano. En efecto, su propuesta constitucional –que siempre fue rechazada– consistía en crear un ejecutivo con un presidente vitalicio y con derecho a elegir sucesor, al que contrapesaba un legislativo conformado por dos cámaras: la del senado, con puestos hereditarios, y la de diputados, elegida por voto popular (aunque con restricciones).

Bolívar propuso este modelo porque pensaba que una república democrática era inaplicable en nuestras tierras, pues faltaban aquí las virtudes ciudadanas y las tradiciones republicanas necesarias para poder implementarla con éxito. En esto coincidía, como en parte ya hemos visto, con la mayoría de los intelectuales latinoamericanos, conscientes que tres siglos de imposición colonial y una sociedad dividida en castas cerradas no podía adaptarse, de un día para otro, a la madurez que requerían las instituciones que se habían creado en América del Norte. Estas visibles limitaciones llevaron a Bolívar a pensar que el liberalismo era inaplicable en estas sociedades y a proponer, en una primera época, salidas de fuerza de tipo revolucionario. Andando el tiempo se fue convenciendo de que una salida puramente militar resultaba insuficiente y que debía crearse un marco institucional en las nuevas repúblicas que garantizase el orden y la paz; se inclinó, por lo tanto, hacia soluciones de tipo más conservador, como las que hemos delineado en el párrafo precedente.

La emergencia de lo que llamamos el caudillismo les daría la razón, a Bolívar y a muchos otros hombres públicos de la época, en cuanto a su evaluación de las sociedades en que vivían, pues en vez de un orden institucional legitimado y estable casi todos los países –en las siguientes décadas– se vieron gobernados por hombres fuertes, caudillos que pasaban por encima de la formal división de poderes establecida en las constituciones y gobernaban como autócratas todopoderosos ante la ausencia de fuerzas sociales y políticas capaces de controlarlos.

Los debates pendientes

Notará el lector que en las páginas precedentes no hemos prestado demasiada atención a la definición de lo que llamamos liberalismo, pues nos ocupamos ante todo de las respuestas que, ante el complejo curso de los acontecimientos, dieron diferentes intelectuales y estadistas a la situación en que se encontraban sus naciones. Hemos llegado al punto, sin embargo, en que se hace necesario recapitular sobre lo expuesto para entender mejor lo sucedido en estos turbulentos años y disipar en lo posible las inevitables confusiones que suelen rodear estos temas.

¿Qué hacía de alguien un liberal? ¿Qué principios, qué ideas, que propuestas y acciones? Lo primero que hay que apuntar, al respecto, es que ante los sucesivos cambios de la situación política se experimentaron también cambios frecuentes en las medidas y las acciones que se proponían. Veamos la situación desde lo que pudiéramos llamar sus propios comienzos.

La monarquía inglesa, luego de 1688, y la república de los Estados Unidos, un siglo después, se organizaron, sin duda, sobre lo que podríamos llamar principios liberales. Si bien el término en su significado político no se había acuñado en esos tiempos, nos parece claro que existen razones de validez para realizar esta afirmación: un gobierno liberal sería, ante todo, aquel en que se respetasen los derechos individuales a la vida, la libertad, la propiedad y la búsqueda de la felicidad de los ciudadanos sin interferencia de la autoridad política, en el que esta autoridad estuviese delimitada y restringida a ciertas esferas de actividad y la persona individual pudiese hacer valer sus derechos frente a ella. Desde este punto de vista es poco relevante que se trate de una monarquía constitucional como la inglesa o de una república democrática como los Estados Unidos, siempre y cuando –por diversos mecanismos concretos– se proteja la libertad de los ciudadanos mediante la ley y se controlen, también, por la vía jurídica los posibles abusos del poder.

Hasta la primera década del siglo XIX no se usaba la palabra liberal en un sentido político, como ya lo hemos expresado, aunque los principios mencionados más arriba estaban ya bien definidos en autores como los mencionados Spinoza y Locke y en buena parte de quienes consideramos iluministas. A partir de la reunión de las cortes de Cádiz comenzó a difundirse este nuevo término, un verdadero acierto, a nuestro juicio, porque fue capaz de representar en una sola palabra una amplia gama de ideas relacionadas entre sí y las posiciones básicas de muchos intelectuales y políticos.

Para los liberales hispanoamericanos, al comenzar la segunda década del siglo XIX, el liberalismo representaba esencialmente tres cosas: la primera, la tajante oposición al absolutismo monárquico imperante en España y otros reinos; la segunda, la idea de que todos los hombres deben ser iguales ante la ley, la idea de una igualdad de condiciones que contrastaba y se oponía a la fragmentación de la sociedad entre nobles y plebeyos y a los innumerables fueros y privilegios que subsistían desde el mundo medioeval; y, por último, una vocación hacia el libre comercio, expresión de la actividad libre de las personas, creador de riquezas y ámbito que debía permanecer alejado de las decisiones arbitrarias del poder político.

Los hombres que, en nuestro continente, se lanzaron entonces a la vida política, eran en su gran mayoría liberales en este sentido amplio del término: es verdad que sostenían con mayor o menor vigor alguno de los principios mencionados y que, según los casos, adoptaban posiciones políticas concretas bastante divergentes, pero fueron muy pocos quienes –entre los criollos de las Indias– favorecieron el absolutismo borbónico, sobre todo después del retorno de Fernando VII al trono y, más aun, luego de la insurrección de 1820, el llamado motín de Riego, ante la que este monarca debió ceder, renunciando al poder absoluto y restableciendo la vigencia de la constitución de 1812.

Las primeras decisiones que debieron tomar los dirigentes americanos fueron relativas a dos puntos cruciales: la independencia y la forma de gobierno. La primera decisión podía enunciarse fácilmente: ¿debía avanzarse hacia la independencia de una vez por todas, como lo proponían los más radicales, o era preferible aguardar con prudencia el desenvolvimiento de los sucesos en la metrópoli? No se trataba de una cuestión de principios filosóficos sino de estrategias políticas, pues a lo largo y ancho de Hispanoamérica se presentaban circunstancias diferentes, que aconsejaban unos cursos de acción con preferencia a otros y obligaban a tener en cuenta factores concretos de no poca significación. Se podía ser liberal, entonces, pero eso no significaba asumir una ruptura inmediata con la metrópoli.

Hacia 1820, sin embargo, y con absoluta claridad en los dos o tres años siguientes, quedó en evidencia que ya la independencia era no solo posible sino en verdad inevitable: España era incapaz de sostenerse como la metrópoli de un vasto imperio, pues no tenía los recursos materiales ni la unidad de decisión como para mantener esa posición de preeminencia. Las Cortes de Madrid estaban entonces dominadas por los liberales, pero estos eran peninsulares insensibles a los reclamos de autonomía y de relativa independencia que en nuestro continente se expresaban por doquier.

El segundo elemento sobre el que los líderes americanos tuvieron que pronunciarse fue, por supuesto, el de la forma de gobierno a adoptar. Varios de ellos propusieron como modelo la monarquía constitucional: Inglaterra resultaba en esos tiempos un paradigma de libertad, avance económico y pujanza imperialista, mostrando una estabilidad realmente envidiable ante las convulsiones políticas de los demás estados. Pero el modelo de la monarquía constitucional resultó inviable, como ya dijimos, en la teoría y en los hechos. Solo México llegó, por breve tiempo, a ensayar en la práctica esta forma de gobierno, pero el sistema naufragó ante los embates de quienes no vieron legitimidad alguna en el Imperio que proclamó y encabezó Agustín de Iturbide.[9]

Descartada la idea de la monarquía, no solo la constitucional sino, obviamente, también la absoluta, quedó como única posibilidad la de construir una república. Ya Bolívar -pero no solo él, sino también el argentino José de San Martín y muchos otros próceres de la independencia comprendió en temprana hora que el sistema no se adecuaba para nada a las condiciones sociales y las tradiciones políticas de nuestra región. No había aquí la experiencia de autogobierno y de tolerancia que estaba enraizada en las colonias inglesas que formaron los Estados Unidos, ni existía previamente una sociedad abierta, sin distinciones sociales rígidas ni privilegios de casta como la que había en aquellas colonias.

La república, entonces, quedó como la única alternativa viable para organizar la vida política de las nacientes entidades políticas que se estaban conformando: a pesar del recelo y de las dudas, del temor a la democracia como forma de gobierno susceptible siempre de caer en los excesos de masas sin preparación y de líderes ambiciosos, las nuevas naciones se organizaron como repúblicas más o menos abiertas y democráticas, al menos en el sentido de que aquí, en Hispanoamérica, no podían establecerse formas aristocráticas de gobierno ni apelar a las estructuras sociales corporativas propias de la Edad Media.

De modo que, cuando culminaron los procesos que estamos mencionando, entre 1821 y 1825 según los casos, toda la América hispana era un mosaico de repúblicas independientes, a las que se pretendía dar instituciones duraderas a través de constituciones generalmente democráticas, más semejantes a la de los Estados Unidos que a la de Cádiz. Estos eran los hechos, irreversibles ya, y a partir de esta realidad es que se estructuraron las dos corrientes políticas fundamentales de la hora: liberales y conservadores.

El debate político sobre algunos puntos había concluido: no podían existir ya conservadores que anhelasen el retorno al dominio hispánico ni liberales que procurasen crear monarquías constitucionales según el paradigma inglés. Pero entonces, naturalmente, se abrió una nueva discusión –ya presente a veces desde fechas más tempranas– acerca de los temas que ahora resultaban cruciales para las nuevas repúblicas: la forma de estructurarlas, que podían ir desde un centralismo absoluto hasta las de una federación o una laxa confederación; la política económica; el tema de las poblaciones indígenas y, en primer plano, la discusión sobre la Iglesia Católica, sus prerrogativas especiales y su papel político y económico dentro de la sociedad.

Capítulo 3

Liberales y conservadores

La organización política de las nuevas repúblicas

Después de concluida favorablemente la guerra contra Inglaterra, y ya consolidadas sus independencias, las 13 colonias inglesas de la América del Norte se encontraron frente a un dilema que no podían eludir: ¿cómo organizarse políticamente para evitar el surgimiento de cualquier clase de tiranía? Y, más concretamente, ¿qué papel dar a un poder central y a los estados, como combinar estos diferentes planos institucionales para lograr una unidad que preservara su independencia sin que esta derivara en un agobiante estado que coartara las libertades ya adquiridas?

Dos posiciones se plantearon en esos años, la de los federalistas y la de quienes pretendían mantener una especie de laxa confederación, con estados prácticamente independientes entre sí. Los federalistas pensaron en una república federal –no cabía otra alternativa– pero con una constitución que estuviese estructurada de tal manera que el poder quedase efectivamente dividido en tres segmentos o ramas que tuviesen un poder limitado, al que los otros hiciesen contrapeso y pudiesen siempre controlar de algún modo. La constitución estipulaba que todos los poderes no expresamente al gobierno central restaban en los estados de la federación, o en el pueblo mismo, estableciendo así una barrera para la expansión posible del gobierno federal que se estaba creando. Quienes se oponían o dudaban de esta solución insistían en que los estados conservaban su soberanía y que a ellos correspondía decidir cuándo el poder central se apartaba o no de esta prescripción.

Había, a decir verdad, buenos argumentos de cada parte: los federalistas hablaban con razón de las posibles amenazas que Inglaterra u otras potencias europeas podían ejercer sobre un conjunto de estados casi independientes, sobre un gobierno tan débil que –aunque contase con un ejército común– quedaba casi imposibilitado de actuar. Pero otros líderes desconfiaban de la capacidad de controlar a ese gobierno y pensaban que los estados podían quedar a merced de un ejecutivo que podría ir fortaleciéndose o de un congreso poco dado a defender a las minorías. Quien esto escribe no piensa que, necesariamente, unos fuesen más partidarios de la libertad que los otros: si bien existían los riesgos mencionados mayores aún eran los que podría acarrear la inexistencia de un poder capaz de afirmarse en la escena mundial y, en todo caso, también resultaba posible que dentro de cada estado se desarrollasen prácticas opuestas a la libertad.

En Hispanoamérica, por otra parte, no había fronteras naturales que permitieran definir los límites de los nuevos estados a crearse: no parecía posible conservar, como entidades nacionales independientes, los amplios virreinatos de la época colonial, pero las restantes divisiones – capitanías, audiencias, intendencias, provincias– tampoco eran una solución natural y efectiva para la creación de los nuevos estados. Esta indefinición en el punto de partida llevó a no pocos conflictos, como los que generaron la división de entidades como la Nueva Granada (Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela), y luchas intestinas que adquirieron inusitada violencia en el área de Centroamérica y en la del Río de la Plata.

Los territorios hispánicos no habían conocido formas federales de gobierno y habían tenido escasa autonomía ante el poder central de la monarquía, y esta relativa autonomía provenía más de las fisuras y complejidades de la institucionalidad hispánica que de la propia ley: muchas entidades locales, de todo nivel, “acataban” pero no “cumplían” de hecho las directivas que provenían de España, como se decía entonces.

Ante esta realidad los nuevos dirigentes, una vez determinadas aproximadamente las fronteras de sus repúblicas, se vieron enfrascados en la tarea de definir las formas de gobierno a poner en práctica, enzarzándose a veces en inacabables luchas entre federalistas y centralistas. Las posiciones variaron ampliamente dentro del conjunto de las nuevas repúblicas y no puede decirse que los liberales asumieran de preferencia alguna solución en detrimento de otra.

Repasemos entonces, de un modo esquemático, las muy diversas posiciones que se pueden encontrar en la época. Estas fueron, a nuestro entender, las siguientes:

a) Las de quienes creían que no era posible establecer realmente gobiernos centrales, federales o no, y pensaban que había que mantener entidades separadas casi independientes y con un alto grado de autonomía, solo unidas para ciertos fines muy limitados y específicos, como la defensa exterior y las relaciones internacionales. Lo pensaron así los conservadores de las provincias del Río de la Plata y, en un contexto no tan diferente, las personas de la misma tendencia en América Central, ante los tropiezos de los gobiernos llamados liberales desde 1825 hasta 1850. Antecedentes de este tipo de unión pueden encontrarse en los Artículos de la Confederación –pacto entre las 13 colonias norteamericanas vigentes antes de que se aprobara la constitución– y, con características ya bastante diferentes, en algunas entidades medioevales como el Sacro Imperio Romano Germánico. Así estaban unidas muchas de las ciudades griegas en la antigüedad y de allí sacó la idea Simón Bolívar de llamar al congreso que convocó en Panamá como “anfictiónico” (por Anfictionía, el nombre que se dio a esa confederación). Varios otros pensadores latinoamericanos, como el ya mencionado José Cecilio del Valle, propusieron este tipo de acuerdo general entre todos los países de la región.

b) La de quienes como James Madison (1751-1836), Jefferson y otros promotores de la constitución de los Estados Unidos, pensaron que el mejor modo de crear una organización fuerte y operativa, pero que no significase un peligro para la libertad, era la creación de una república federal, que reservara amplios poderes a los gobiernos de los estados pero tuviese un ejecutivo central. Además de este ejemplo cabe mencionar el de los suizos, que desde hace siglos crearon este tipo de unión entre su cantones, al que han seguido otras repúblicas federales modernas, como la alemana, la brasilera, etc. En todos estos casos los ejecutivos del poder local (cantones, provincias o estados) son elegidos por la ciudadanía de esas divisiones locales y no nombrados por el gobierno central, normalmente llamado gobierno federal. Los liberales del Reino de Guatemala crearon sobre estas bases la República Federal de Centro América, que duró poco más de una década y han sido muchas las personas de orientación liberal que sostienen que este es la mejor forma en que la ciudadanía pueda controlar los gobiernos locales y, de allí, al gobierno de la nación.

c) La de quienes pensaron que solo podría adecuarse a las circunstancias extremas que se vivían gobiernos fuertemente centralizados, “unitarios”, como se los llamó en el sur del continente, con escasa o nula autonomía para los gobiernos locales. Los liberales argentinos proclamaron dos constituciones de este tipo, en 1819 y 1826, que tuvieron escasa viabilidad ante la oposición decidida de las provincias. Bolívar, que puede llamarse más conservador que liberal, propuso también esta forma de gobierno, que era la usual además durante las monarquías absolutistas y fue la que erigieron los franceses en su primera república, en 1793.

Para resumir, si bien el problema de la organización interior y de las fronteras exteriores consumió una inmensa cantidad de recursos y de tiempo en las primeras décadas posteriores a la independencia, no puede decirse que hubiese al respecto una posición definitivamente liberal sobre tan importantes temas: los liberales asumieron una u otra visión del problema según las circunstancias concretas que vivían y, en todo caso, favorecieron las alternativas que a su juicio, en su lugar y su momento, percibieron como capaces de preservar la libertad y la identidad misma de las nuevas repúblicas.

Las primeras reformas

Las disputas sobre el tema del federalismo, o más exactamente, del modo de organización de las nuevas repúblicas, consumieron muchas de las energías políticas de esos tiempos, llegando a producir, en ocasiones, guerras civiles de inusitada fiereza. Pero el tema, como decimos, no fue un punto clave para definir las propuestas que puedan considerarse propiamente como liberales durante la primera mitad del siglo XIX.

Varios otros puntos resultaron mucho más importantes para definir las corrientes políticas de la época que, como lo indica nuestro título, fueron básicamente dos: liberales y conservadores. En términos muy generales, que iremos afinando a lo largo de este capítulo, podríamos decir que los conservadores se preocupaban ante todo por mantener el orden social y político, en tanto los liberales querían introducir reformas que modificaran a fondo la sociedad heredada de tiempos coloniales; los conservadores temían que tales cambios crearan conflictos, inestabilidad y caos, en tanto que los liberales creían llegado el momento de llevar a sus naciones por una nueva senda, de libertad y de progreso. Pensaban que el propio ejercicio de las libertades republicanas iría creando la madurez como para que las nuevas instituciones se afirmasen y fortalecieran: la república sería la maestra que crearía y enseñaría los nuevos valores cívicos.

No podemos, por obvias razones, relatar en este libro todas y cada una de las reformas de tipo liberal que se hicieron en América Latina en las primeras décadas que siguieron a la independencia pero sí intentaremos, en cambio, por medio de algunos ejemplos, mostrar cuales eran las preocupaciones centrales del momento para quienes asumieron el mando político y trataron de impulsar cambios favorables a la libertad.

El primer caso a mencionar es el del colombiano Francisco de Paula Santander (1792-1840), quien participó activamente en la guerra de la independencia al lado de Bolívar y luego, ya distanciado de él y producido el desmembramiento de la llamada Gran Colombia en 1830, asumió la presidencia de la República de Colombia entre 1832 y 1837. Varios aspectos merecen mencionarse de la obra de gobierno de este ilustre gobernante: en primer lugar trató de equilibrar las finanzas públicas, que estaban en un estado calamitoso después de los años de combates incesantes y fragmentación política, logrando equilibrar el presupuesto, lo que en esos momentos no era pequeña hazaña. Santander fue sistemático en desmontar la estructura de privilegios heredada de la colonia –monopolios, estancos, concesiones– y en favorecer la igualdad de todos ante la ley; creó colegios, favoreció desde el estado la instrucción pública pero, por sobre todo, se mostró como un hombre legalista, de profundas convicciones cívicas a pesar de su pasado como militar. Esta convicción quedó registrada en su más conocida frase: “Colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad”. Sus constantes apelaciones a “la moderación, la tolerancia y la justicia” como modos de evitar la confrontación y el conflicto, muestran ese espíritu liberal que quedara plasmado en la constitución de Cádiz.

Si Santander era un liberal por las reformas que hizo y pasó a la historia por su apego a la ley, a lo que más tarde se llamaría el Estado de Derecho, el porteño Rivadavia, una figura muy discutida en su época y en la bibliografía posterior, debe ser señalado por las profundas reformas que alcanzó a realizar en corto tiempo. Bernardino Rivadavia nació en la ciudad de Buenos Aires en 1780 y murió exiliado en Cádiz en 1845. Participó en política desde 1810 y, cuando la Argentina se disolvió como estado durante la anarquía de 1820, Rivadavia pasó a ocupar un importante cargo como ministro de la provincia de Buenos Aires en el gobierno de Martín Rodríguez. Rivadavia abrió sin restricciones el comercio de la provincia, lo que creó un período de auge económico sin precedentes en la ciudad, aunque se afectó indirectamente de modo negativo a los pueblos del interior productores de manufacturas. Hizo aprobar la primera ley de sufragio universal, permitió la libertad de prensa, abolió las prohibiciones coloniales que había establecido la iglesia sobre ciertos libros y desarrolló una campaña en favor de la educación que lo llevó a fundar escuelas, otorgar becas a estudiantes del interior, crear museos, academias y archivos públicos y fundar la Universidad de Buenos Aires. Rivadavia también -en esos pocos años en que estuvo en la gobernación de Buenos Aires y en el escaso tiempo que ocupó luego la presidencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de 1826 a 1827llevó al país a científicos europeos de renombre para que realizaran estudios sobre su geografía y recursos, creó el registro civil, y desarrolló una campaña para colonizar los poco poblados territorios nacionales. Hizo promulgar la Ley de Enfiteusis, que trataba de reducir los latifundios mediante la prohibición de la venta de tierras públicas y afectó los cuantiosos bienes de la iglesia, el principal terrateniente de aquellos tiempos.

Rivadavia se vio obligado a renunciar y a exiliarse debido a los problemas que surgieron al firmar la paz con el Brasil, que había estado en guerra con su país durante varios años, y por la oposición de la iglesia, las fuerzas conservadoras y –sobre todo– de los caudillos de las provincias del interior: él era definidamente unitario mientras que los líderes provinciales luchaban a muerte por un orden federal y resentían la política de apertura comercial que favorecía, a través de la aduana, a la provincia de Buenos Aires.

Parecida es la trayectoria de otro liberal de esos tiempos, Mariano Gálvez, quien también tuvo que marchar al exilio luego de llevar a cabo importantes y profundas reformas. Gálvez nació en Guatemala, en alguna fecha entre 1790 y 1794, y falleció en México en 1862. Entre 1831 y 1835 -y luego entre 1836 y 1838Gálvez fue Jefe del Estado de Guatemala, uno de los cinco estados que componían en ese tiempo la República Federal de Centro de América, siendo uno de los delegados que apoyaron la independencia en 1821 y también uno de los redactores de la constitución de dicha república, en ese tiempo ya afectada por serias disensiones internas que llevaron a varios enfrentamientos militares y a la postre a su final disolución.

Como Jefe de Estado Gálvez se propuso poner en práctica una serie de profundas reformas que acabaran de desmantelar el heredado orden colonial y favorecieran la libertad en Guatemala. Para lograr la prosperidad económica impulsó el libre comercio y las mejoras que permitieran aumentar la productividad, como la selección de las semillas y la importación de maquinaria agrícola, toda una innovación en su tiempo. Del mismo modo se propuso crear la infraestructura que hiciera posible aumentar los intercambios internos y con el exterior: puertos y carreteras, fundamentalmente, estimulando de modo paralelo la colonización hacia territorios poco poblados, como el de Belice (que en parte estaba ya en manos de la Gran Bretaña), con pobladores del país y del extranjero, a los que trató de atraer con leyes favorables.

Gálvez se ocupó también de reorganizar las finanzas públicas, mejorando el sistema de recaudación y creando un impuesto básico que todos los ciudadanos debían pagar. Gravó por primera vez los bienes de la Iglesia y creó el sistema de registro civil, apartando esta función de la tutela eclesiástica y permitiendo el divorcio, una propuesta revolucionaria a comienzos del siglo XIX. Considerando a la educación como el requisito que permitiría crear ciudadanos responsables y libres fomentó la instrucción general y gratuita, que podía ser privada, y creó bibliotecas públicas. Para lograr un sistema de justicia eficaz y moderno decidió adoptar en el país el llamado Código de Livingston, creación del estadounidense Edward Livingston (1764-1836), un verdadero reformador que se adelantaba a su tiempo. El Código establecía, entre otras cosas, el juicio por jurados, una total innovación en estas tierras que apenas si llegó a aplicarse y trajo en realidad un intenso rechazo. Las fuerzas conservadoras, acaudilladas por Rafael Carrera (1814-1865), terminaron por forzar la renuncia y el exilio de Gálvez.

Una síntesis tentativa

Los tres casos que acabamos de reseñar sirven como punto de partida adecuado, nos parece, para tratar de generalizar sobre lo que podríamos llamar el programa del liberalismo en la primera mitad del siglo XIX. Partiremos recordando al lector lo que hemos apuntado en la introducción acerca de la falta de dogmatismo que resulta esencial al liberalismo: no hay un pensador que pueda considerarse como un liberal puro e incontaminado, ni un texto guía que defina los límites de lo que es, en realidad, una corriente de pensamiento basada en principios compartidos, una filosofía no solo política ni económica, sino una manera de encarar la realidad del mundo social y la vida personal. ¿Cómo definir, entonces, lo que consideramos liberal, sobre todo cuando pasamos de la teoría y entramos en el movedizo terreno de la práctica política? “Para la historia del liberalismo la mezcla del mundo de las ideas con el del poder es particularmente problemática pues, como observa Ezequiel Gallo, por tratarse, en esencia, de ´una filosofía de resistencia al poder´, el liberalismo no es un cuerpo doctrinario “para manifestarse exitosamente en el terreno político partidario.”[10] Esto significa que la gran ventaja del liberalismo sobre otras filosofías o teorías políticas, que es su capacidad de adaptación, acarrea también la consecuencia de impedir su consolidación en un cuerpo partidario bien organizado y capaz de definir una política común o una especie de ortodoxia.

Sin pretender, por eso, hacer una lista exhaustiva de los principios y valores liberales, expondremos a continuación lo que creemos puede considerarse el núcleo de esta corriente de pensamiento. Tenemos, en primer lugar, como es obvio, el valor de la libertad. Pero la libertad no es la de una entidad política frente a las otras –un país “libre”, digamos– sino la libertad del individuo, la libertad de la persona humana. Un individuo que posee una conciencia propia, una capacidad innata para actuar y decidir sobre su destino más allá de lo que la sociedad o el poder político deseen imponerle. Esta libertad se puede concebir como un derecho, el derecho a la vida, a la propiedad (que es indispensable para la vida) y a escoger el rumbo que cada quien pueda definir para orientar su vida.[11]  Aunque lo de considerar la libertad como un derecho es, en todo caso, una manera de enfocar el problema que no es compartida por todos los autores, ya que podríamos decir también que la libertad se conquista, no se otorga, y que es un valor humano por el que puede y debe lucharse aun en caso de que no existiese ningún ordenamiento jurídico.

Dos corolarios surgen de inmediato de lo anterior: el de la necesidad de normas que limiten la libertad de cada uno para que no invada la esfera de los otros, y el de las restricciones que deben rodear al poder político, para evitar que interfiera con la libertad de los individuos. Del primero de estos dos puntos surge el énfasis que ponen los liberales en lo que llamamos el imperio de la ley, la necesidad de que existan normas, adoptadas por consenso, que regulen la conducta de todos los individuos sin excepción, incluyendo por supuesto –y más que nada– a quienes ejercen el poder. Decisivo es esto último: ni el gobernante, ni los órganos ejecutivos o administrativos pueden tener más derechos que los simples ciudadanos sino que deben regirse, como todos, por normas previamente establecidas. Esta idea, la de que el gobierno no actúa ni puede actuar por encima de la ley está en el núcleo de lo que suele llamarse Estado de Derecho.

Pero para los liberales hispanoamericanos, que tuvieron ocasión de ejercer el poder, el problema resultaba especialmente complicado: no se trataba solo de desmantelar un estado absolutista, como en el caso de Europa, ni de crear un nuevo estado sobre la base de la experiencia política previa, como en los Estados Unidos, sino que había que luchar contra los remanentes del absolutismo -que no eran pocos y a la vez crear una nueva institucionalidad casi desde la nada, pues nuestras regiones no tenían prácticamente experiencia alguna en lo que fuera el autogobierno. Por eso el énfasis en crear leyes e instituciones que incluyesen a todos los habitantes, el llevar las nuevas naciones hacia un sistema de economía libre, la preocupación por educar a una población muy alejada hasta entonces de las responsabilidades políticas y la lucha por reducir el poder temporal de la iglesia que hemos encontrado en los ejemplos que expusimos.

Por eso el liberalismo de nuestros países no puede considerarse, como muchos han señalado, una simple copia de las experiencias de Francia, España, Inglaterra o los Estados Unidos. Es cierto que es fácil encontrar propuestas concretas que parecen calcadas de ciertas experiencias extranjeras, pero esas propuestas, o fracasaron, o debieron adaptarse a realidades muy diferentes: el modelo constitucional de Bolívar fue rechazado una y otra vez por asambleas en las que participaban tanto liberales como conservadores, los códigos de Livingston que trató de implementar Gálvez fueron abolidos en muy poco tiempo, la simpatía de Moreno por métodos que recordaban los de los jacobinos nunca se concretó en un terror generalizado como el de los franceses. Los liberales de esos tiempos trataron, antes que nada, de crear un orden republicano, con la necesaria división de poderes que permitieran impedir la creación de dictaduras. Elaboraron así constituciones que, más o menos inspiradas por la norteamericana, resultaban documentos valiosos, aunque nunca lograran consolidarse como marcos sólidos para crear una nueva institucionalidad.

La defensa de los valores liberales abarcó también el ámbito de la economía, pues resultaba obvio que el individuo no podía desarrollar sus aptitudes, procurar su felicidad y la de su familia y generar riqueza, mientras estuviera atado a las infinitas restricciones que estaban vigentes en el período colonial. El derecho de propiedad fue así pilar central de las políticas liberales, un derecho que implicaba no solo la posesión y disfrute de los bienes sino también la libertad para intercambiarlos, para producir y generar nuevas industrias y explotaciones rurales. El liberalismo –y en esto puede encontrarse una diferencia con los conservadores de ese tiempo– se opuso frontalmente así al mercantilismo usual en las monarquías absolutas, aboliendo monopolios y estancos, permitiendo la libertad de comerciar y tratando de crear un sistema impositivo menos desigual que el del pasado ibérico. Pero el liberalismo no fue, de ningún modo, una teoría o una propuesta solamente económica, como algunos detractores de sus ideas se han empeñado en afirmar: en vista de sus principios políticos y filosóficos es lícito decir que sus propuestas económicas no eran más que la aplicación y el corolario lógico de su manera de concebir la relación entre el individuo y la sociedad.

Pasado ya el momento de la independencia, en las décadas de los veinte y los treinta del siglo XIX, las diferencias entre los liberales y los conservadores se fueron suavizando en relación a los puntos que venimos señalando: es verdad que los primeros hicieron todo lo posible para abrir una economía cerrada, a los que los segundos no trataron de modificar de un modo drástico, y es cierto también que hubo una diferencia perceptible en la velocidad y la profundidad que unos y otros intentaron dar a las reformas, pero las diferencias no fueron tan acusadas y tan frontales como a veces se lo ha tratado de presentar: ambas corrientes compartían una misma inclinación hacia la creación de repúblicas con una sólida base institucional, tratando de consolidar estados nuevos que resultaban, por su propia naturaleza, muy endebles. Y hay que recordar también que, entre las posiciones más extremas, hubo muchos pensadores y políticos que en la época trataron de encontrar caminos intermedios, intentando que las reformas fuesen graduales para evitar rupturas conflictivas, tratando de preservar en lo posible el orden social y político, avanzando con prudencia hacia los nuevos horizontes. Estos fueron los llamados moderados que, con visión de estadistas, buscaron evitar las agudas confrontaciones que en tantos lugares llegaron a la violencia más extrema. Entre ellos debemos mencionar a José Cecilio del Valle quien, en Centroamérica, colaboró con la administración colonial hasta el momento de la independencia pero luego fue el redactor del acta con la que se ponía fin al régimen colonial.[12] Valle, sin embargo, quedó marginado al constituirse la nueva república y, aunque luego fue elegido presidente, no alcanzó a asumir el cargo porque falleció cuando se dirigía a Guatemala para hacerse cargo de esa enorme responsabilidad.

Su puesto fue asumido por Francisco Morazán (1792-1942) quien, es de lamentar, se constituyó pronto en un caudillo militar y político en medio de las incesantes luchas que asolaron dicha república.

Si estas diferencias, como acabamos de apuntar, no fueron tan radicales como para justificar las enconadas luchas que siguieron al período en que nos hemos enfocado en este capítulo, hubo otros temas, sin embargo, que despertaron caldeadas pasiones y que finalmente hicieron que gran parte del siglo XIX fuese el escenario de una pugna que ocupó el sitio central de la escena política. Las confrontaciones más duras se desarrollaron alrededor del tema de la iglesia, de su poder temporal y del tema central de la separación entre ella y el estado, aunque en varias repúblicas otros temas también suscitaron enfrentamientos intensos: el problema de los indígenas, en los países en que había fuerte presencia de poblaciones descendientes de los pobladores aborígenes, el tema del federalismo – sobre todo en el Río de la Plata– y quizás, aunque con menos fuerza, algunas polémicas en relación a la política económica. De estas divergencias nos ocuparemos, como es lógico, en el siguiente capítulo.

Capítulo 4

Anarquía y caudillismo

Retroceso liberal

Las tres primeras décadas que siguieron a la independencia fueron, por lo general, tiempos convulsos, agitados, donde se quebró con frecuencia la institucionalidad que se había tratado de construir sobre bases tan precarias como las que existían entonces. Guerras civiles y algunas que se produjeron entre las nuevas naciones, luchas entre caudillos y un ambiente de caos prevalecieron en estas repúblicas que –salvo excepciones– vieron alejarse la meta de construir instituciones viables y efectivas. Se produjo entonces, en este contexto de inestabilidad, lo que podríamos llamar un retroceso liberal, pues un desesperado deseo de orden reinó en sociedades devastadas por la guerra, acosadas por ambiciones personales, con economías muy poco desarrolladas y una pésima infraestructura física. No extrañará entonces que los llamados conservadores tuvieran, la mayor parte del tiempo, el control efectivo de la vida política nacional y que caudillos de toda condición asumieran el mando.

El caudillismo no fue otra cosa que la personalización del gobierno, la asunción del poder por parte de quienes podían atraer hacia sí multitudes armadas y resultaban depositarios de la confianza de la población en cuanto a poner orden en la vida pública, pues no existía un marco de reglas compartidas y respetadas por todos los actores políticos que pugnaban por el poder.[13] Hubo caudillos de muy diferente orientación y personalidad, naturalmente, desde el extravagante mexicano Santa Anna (1794-1876), que asumió once veces la presidencia –algunas veces como liberal y otras como conservador– hasta el taciturno argentino Juan Manuel de Rosas (1793-1877), que desde Buenos Aires ejerció un poder tiránico durante más de dos décadas. La larga lista incluye también a líderes como el venezolano Páez (1790-1873), quien intentó a toda costa mantener la legalidad del país y terminó envuelto en una guerra civil que perdió y lo obligó a tomar el camino del exilio, y a otros como el guatemalteco Rafael Carrera que, aunque conservador en principio, pactó muchas veces con los liberales y proclamó la república independiente de su país en 1847, cuando ya se había disuelto la federación centroamericana.

A pesar del personalismo que dominó esta etapa cabe recordar que, en todas partes y salvo muy pocas excepciones, los líderes militares y políticos manifestaron siempre su adhesión a los valores básicos de una república liberal: gobierno representativo, división de poderes, un poder judicial independiente e igualdad de todos ante la ley. No quiere decir esto, naturalmente, que se respetaran dichos principios en la práctica, muy turbulenta por lo general y alejada del respeto a la ley y las instituciones. Pero sí debe reconocerse que, aunque los conservadores ocuparan el poder, el ideal liberal no había muerto en estas tierras y se lo consideraba como norte hacia el cual dirigirse, aunque los tiempos impidieran concretarlo en los hechos. Esa misma consideración de que las circunstancias impedían la puesta en práctica de los principios liberales que – como veremos–, fue una constante de todo el siglo XIX hizo que asumieran el poder gobernantes de estilo conservador, aunque asumieran, más que todo formalmente, los principios liberales y republicanos. Las discrepancias persistieron alrededor de algunos puntos que examinaremos al final de este capítulo, provocando con frecuencia lamentables enfrentamientos armados entre ambos bandos. Veamos algunos casos.

Conflictos incesantes

En México, después del fallido intento de Agustín de Iturbide (17831824) de crear un vasto imperio con todos los territorios que abarcaba el Virreinato de la Nueva España, siguió un largo periodo de inestabilidad. Iturbide había proclamado en 1821 las “tres garantías” en el llamado Plan de Iguala, que no eran otras que la independencia del país, la “unión” de todas las clases sociales y el mantenimiento del catolicismo como religión oficial, incluyendo todos sus fueros y privilegios. El plan, en este último sentido, puede considerarse como conservador, aunque la idea de unión de todos los sectores del país y el hecho de haber proclamado un imperio constitucional lo aproximan sin duda a las ideas liberales del momento. Iturbide fracasó, derrotado por quienes deseaban una república de corte más liberal y por las ambiciones y los recelos de quienes no aceptaban su papel como emperador, pero la primera reforma liberal profunda tuvo que esperar más de una década, hasta 1833. Esta fue frustrada, a su vez, por Santa Anna, quien con apoyo de los conservadores proclamó un constitución centralista que trajo enorme malestar en varios estados de la unión, algunos de los cuales llegaron a proclamar su independencia.

A esto siguió la desastrosa guerra contra los Estados Unidos, que concluyó con inmensas pérdidas territoriales para el país y, otra vez bajo el dominio del inquieto caudillo, con una rebelión de los liberales que proclamaron en 1854 el denominado Plan de Ayutla y pusieron en práctica, luego de triunfar, las llamadas Leyes de Reforma, que establecían la completa separación entre el Estado y la Iglesia. Esto a su vez llevó a una nueva guerra entre conservadores y liberales, la Guerra de los Tres Años, en tanto que, algo después, se producía la invasión que encabezaba Maximiliano de Austria (1832-1867), que se coronó como emperador aunque nunca llegó a tener completo dominio sobre todo el territorio mexicano. Maximiliano era apoyado por los conservadores, aunque él mismo era de tendencias liberales, pues su imperio pretendía apoyarse en una constitución y respetar libertades civiles y políticas. El europeo fue derrotado en otra larga guerra de la que emergió triunfante Benito Juárez (1806-1872), un liberal que por fin pudo consolidar su poder e iniciar un largo período de reformas al que tendremos de oportunidad de referirnos en el capítulo siguiente.

En el Perú la inestabilidad a la que estamos haciendo referencia se inició con una rebelión que, a comienzos de 1827, acabó con la caída del régimen que había impuesto Bolívar y prosiguió con la invasión a Bolivia, poniendo fin al gobierno del mariscal Sucre, directo sucesor del venezolano. Las tensiones entre conservadores y liberales fueron permanentes en las dos décadas siguientes, que llegaron por momentos a convertirse en verdadera guerra civil, mientras constantes conflictos con Bolivia y Chile mantenían al país en conflictos que llegó en varias ocasiones al enfrentamiento armado. Debe recordarse que, al acabar el dominio español en América, no había entidades nacionales bien definidas y, por lo tanto, lo que hoy son estados independientes, en esos tiempos no estaban realmente constituidos como tales.

Este largo período de inestabilidad concluyó cuando el mariscal Ramón Castilla (1797-1867) –un militar con una foja de servicios amplia y destacada– triunfo en las elecciones indirectas de 1845, abriendo un período de progreso para el Perú. En esta primera ocasión Castilla gobernó seis años, según lo establecía la constitución vigente, realizando una obra de verdadera significación: en un ambiente de relativa paz interior el caudillo militar, al que no se podía clasificar claramente como conservador o como liberal –pues en el ambiente convulso de la época se alternaban las alianzas de un modo a veces confuso– Castilla se ocupó de mejorar la infraestructura física del país, mandando a construir el primer ferrocarril, impulsando la navegación, creando el servicio de correos y construyendo una gran cantidad de edificios públicos. Más tarde, sin embargo, y ya fuera del poder, el mariscal encabezó un alzamiento apoyado por los liberales que produjo tres importantes cambios: la abolición de la esclavitud, la eliminación del tributo que pagaban todavía los indígenas y la proclamación de la constitución liberal de 1856. Este viraje hacia el liberalismo provocó una nueva guerra civil que concluyó con un nuevo mandato de Castilla, ahora apoyado por los conservadores y, por fin, con la constitución moderada de 1860.

Lo que hoy es Colombia era uno de los tres departamentos que conformaban la llamada Gran Colombia que emergió de la independencia y que, bajo la influencia de Bolívar, trató por un tiempo de conservar las fronteras de lo que fuera el virreinato de la Nueva Granada. Los otros departamentos, Venezuela y Ecuador, se separaron en 1830, mientras que Panamá permaneció unido a los colombianos, aunque no sin cierta renuencia por cierto. El país, luego de constituirse en república, vivió también tiempos agitados durante las décadas siguientes, pues luego del gobierno del liberal Santander emergieron los típicos conflictos de la época entre conservadores y liberales. Se desató una guerra civil entre ellos, que duró de 1839 a 1842 y, luego de mucha inestabilidad, en unos años en que se conformaron ambos bandos en partidos políticos, los liberales lograron que en 1853 se aprobara una constitución de tipo federal. La esclavitud quedó abolida definitivamente, se adoptó el sufragio universal y quedó establecida la separación entre la Iglesia y el Estado.

No cesaron en estos años, sin embargo, las convulsiones políticas del país: una nueva constitución más conservadora se aprobó en 1858, pero en 1860 estalló una nueva guerra civil que duró hasta el triunfo liberal, tres años después. La constitución que se proclamó en 1863 era en extremo federalista, con un ejecutivo muy débil –la presidencia duraba apenas dos años– y una autonomía tan grande para los estados que estos hasta podían crear sus propios ejércitos. La reacción conservadora de la década siguiente llevó entonces a una constitución más equilibrada, la de 1886 que, aunque con sucesivas reformas, siguió vigente por más de un siglo, hasta 1990.

El caso de Chile, para proseguir esta breve recapitulación, marca un definido contraste con lo acontecido en los casos que acabamos de presentar. El país, como tantos otros, sufrió un período de inestabilidad en la primera década posterior a la independencia pero, luego de la guerra civil entre liberales y conservadores que se desarrolló a partir de 1829, se impusieron estos últimos inaugurando una larga época de estabilidad: la llamada República Autoritaria o Conservadora, que duró de 1831 hasta 1861, institucionalizada con la constitución de 1833 que estuvo vigente hasta 1925, casi un siglo. Artífice de esta ley de leyes fue Diego Portales (1793-1837), quien ideó un sistema centralista, con un ejecutivo fuerte un presidente que duraba cinco años en su mandato y podía reelegirse por una sola vez y una base democrática restringida, mediante el voto censitario de ciudadanos calificados para elegir o ser elegidos, quienes votaban para conformar un parlamento bicameral.

El mérito de Portales –quien solo llegó a ejercer cargos ministeriales y en su corta vida nunca alcanzó la presidencia– fue aceptar la realidad político social del país e idear un sistema que, aceptando la necesidad de una presidencia con amplios poderes, recogía de algún modo la vocación centralista y personalista de la joven república. Como buen conservador Portales sentía una aguda desconfianza por los regímenes excesivamente democráticos y entendía que, para lograr la estabilidad deseada, las instituciones debían expresar las circunstancias propias de la limitada capacidad de participación de la población del país.

Esta república conservadora proporcionó a Chile el marco de estabilidad que le permitió extender sus fronteras hacia el norte y el sur en el marco de una economía en expansión. Es notable que, siguiendo las normas constitucionales, el país pudo encaminarse hacia un régimen de tipo liberal sin tener que pasar por golpes de estado, revoluciones o guerras civiles, como ocurrió en otras naciones del continente, inaugurando lo que algunos llaman la republica liberal, vigente hasta 1891.

Juan Bautista Alberdi y la Argentina

Si en Colombia, como vimos, los liberales optaron por una organización del estado de tipo federal, en lo que hoy es Argentina, en cambio, el liberalismo se inclinó hacia el extremo opuesto. Dos constituciones, las de 1819 y la de 1826 trataron de crear una estructura política centralizada, pero fueron rápidamente rechazadas por las provincias en guerras civiles a veces confusas y siempre sangrientas, que impidieron la conformación de un estado “unitario”. El país quedó políticamente dividido entre estos unitarios, de orientación liberal, y los federales que abrazaron con pocas excepciones políticas de corte conservador: regulación extrema del comercio para impedir la entrada de mercaderías que compitieran con las producciones locales y conservación del predominio de la Iglesia, a cargo de la educación y de las funciones de lo que hoy es el registro civil. Cada caudillo, en su provincia, impuso un régimen autoritario y personalista, formando y deshaciendo alianzas con los caudillos vecinos, lo que incluía en esos tiempos también al Uruguay, que había pertenecido como las demás provincias al virreinato del Río de la Plata.

Un caudillo, entre todos, logró imponerse sobre la anarquía reinante: Juan Manuel de Rosas, un hacendado que había consolidado su poder en la rica provincia de Buenos Aires, la única que poseía un puerto –en la ciudad del mismo nombre– capaz de conectar al país con el exterior. Rosas, aunque federal, logró un poder absoluto en buena parte de lo que era el territorio del antiguo virreinato y actuó como un dictador que no permitió disidencia alguna y suprimió todas las libertades. La oposición tuvo que marcharse al exilio, casi siempre en los vecinas repúblicas de Chile y Uruguay, y solo después de mucho tiempo logró organizarse y conseguir los aliados que le permitieron derrotar al poderoso dictador. La batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, marcó el final de una época y el comienzo de la organización nacional, que creó un nuevo marco institucional a través de la constitución liberal de 1853. Esta siguió los lineamientos que, en un libro célebre[14], de singular profundidad, había propuesto Juan Bautista Alberdi (1810-1884), un pensador que encarna, como pocos, las ideas liberales de esta época. Por eso, nos permitirá el lector, presentaremos algunas de sus ideas fundamentales, pues al hacerlo estaremos definiendo, con líneas más precisas, al liberalismo de mediados del siglo XIX. Alberdi pertenecía a la llamada Generación del 1837, que surgió como un salón literario en la Buenos Aires gobernada por Rosas pero que no pudo sustraerse a la discusión de los temas políticos que preocupaban a los argentinos. Sus ideas eran liberales y Alberdi, luego de un largo exilio que lo llevó finalmente a Chile, se formó en Europa asumiendo sin ambigüedad, pero reflexivamente, las ideas de su tiempo. Su rechazo a la tiranía imperante, a la que calificaba de absolutista, se basaba en los valores republicanos que habían inspirado las luchas de independencia.

Uno de los grandes méritos de Juan Bautista Alberdi es que trató de llevar a la práctica las ideas del liberalismo diseñando una constitución que no fuese la expresión abstracta del ideal de la libertad, sino una herramienta política concreta que pudiese encarnar los principios liberales en las circunstancias concretas de la Argentina de su tiempo. Alberdi comprendía que la realidad no se cambia simplemente con la aprobación de un texto legal y que las constituciones, para ser de utilidad, deben poseer la suficiente adaptación a la realidad como para producir efectos concretos en la vida política. Se apartaba así de esa obsesión constitucionalista que, se ha señalado para el caso de México, “era excesivamente legalista y formal”, de esa “enorme ingenuidad política y económica”[15] que todavía hoy afecta a quienes creen que, con la promulgación de una ley, pueden cambiarse hechos y situaciones firmemente arraigados en la sociedad.

Alberdi ideó una constitución liberal pero que, a la vez, pudiese ser aceptada por un país que había vivido en guerra contra sí mismo durante muchos años y en el que todavía eran fuertes las presiones hacia el absolutismo. En este, su propósito último, Alberdi se planteó el mismo problema que los padres fundadores de los Estados Unidos se habían propuesto resolver muchos años antes: crear una estructura política bien balanceada, que dividiese efectivamente el poder del estado, pero a la vez viable y capaz de funcionar, por una parte, y organizar un estado donde prácticamente no lo había, pero evitando la tentación de la tiranía, siempre presente. Su punto de partida era peor que el de los norteamericanos –que tenían una experiencia previa favorable a las ideas republicanas y no habían pasado por guerras civiles continuas y brutales– aunque contaba, eso sí, con la experiencia de varias décadas en las que se habían sucedido ensayos constitucionales de diversa naturaleza en los países de la región, que él estudió con esmero.

Sus propuestas, que aceptaron los constituyentes, consistían en primer lugar en un conjunto de artículos que favorecieran la inmigración, pues el tucumano pensaba que era preciso traer europeos a este continente para que, con sus hábitos de trabajo, disciplina y ahorro, pudiese modernizarse el país y desarrollar todo su potencial económico. Por eso quedó asentado, en el mismo preámbulo de la constitución, que los derechos en ella establecidos quedaban vigentes para todos los ciudadanos del país y “para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. Y estos derechos no eran solo políticos, sino también económicos y civiles, como lo detalla –con auténtico espíritu liberal– su artículo 14: libertad de trabajo, de navegación, de comercio, de residencia y viaje, de prensa, de asociación, de culto, de enseñanza y de petición a las autoridades. Otros artículos detallaban además la completa protección de la propiedad privada, la inviolabilidad del domicilio, de la persona y del correo, así como la libertad total en los asuntos privados. Se estableció una única concesión a las ideas conservadoras que habían sostenido los caudillos gobernantes de la época anterior: que el presidente fuese necesariamente de religión católica. Por lo demás, como dijimos, quedaba instituida la libertad de cultos y la separación entre la Iglesia y el Estado, punto fundamental en las propuestas liberales.

Otro de los puntos cruciales era combinar el federalismo, irrenunciable para las provincias, con un gobierno central fuerte, capaz de organizar una nación que hasta entonces no había existido más que como proyecto o anhelo de sus habitantes. Para eso pensó en un ejecutivo presidencial dotado de suficientes poderes y un legislativo de dos cámaras, bastante semejante al que se habían dado los Estados Unidos, con un senado en que las provincias, con igualdad de representación cualquiera fuese el número de sus habitantes, podían contrapesar las mayorías populares. El mandato presidencial duraba seis años y el mandatario no podía ser reelegido sino hasta que un período completo hubiese pasado, aclarando que por ningún motivo pudiese extender este mandato más allá de los seis años en que podía gobernar.

La constitución de 1853 resultó, en la práctica, un documento eficaz que, a pesar de los cambios sufridos por el país, estuvo vigente hasta 1949, cuando el general Perón (1895-1974) la modificó para poder reelegirse de modo inmediato, añadiéndole los que, ya en el siglo XX, se denominaron los derechos sociales. Llama la atención que fueran dos intelectuales que nunca asumieron la presidencia –Alberdi en Argentina y Portales en Chile– quienes lograran un éxito notable en la configuración de una organización política para sus países que resultara eficaz y perdurable. Uno era conservador, el otro liberal, pero ambos entendieron, más allá de fútiles legalismos, que las naciones de América necesitaban un gobierno fuerte, capaz de crear un estado que pudiera cumplir con la función básica de garantizar la seguridad y el orden, pero con poderes lo suficientemente limitados como para que los ciudadanos pudieses disfrutar de sus libertades.

A partir de 1853 la Argentina vivió una época de inusitada prosperidad que llegó a colocarla, a comienzos del siglo XX, entre las cinco naciones más prósperas del mundo. Ello se debió en buena medida, a la amplia libertad económica y civil de sus habitantes, que a partir de esa fecha recibieron una poderosa corriente migratoria desde muchos rincones de Europa.

Las verdaderas diferencias políticas

La mayoría de los países latinoamericanos fueron conformándose como naciones organizadas luego de un período de intensas y fratricidas luchas.

¿Por qué, es un buen momento para preguntarlo, por qué tan amargos y violentos enfrentamientos? La respuesta, que ya ha estado implícita en las páginas precedentes, tiene el antecedente remoto de la forma en que se gobernaban los territorios de ultramar de España y el modo en que se produjo la independencia de estas tierras. Sin la menor semblanza de un gobierno propio, sin la tradición de instituciones republicanas y bajo la férula del absolutismo, los hombres que tuvieron a cargo el destino de las nuevas naciones se vieron de algún modo tomados por sorpresa ante los acontecimientos europeos que precipitaron la independencia.

Para constituir nuevas entidades políticas fue necesario convocar a congresos y, sobre todo, redactar constituciones que permitieran crear adecuados mecanismos de poder para las nuevas repúblicas. Pero las instituciones así creadas carecieron de solidez por varias razones: no porque fueran fruto de un trasplante desde otras realidades muy diferentes, como a veces se afirma, sino porque no tenían la legitimidad que proviene de la tradición de someterse a las reglas de un gobierno propio y porque la población, en su conjunto, no tenía la educación política que se necesitaba para que se convirtiesen en normas de efectivo cumplimiento.

Al llegar a este punto, básico para la organización política, se dividían sin embargo las opiniones: los más conservadores deseaban un orden que estuviese apegado a la tradición vigente –autoritario y con un papel central para la Iglesia– mientras que los liberales creían que las masas solo podrían educarse y participar con madurez en la vida política si se creaban las instituciones republicanas donde pudieran realizar dicho aprendizaje[16].

Es cierto que, entre ambos extremos, existieron propuestas intermedias, conservadores menos apegados a la tradición hispánica y liberales que, más gradualistas, pensaban en un proceso de transformación quizás lento, pero de seguro más firme. Estos moderados, sin embargo, quedaron sobrepasados durante los primeros años de la independencia por la intensidad y la brutalidad de los conflictos que se presentaron.

Si un partido no confiaba en que el contrario fuese a entregar el poder pacíficamente cuando llegara el momento, se creaba un obvio estímulo para la adopción de soluciones radicales; si un líder regional no encontraba forma de hacerse oír o de situarse dentro de la estructura vigente de poder se inclinaba, entonces, a levantar una tropa que lo siguiera en una rebelión que, con frecuencia, solía llamarse algo pomposamente como revolución. Cada partido, así, se creía el único depositario de la verdad, el único representante de los valores republicanos, el único honesto y constructivo. Porque ambos bandos, liberales y conservadores, aceptaban la idea de una república sujeta al imperio de las leyes, al menos cierta división de poderes, el respeto a las libertades individuales y políticas básicas que llevasen a la modernización de los nuevos países, tan atrasados en cuanto a su infraestructura y su desarrollo económico. No había pues diferencias marcadas en cuanto a estos puntos fundamentales.

Pero tres elementos, más allá de este marco común, dividieron por entonces a estas repúblicas. El primero, ya tratado, fue el de la oposición entre el centralismo y el federalismo, que enfrentó a regiones celosas de su autonomía con los adalides de un centralismo que se percibía como la mejor forma de protección frente a las amenazas externas de la época y como el marco necesario para la integración de naciones que, de algún modo, se habían construido sobre bases artificiales. No hubo una posición definida del liberalismo respecto a este problema pues encontramos, en nuestro breve recorrido, situaciones muy diferentes en cada país y cada momento.

Pero en cuanto a las relaciones con la Iglesia sí hubo un distanciamiento muy marcado: los conservadores percibían a esta institución como la única garantía de moralidad y de control social, como el puente imprescindible con el pasado que evitaría peligrosos saltos en el vacío, como la única estructura que –extendida por todo el territorio– permitiría gobernar en paz y armonía. Los liberales, en cambio, la consideraban como un freno que impedía que los antiguos súbditos se convirtiesen en ciudadanos y como un lastre para el necesario avance económico.

El anticlericalismo que mostraron, por ejemplo, líderes como el guatemalteco Mariano Gálvez o el argentino Bernardino Rivadavia provenía así de varias fuentes: por una parte del convencimiento de que la Iglesia era una institución dogmática y retardataria, que tutelaba a las masas e imposibilitaba que estas se incorporasen a la vida política haciendo uso de sus derechos. La Iglesia, pensaban, bloqueaba el ejercicio de libertades básicas, como la libertad de pensamiento, opinión y culto, la de enseñar los valores republicanos y los avances de la ciencia, la de abrir la prensa a todas las opiniones. Pero, aparte de esta oposición ideológica a una Iglesia tradicionalista y poco abierta al diálogo, había razones políticas y económicas de peso para el anticlericalismo de los liberales: la influencia que ejercían los obispos y las órdenes religiosas en la vida pública y lo que se llamaron manos muertas, las tierras que poseían el clero secular y el regular.

Las tierras que eran propiedad de la Iglesia, recibidas por donación o por compra, no podían enajenarse durante los tiempos de la monarquía española e iban incrementando un patrimonio que crecía incesantemente. Durante las guerras de independencia este vasto conjunto de propiedades aumentó de modo considerable, por legados o cesiones de diversa naturaleza, convirtiéndose en una fracción importante del conjunto de predios laborables. Esto daba al clero un peso económico considerable que, unido al ascendiente espiritual propio de la institución y a su presencia en las zonas más apartadas, le confería un papel político de primera magnitud. El liberalismo del siglo XIX sostenía que, si se quería constituir repúblicas funcionales, debía limitarse o eliminarse esta posición de privilegio.

Las políticas que se pusieron en práctica al efecto fueron la desamortización –la libertad para enajenar tierras de la Iglesia o para expropiarlas y repartirlas, según los casos– y la reducción del poder monopólico que el clero ejercía en varias funciones que se consideraban como públicas y pertenecientes al estado: el registro civil –que inscribiría y reconocería los nacimientos, matrimonios y defunciones de los ciudadanos– y la enseñanza. Los más moderados preferían que, a este respecto, solo se quebrase el monopolio que tenía la institución religiosa; los más exaltados proponían quitarle toda injerencia al respecto.

Las polémicas sobre este tema se convirtieron, muy pronto, en ácidas disputas, que llegaron pronto al enfrentamiento armado. Hubo, en todas las nuevas naciones, expulsión de obispos y de órdenes religiosas, con confiscación de sus bienes y apertura forzada de los conventos, leyes que decretaban el matrimonio civil y en algunos casos –como en la Guatemala de Gálvez– hasta la posibilidad del divorcio. En respuesta, se organizaron también levantamientos armados contra estas medidas, que afectaban no solo el poder temporal de la iglesia sino también su ascendiente espiritual –sacrosanto para quienes consideraban a las políticas liberales como blasfemas y destructoras del orden.

La última de las discrepancias que nos interesan se produjo en relación con el tema de los indígenas, que constituían importantes núcleos poblacionales en México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia. Los descendientes de los grupos étnicos originarios recibían, durante el período colonial, un trato diferenciado: si bien constituían un sector subordinado, que no podía aspirar, en general, a ciertos cargos, dignidades u oficios y que debía pagar además la capitación, impuesto personal que solo recaía sobre ellos, los indios –como se los llamaba– retenían en muchos casos tierras comunales ancestrales y podían elegir sus propias autoridades en pueblos y aldeas donde formaban una amplia mayoría. Liberales y conservadores tenían, al respecto, pensamientos encontrados.

Para los conservadores era importante mantener este estatus diferenciado, eliminando el impuesto, claro está, pero manteniendo las tierras comunales en manos de los indígenas. Para los liberales, celosos de la prescripción de la igualdad ante la ley, resultaba irritante que se mantuviera a estos grupos étnicos en una situación de minusvalía jurídica y pensaban que ellos debían considerarse como ciudadanos, con los mismos derechos y deberes que los demás, sin distingo alguno. Abogaban, además, por el reparto y venta de esas tierras ancestrales, de modo de activar un mercado de tierras que facilitaría el progreso económico. Estas propuestas parecían utópicas y dañinas para muchos, porque no se podía “civilizar” por decreto a poblaciones apartadas, de un modo de vida diferente al de los mestizos y blancos europeizados, y porque la pérdida de las tierras comunales acarrearía un severo daño a estas personas, en su inmensa mayoría dedicadas a la agricultura. La discusión sobre el tema, con medidas sucesivas a favor de una u otra postura, se mantuvo durante buena parte del siglo XIX y solo se fue resolviendo cuando los liberales asumieron el poder, como veremos, en la mayoría de los nuevos estados.

Capítulo 5

Las reformas y el auge liberal

Hacia la estabilidad. El modelo primario exportador

Al convulso período al que nos referimos en el capítulo anterior siguió, en casi toda América Latina, una transformación notable: poco a poco, políticos y partidos liberales fueron tomando control de los gobiernos, en algunos casos pacíficamente –como el ya comentado de Chile– en otros luego de guerras interiores o de levantamientos armados. Benito Juárez (1806-1872) en México, Justo Rufino Barrios (1835-1885) en Guatemala, Mitre (1821-1906) y Sarmiento (1811-1888) en la Argentina, Antonio Guzmán Blanco (1829-1899) en Venezuela, Eloy Alfaro (18421912) algo después en Ecuador, y varios otros dirigentes se fueron adueñando del poder, por diferentes caminos, a partir de 1860 y produjeron un cambio notable en la fisonomía de la región. Se abrió una época de menor inestabilidad interior y se produjo –en mayor o menor medida– un despegue nada desdeñable de sus economías, que se fueron vinculando más orgánicamente al mercado mundial.

Las luchas interiores no cesaron por completo y el cambio que se produjo no se atuvo, en todos los sentidos, al ideal liberal que se proclamaba, pero en todo caso el viejo conservatismo del período anterior quedó relegado a un papel secundario durante algunas décadas, mientras se afirmaban y trataban de llevar a la realidad el programa y los sueños de los liberales. No siempre ocurrió así pues en Nicaragua, por ejemplo, fueron los conservadores quienes iniciaron y llevaron adelante, en buena medida, los cambios que describiremos, pero estos gobernantes centroamericanos procuraron realizar las mismas transformaciones que se estaban efectuando en otros países. Estas fueron profundas y se apreciaron en todos los planos importantes de la vida nacional, desde la infraestructura física hasta la crucial cuestión de las relaciones entre el estado y la Iglesia.

Los liberales veían en el comercio, acertadamente, un motor indispensable para el progreso económico. Sin caminos, puertos y el fin de las alcabalas internas, resultaba sin embargo imposible promoverlo y ampliarlo como se deseaba. Por eso pusieron más énfasis que los conservadores en desarrollar una infraestructura física que, muy descuidada durante la época colonial, impedía las comunicaciones internas y con el exterior. Los caminos eran indispensables pero, en una época en que todavía no se había inventado el motor de combustión interna y el transporte se debía realizar con tracción animal, resultaba aún un medio lento y muy poco eficiente. La aparición del ferrocarril a vapor, en 1830, dio un impulso tremendo a las comunicaciones terrestres –lo que ya estaba ocurriendo con la navegación– y fue adoptada en Latinoamérica a partir de las décadas siguientes. En Cuba, que aún era española, se construyó la primera línea férrea de la región, en 1837, que unía a La Habana con Bejucal, pero solo después de 1850 comenzó el verdadero auge ferrocarrilero en los demás países, coincidiendo con el predominio liberal.

La construcción de caminos y puertos y el desarrollo de los ferrocarriles fueron complementados por el tendido de líneas de telégrafo, la construcción de innumerables edificios públicos y el saneamiento y ornato de las ciudades, sobre todo en las capitales de los estados, a lo que siguieron, más adelante, el alumbrado público, la electrificación y los primeros teléfonos. Toda esta obra de infraestructura se fue generando paulatinamente, claro está, en un período que llega hasta bien entrado el siglo XX, en muchos casos con el aporte de capital extranjero, ya que las naciones latinoamericanas no lo poseían en cantidad suficiente.

Este ímpetu constructivo estuvo estrechamente ligado al crecimiento de las economías de exportación. Había una retroalimentación incesante pues las mejores vías de comunicación y transporte permitieron crecientes exportaciones y este comercio internacional, a su vez, propició las inversiones necesarias para hacerlo más extenso y fluido. Así, por ejemplo, se construyó la amplia red de ferrocarriles argentinos –en su mayor parte de capital inglés– que convergían en Buenos Aires, el puerto por el que salía la producción cerealera del país y los productos provenientes de la ganadería: cueros en un principio y, más adelante, carnes congeladas y enfriadas.

El comercio internacional llevó, prácticamente desde un comienzo, a un fenómeno bien conocido desde los tiempos de Adam Smith, quien lo conceptualizó y sentó las bases para su explicación: la especialización. Cada país fue encontrando un nicho, dentro del mercado mundial, en que encontraba compradores dispuestos a recibir sus productos; cada necesidad de los países industrializados creó una demanda de materias primas para su industria o de productos alimenticios para su población, que poco a poco iba saliendo de su ancestral pobreza y consumía ahora en crecientes cantidades azúcar, café, carnes, frutas y cereales.

La especialización en el comercio internacional generó un fenómeno que ha sido vilipendiado por muchos autores del siglo XX, que lo consideraron como una causa de atraso y dependencia para nuestros pueblos: el monocultivo o, más genéricamente, la monoproducción. Chile con su cobre, varios países con el café, el azúcar o el banano, Venezuela –algo más tarde– con su petróleo y Bolivia con su estaño, desarrollaron así economías centradas en la producción de un bien de alta demanda que atraía capitales a sus países, ampliaba la frontera agrícola y daba empleo a una población que encontraba trabajo en las fincas, minas y empresas comerciales. Un período de constante ampliación del mercado mundial –ininterrumpido hasta 1914, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial– activó entonces economías que se habían centrado en la producción para la subsistencia y las vinculó orgánicamente a un mercado que, en esos tiempos, se caracterizaba por la libertad de sus intercambios: personas, bienes y capitales circulaban entonces por el mundo con una facilidad que hoy, atrapados en una red burocrática de controles de todo tipo, realmente nos asombraría.

Este tipo de relación ha sido llamado en Latinoamérica el “modelo agrícola exportador” o, más ampliamente –para incluir los productos ganaderos, forestales, pesqueros y mineros– el “modelo primario exportador”, pues se caracterizaba por la exportación de bienes del sector primario y la importación de los productos manufacturados industriales que nos vendían los países europeos y los Estados Unidos, naciones que ya habían completado su revolución industrial, al menos en sus primeras fases.

Claro está, el modelo tenía limitaciones y creaba problemas que sus críticos han destacado sin piedad: los precios de las materias primas suelen fluctuar de un modo mucho más intenso que el de los productos industriales, generando vaivenes que nuestras economías, tan concentradas en unos pocos rubros de exportación, sufrían a veces intensamente. Este inevitable movimiento creó crisis de no poca consideración y ha sido visto, en estudios desarrollados más adelante, como fuente de dependencia, de pobreza y de saqueo de nuestros recursos. Las críticas, sin embargo, son en parte falaces y en parte también anacrónicas, como otros autores se han encargado recientemente de señalar.[17]

En primer lugar, porque se olvida que en aquellos tiempos nuestros países sencillamente no podían hacer otra cosa: ¿qué podían exportar México, Colombia o la Argentina que acababan de salir de enfrentamientos armados de magnitud, sino los productos de la tierra? ¿Hubiera sido posible y eficiente desarrollarse a partir de un mercado interior constituido por una población pobre, escasa, mal comunicada? Gracias a esta vinculación al mercado mundial, cabe recordar, nuestros países comenzaron a construir su infraestructura, a modernizar sus ciudades y no solo eso, comenzaron a disponer de bienes que no eran capaces de producir por sí mismos y que favorecieron las mejoras en salud, comunicaciones y la calidad de vida en general. Junto con el sector primario aparecieron, ya a finales del siglo XIX, incipientes industrias que se concentraron en los rubros que requerían, naturalmente, menos inversión o una tecnología más simple: mobiliario, vestido, bebidas alcohólicas como la cerveza y el vino, refrescos, cemento y hasta metalurgia. Creció también el sector servicios, con una red de comercios, casas de importación y exportación, bancos y seguros, demandando una multitud de empleos mucho más calificados que el de los peones que trabajaban en el área rural. La inmigración, que casi todos los gobiernos liberales estimularon, dio vida a unas economías que crecía sin cesar, a pesar de los naturales altibajos de los precios de los productos de exportación.

Los críticos suelen destacar, de un modo muy poco sistemático, solo los momentos en que los precios se hundían y generaban crisis fiscales y económicas de no poca magnitud. Pasan por alto los largos momentos de auge y atribuyen las dificultades, sin mayor lógica, a una dependencia con el mercado mundial. Es cierto que, en el período, existieron contratos leoninos que utilizaron grandes empresas para conseguir condiciones muy ventajosas en los mercados locales, como exenciones impositivas, concesión amplia de tierras y tratos privilegiados de muy diversa naturaleza. Pero, aun así, la relación trajo enorme progreso a nuestros países y sentó las bases para que luego pudiera emprenderse un desarrollo más autónomo. Y los precios del mercado mundial, hay que recordarlo, no eran fijados arbitrariamente, sino que obedecían a las fluctuaciones normales en un mercado que, como siempre, reflejaba los movimientos siempre impredecibles de la oferta y la demanda internacionales. Eran los tiempos del imperialismo, de esa expansión territorial y económica que, en definitiva, fue una de las causas de fondo de la Gran Guerra  (1914-1918), pero los tiempos también en que nuestras naciones se conformaron como actores en el escenario mundial, aunque todavía incipientes y sin mayor poder de negociación.

La construcción del estado y las relaciones con la Iglesia

Suele criticarse a los liberales de aquel tiempo por muchas razones, la mayoría de ellas acertadas, pero es menos frecuente que los autores modernos evalúen en toda su magnitud la complejidad de la tarea que ellos tenían por delante. Si se quería alcanzar el mínimo progreso material que tan indispensable resultaba entonces, había que construir un estado moderno, garantizar la paz y el orden, encontrar mecanismos para que cada nación pudiese actuar como una entidad política independiente y bien organizada que, así, pudiese mejorar la calidad de vida de sus habitantes y relacionarse en las mejores condiciones posibles con el exterior.

Organizar el estado para varios países, especialmente para los que habían vivido conflictos interiores de gran intensidad, equivalía prácticamente a crearlo desde la nada y reclamaba un esfuerzo titánico de los hombres que se hacían cargo del poder. No bastaba, como se ha señalado oportunamente, con crear una bien articulada constitución o con promulgar leyes sabias y bien intencionadas: resultaba necesario llevar estos designios a la práctica creando un ejército, un sistema de correos, una red de carreteras, edificios públicos, puertos y aduanas, registros, archivos y oficinas públicas que atendieran diversas y muy apremiantes necesidades de la gente. Es cierto que ya, en las primeras décadas del siglo XIX, se habían dado algunos pasos significativos de avance en varias direcciones, pero es verdad también que la inestabilidad reinante en muchos países – que en algunos llegaba a la anarquía– impidió consolidar esa obra constructiva de un modo eficaz.

Los liberales de la época, por lo tanto, se encontraron sometidos a exigencias contradictorias: por un lado debían ser constructores de estados, organizando políticamente a naciones que reclamaban una vida más ordenada y productiva pero, por otra parte, no podía dejar de lado el ideal liberal de tener gobiernos limitados, apegados a la ley, donde los poderes se encontrasen divididos de modo de evitar los males del absolutismo al que habían enfrentado con tanto tesón. No extrañará que la historia, hoy, nos permita rememorar el modo parcial y hasta confuso en que esos hombres respondieron a los difíciles reclamos de la hora.

Fue durante esos gobiernos liberales que se instalaron en casi todos los países de América Latina, a partir de 1860 o 1870, cuando se formaron los ejércitos profesionales que aún hoy existen en nuestras tierras y que se crearon muchos de los servicios básicos que hoy todavía existen. Los ejércitos profesionales reemplazaron con éxito a las pobladas armadas, a las montoneras que cada caudillo levantaba para tratar de imponerse sobre los demás. Fueron, sin duda, un factor de estabilidad, aunque enseguida se convirtieron en una institución que también intervenía decisivamente en los asuntos políticos. No porque fuera la intención expresa de sus creadores sino porque adquirieron un poder y una presencia que no tenía contrapeso en esas sociedades, de trama social débil y poco estructurada, en las que solo la Iglesia Católica había mostrado una presencia comparable. Ante la ausencia de organizaciones civiles y políticas de peso el ejército pasó a ser, prontamente, la columna vertebral sobre la que se organizaron los nuevos estados.

En tres puntos principales los gobernantes liberales chocaron con los intereses de la Iglesia, provocando no pocos conflictos de importancia. El de las tierras, al que ya nos referimos, intentaba liberar una enorme cantidad de predios rurales en manos de la Iglesia –manos muertas– para estimular la agricultura y la ganadería e ir creando, poco a poco, un auténtico mercado de tierras. Este propósito resultaba fundamental para quienes intentaban desarrollar la economía de sus países y vincularla al mercado mundial, pero atentaba de lleno contra una institución que vio, de pronto, cómo se secaban sus fuentes de ingreso y se encontraba en una situación de dependencia financiera con respecto al poder público.

Otro de los temas conflictivos resultó el del registro civil, que el estado asumió como una función que le resultaba irrenunciable y no tenía la menor intención de delegar. Hasta entonces los nacimientos, casamientos y defunciones se anotaban en los registros que al efecto poseían las parroquias, lo que les confería una autoridad que no solo resultaba simbólica sino, en muchas clases de litigios –como los de herencia– muy efectiva y directa. Al tomar para sí esta función los estados latinoamericanos comenzaron a recorrer, como en otras latitudes, el camino que trazaba la modernidad.

Pero aún más importante que lo relativo al servicio civil resultó el tema de la educación, pues los liberales del siglo XIX no podían concebir que la formación de los ciudadanos quedase en manos de la Iglesia. Esta era considerada como una institución retardataria, apegada a dogmas medioevales, que ofrecía resistencia a la difusión de la enseñanza científica y moderna que se necesitaba para construir naciones pujantes que dejaran atrás los prejuicios de la tradición. Las posiciones más extremas de la Iglesia insistían en mantener lo que prácticamente era su monopolio educativo, pues no eran muchas las escuelas públicas que existían y, en todo caso, querían que la formación religiosa fuese obligatoria aún en los establecimientos públicos. En el otro campo existían también posiciones que incluían a moderados y radicales, aunque todos coincidían en la necesidad de ampliar decididamente la función educativa del estado. La mayoría, con el curso de los años, fue decantándose hacia una visión estatista, que procuró establecer una educación obligatoria y gratuita para todos los niños y hacer de este nivel prácticamente un monopolio del estado a través de una red amplia de escuelas.

En esto, como veremos, la mayoría de los liberales expresaba la influencia de una filosofía positivista, que confería al estado un papel mucho más amplio que el que los pensadores del liberalismo clásico habían propuesto. La educación popular era percibida por los liberales –y por muchos conservadores también– como una herramienta fundamental en la construcción de la república: solo con ciudadanos instruidos, que superasen la barbarie de los tiempos e hiciesen valer sus derechos, podía pensarse en escapar al ciclo terrible de la anarquía y las dictaduras. La soberanía popular –ya la única aceptable para todossolo tenía sentido cuando ese mismo pueblo era capaz de discernir, de actuar con cierta prudencia, de alejarse de la violencia o de la pasividad ante los caudillos que emergían con perturbadora regularidad.

La cuestión del indio

En este delicado tema también había divergencias notables entre las dos corrientes políticas principales de la época. No solo se trataba del indio, de los indígenas que constituían fuertes núcleos de población en México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia y descendían de altas culturas agrícolas, sino también de los mestizos, los cholos, los gauchos o huasos, como se los denominaba en diferentes países, y de los negros que habían llegado a estas costas como parte del tráfico de esclavos y de sus descendientes, frecuentemente imbricados con la población nativa. Todos estos grupos habían tenido un papel nítidamente subordinado durante la época colonial pero ahora, en repúblicas independientes, no podía continuarse con este modo de diferenciación social. No solo porque los ideales republicanos y la misma noción de soberanía popular hacía de eso un contrasentido sino porque además, y muy principalmente, porque las luchas de la independencia y del período inmediatamente posterior les habían dado un protagonismo que no era solo militar, sino también político y social.

A todos, sin embargo, los grupos criollos gobernantes –los profesionales, hacendados y comerciantes, casi todos blancos y descendientes de europeos– los percibían como una masa atrasada, poco cultivada, a la que de algún modo se despreciaba o se trataba con algo de desdén, pero con el cuidado que se tiene hacia quienes pueden constituirse, en algún momento, en una amenaza para la paz pública. Muchos los consideraban como perezosos, dados a caer en el vicio del alcoholismo, de vida irregular y poco disciplinados. ¿Qué hacer con ellos, excluirlos, integrarlos? Ninguna de estas posibilidades parecía viable o deseable, por lo que casi todos los ideólogos de la época pensaron en reducir su importancia dentro de la sociedad mediante el aporte masivo de inmigrantes de Europa. De ahí en énfasis en poblar tierras poco habitadas, de atraer a quienes poseyeran los hábitos de trabajo y de ahorro propios de otras latitudes.

La propuesta migratoria no fue exclusiva de los liberales del siglo XIX, por cierto, aunque los dirigentes de esta corriente fueron los que más importancia dieron a esta política, que tuvo un notable éxito en Argentina y Uruguay y resultados algo menos espectaculares en Chile y otros países de la región, como Guatemala, donde algunos pocos miles de alemanes dieron vigor e impulso a la explotación cafetalera.

Pero frente al que se denominaba el indio, las posiciones, como dijimos, fueron mucho más diferenciadas. Los indígenas descendientes de aztecas, mayas, quechuas y aymaras, así como los de otros grupos étnicos importantes, formaban comunidades casi independientes, poco vinculadas al tejido social de las naciones, aunque en muchos casos trabajaban como peones de las haciendas y en los servicios domésticos. Pero en aldeas y villorrios de muchas regiones poseían también tierras comunales de no poca extensión, de posible gran valor para una economía en rápida expansión y crecimiento.

Los conservadores, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, sostenían que había que proteger de un modo efectivo a estas poblaciones, manteniendo para ellas un estatus diferenciado. Por eso dejaron que subsistieran los municipios de indios, se preocuparon poco por vincularlos con carreteras al resto del territorio nacional y, lo más importante, dejaron que siguieran disfrutando de las tierras que, colectivamente, cada comunidad poseía. Completamente distinta fue la visión que en aquellos años tuvieron los liberales.

En primer lugar por el principio de la igualdad de todos ante la ley, crucial en el pensamiento de la corriente que estamos estudiando. Para un liberal era –y es– fundamental que no existan privilegios o restricciones particulares para ninguna categoría de la población. ¿Cómo podía crearse una república genuina si se excluía de ella, aunque fuera para protegerla, a una parte sustantiva de la población nacional? Por eso en los gobiernos liberales de esta época se abolieron todas las diferenciaciones que pudiesen todavía subsistir: no habría ya más nobles, indios o mestizos, ni esclavos ni personas atadas a la tierra, habría solamente ciudadanos, todos iguales ante la ley. Esto, para sus oponentes, no era más que una ilusión, una mentira en definitiva contraproducente: la igualdad de los indígenas ante la ley no era más que una patraña, pues “la participación indiscriminada únicamente favorecía la manipulación de la masa ignorante.”[18]

Podemos decir que, en lo que acabamos de exponer, la posición liberal favorecía con nitidez al indígena. Pero en el tema de las tierras la situación, sin embargo, era la opuesta: los liberales querían, naturalmente, favorecer un libre mercado de tierras que permitiese el desarrollo de la economía rural, extendiendo la frontera agrícola y permitiendo la existencia de explotaciones racionales: las tierras comunales –así como las de la Iglesia, como ya hemos vistoeran, por lo tanto, un serio impedimento al progreso. Debían eliminarse y así se hizo, aunque no totalmente ni en todas partes. Se abolió por decreto toda propiedad que no fuese privada, lo que permitió que muchos hacendados de la época comprasen a los municipios estos valiosos terrenos. Este tipo de legislación, sin duda alguna, tuvo favorables resultados económicos, pero arrojó a esa población indígena a una situación de dependencia tal que la mayoría tuvo que pasar a trabajar en las haciendas de los compradores. No fue sino hasta mucho después, bien entrado el siglo XX, que los indígenas en Latinoamérica pudieron librarse de esta nueva dependencia.

Dictaduras “liberales” y repúblicas oligárquicas

Los amantes de la libertad, en nuestra época, solemos criticar, a veces acerbamente, las formas políticas que predominaron durante el largo período que se extiende, sin dar a las cifras mucha precisión, entre 1860 y 1930. Gran parte de los liberales que entonces ejercieron el poder se convirtieron rápidamente en dictadores y, donde esto no ocurrió, florecieron formas republicanas de gobierno pero que resultaron excluyentes y muy poco democráticas. La cuestión no es trivial pues, de esa crítica, surgieron luego algunas líneas de pensamiento que hasta se aproximaron al socialismo, como en el notable caso de la Colombia de Rafael Uribe Uribe (1859-1914) y de Jorge Eliécer Gaitán (1903-1948). Por eso pensamos que es necesario examinar lo ocurrido desde una perspectiva que, sin renegar de los principios, tome en cuenta con realismo las duras circunstancias de la época. Las causas de estas derivaciones no previstas del ideal liberal son múltiples y complejas, por lo que dedicaremos esta sección a explorarlas con cierto detenimiento.

Tenemos, en primer lugar, la ya mencionada desconfianza hacia una población que, a los ojos de los líderes, no era más que una masa ignorante y poco acostumbrada a la vida política civilizada. La apreciación parece muy dura, no cabe duda, pero no es para nada descabellada. En efecto, los países de la región eran rurales y en el campo existía un mosaico de situaciones que no favorecía para nada la emergencia del pluralismo y de partidos políticos modernos: una población dispersa en las zonas ganaderas, grandes haciendas con peonadas generalmente analfabetas, minifundios indígenas que aprovechaban tierras comunales y un muy escaso campesinado independiente. La población de las ciudades, que no eran muchas, era por cierto bastante más educada, pero en todo caso no bastaba para contrapesar las presiones de esas masas rurales que estaban acostumbradas a seguir a sus caudillos en sus aventuras políticas o militares.

Para evitar este factor perturbador varias naciones probaron la vía de realizar elecciones con un padrón bastante restringido. No nos referimos a la exclusión de las mujeres, un rasgo que compartían todos los sistemas políticos de la época y que solo fue cambiando –y muy lentamente– durante la primera mitad del siglo XX, sino a la exigencia de poseer propiedades o estudios, a la exclusión de los analfabetos, a exigencias de edad que, en conjunto, constituían lo que se llamó el voto censitario. Es verdad que este modelo de participación política no era para nada excepcional en el mundo del siglo XIX: el voto universal, hay que recordarlo, no era frecuente en esos tiempos en ninguna de las naciones del mundo.

Tampoco era común el voto secreto. Lo usual, en aquellos tiempos, era que cada quien expresara de viva voz por qué candidato deseaba votar para que los miembros de la mesa electoral pudiesen anotar esa preferencia en un registro que se llevaba al efecto. Es fácil imaginar lo que ocurría entonces: en las zonas rurales los peones eran llevados por el hacendado o sus empleados hasta los centros de votación y “aconsejados” acerca de quién era el candidato por el que había que votar; en otros sitios la presión quizás no fuera tanta, pero en todo caso resultaría arriesgado emitir un voto público contra los jefes o caudillos que tuvieran el control político de la zona y que muchas veces formaban parte del ejército.

Estas prácticas, hoy inconcebibles, hicieron que las repúblicas de la época fueran –como dijimos– muy poco democráticas, y que la expresión de la “voluntad popular” tuviese un sentido más metafórico que real. Pero estas repúblicas aristocráticas u oligárquicas, hoy tan vilipendiadas, resultaron sin embargo una eficaz forma de gobierno: dieron estabilidad y cerraron para siempre una época de anarquía y desorden, permitieron el ingreso de millones de inmigrantes, crearon condiciones favorables para el desarrollo económico y se constituyeron en el punto de partida para las modificaciones electorales que, con el tiempo, se fueron realizando en todas partes. Esto sucedió sobre todo en el sur del continente, en Chile, Uruguay y la Argentina, que vivieron así una época de sostenido progreso mientras que en otras naciones, como México, Nicaragua y Guatemala, por ejemplo, los gobiernos liberales derivaron con facilidad hacia la dictadura.

En ambos casos existía otro factor que impulsó las formas de gobierno que analizamos: lo que algunos pensadores liberales, como Hayek, han llamado el constructivismo. El constructivismo, como orientación política, se apoya en la convicción de que, desde el poder político, es posible cambiar la configuración misma de la sociedad. Es cierto que toda decisión política afecta de algún modo a la sociedad, en mayor o menor medida, pero en este caso no se trata simplemente de esa influencia, casi siempre puntual y normalmente bastante superficial. El constructivista va más allá y cree que puede alterar los componentes fundamentales de la sociedad, modificándola en profundidad, rehaciéndola, podríamos decir. La filosofía positivista, tan extendida en la segunda mitad del siglo XIX en Europa, llegó a América Latina como un apoyo para esas políticas pues postulaba que, sobre la base de los puros hechos, podía llegarse a un conocimiento completo del mundo natural y de la conducta humana; con ese saber, entonces, resultaba posible actuar científicamente sobre la sociedad para cambiarla, aun en sus características esenciales.

No resulta sorprendente que los liberales de la época se dejasen llevar por este tipo de influjo: en primer lugar, porque eran las ideas dominantes en ese tiempo pero, más importante aún, porque la misma naturaleza de la tarea que tenían por delante los inclinaba naturalmente a pensar de este modo. ¿Acaso no debía, en estas tierras, construirse un estado viable y eficaz, que abarcase con su acción todo el ámbito nacional? ¿No era obvio que, impulsando las obras de infraestructura, extendiendo la educación y estimulando la economía, podían sus atrasadas sociedades convertirse en otras pujantes y modernas? La perspectiva de los gobernantes liberales, ya no era la misma que a comienzos de siglo: ahora el objetivo principal no era más el de oponerse al absolutismo monárquico o al oscurantismo de la iglesia, sino que había llegado la hora de actuar, de hacer, de construir el país. Atrás quedaban, así, las prevenciones contra la concentración del poder y la defensa las libertades políticas aunque, hay que reconocerlo, en una gran mayoría de los casos se respetaban las libertades económicas.

A este cambio de orientación contribuyó también, sin duda, la falta de una tradición republicana, la ausencia de legitimidad que tenían las instituciones políticas, a las cuales se veía como barreras que se podían saltar, si resultaba conveniente, para cambiarlas en lo que pareciese oportuno. La opinión pública, por lo general, no resultaba demasiado vigilante ni demasiado celosa del respeto a las libertades por lo que no oponía una resistencia seria o eficaz a estos designios. De este modo las ambiciones personales –siempre presentes en los hombres– pudieron desatarse sin recato: sin contrapesos efectivos que limitaran el poder, con una opinión pública que en su mayoría todavía conservaba su actitud favorable al dominio de los caudillos, con las justificaciones reales de la necesidad de construir el estado en naciones atrasadas y sin mayor educación, los gobernantes liberales (y también los conservadores de esa época, por cierto) pasaron por encima de las restricciones existentes, modificaron constituciones para hacerse reelegir sin pausa, limitaron la libertad de prensa, encarcelaron a sus opositores o los enviaron al exilio y afirmaron su poder personal, convirtiéndose en auténticos dictadores.

Se llamaban liberales pero ¿todavía lo eran? La respuesta depende en mucho del mayor o menor peso que otorguemos a las circunstancias que vivieron y de la definición exacta que demos al término liberalismo. Dejamos por eso al lector la información de este capítulo para que cada quien, de acuerdo a sus valoraciones y su criterio, saque las conclusiones que le parezcan más apropiadas.

Capítulo 6

El final de una época

El contexto: emergen el socialismo y el imperialismo

El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 puede considerarse como el momento en que se derrumbó definitivamente el orden internacional que a lo largo del siglo XIX había permitido un auge sin precedentes de la economía mundial en el entorno de relativa paz que siguió a la Revolución Francesa y las Guerras Napoleónicas, finalizadas casi cien años antes. No solo las principales potencias del mundo se enzarzaron en una contienda que llevó muerte y destrucción a buena parte de Europa sino que, lo que nos parece más importante, se abandonaron en general las ideas y los principios que habían servido de fundamento al período anterior. Este proceso, sin duda, había comenzado mucho antes, por lo que puede también decirse que la guerra, más que un comienzo, fue la culminación de un viraje político y filosófico que erosionó los valores liberales que hasta entonces predominaban.[19]

El libre comercio internacional había creado las condiciones para que varias naciones de Europa y los Estados Unidos avanzasen hacia la creación de economías industriales que, como vimos, encontraron en América Latina –y otras partes del mundo– los proveedores de las materias primas y de los alimentos que necesitaban para impulsar su desarrollo. En el mundo anterior a la Gran Guerra, la que comenzó en 1914, había una movilidad de bienes, capitales y personas que hoy nos asombraría. Millones de inmigrantes cruzaron el Atlántico, por ejemplo, rumbo a nuestro continente, mientras que los capitales y las mercancías también fluían de un lado a otro con considerable libertad.

En el plano político, por otra parte, podía constatarse también que los valores liberales servían como punto de referencia a casi todas las naciones. El viejo absolutismo iba quedando arrinconado a los países menos avanzados y, aunque no todas las repúblicas, los reinos o los imperios pudiesen considerarse realmente como liberales, al menos estaba muy extendida la idea de que esos principios debían ser la guía de los regímenes políticos modernos: división de poderes, alternancia en los cargos públicos, igualdad de todos ante la ley, separación entre la Iglesia y el estado, libertad de pensamiento, de reunión y de prensa, respeto a la propiedad privada y una amplia libertad económica resumían y hacían efectivos, de un modo práctico, estos principios. Esto no quiere decir que, como lo vimos en el capítulo anterior, dichas políticas fuesen efectivamente llevadas a la práctica en Latinoamérica o en la misma Europa, aunque sí –debemos insistireran el norte o la meta que se postulaba como válida en buena parte del mundo. Pero la emergencia de dos propuestas políticas diferentes, aunque poco relacionadas entre sí, quebró lo que fue esta época de extendida libertad en el planeta: ellas fueron el socialismo y el imperialismo.

El socialismo surgió como una nueva visión del mundo que, aceptando algunas ideas liberales como la de igualdad ante la ley y el rechazo al absolutismo monárquico, repudió, sin embargo, lo que podríamos llamar el liberalismo económico, la idea de que la libertad de comercio y el respeto a la propiedad privada resultaban fundamentales para el progreso material y el respeto a la libertad humana en general. Los socialistas, en cambio, postulaban ideas de tipo colectivistas, consideraban que la propiedad privada se asentaba en el robo o el saqueo y proponían diversas formas de organización social que intentaban transitar hacia una distribución igualitaria de la riqueza. Variadas fueron las fórmulas que se propusieron al respecto, muchas de ellas simples teorías sin el menor asidero práctico, pero el socialismo se fue consolidando como una corriente política hacia mediados del siglo XIX, cuando sus ideas encontraron eco entre los obreros urbanos, casi todos provenientes del medio rural, que se organizaron formando sindicatos para proteger sus intereses. De esta convergencia surgieron, en última instancia, dos planteamientos o visiones del socialismo que -complementarias entre sí u opuestas, según los casos– adquirieron enorme importancia a medida que transcurrían los años: el socialismo democrático, que creó partidos políticos para impulsar desde dentro del sistema político sus propuestas de cambio, y el socialismo revolucionario que, siguiendo las ideas de Karl Marx (1818-1883), consideraba inevitable el estallido de una insurrección obrera que sepultara definitivamente el orden existente, al que denominaron capitalismo.

Los socialistas de todas las tendencias consideraban que “el capital” explotaba a los obreros y era el que los sumía en la pobreza, por lo que abogaban por la expropiación de fábricas y tierras –los llamados “medios de producción” para pasarlos al control social a través del estado o, en algunos casos, de los sindicatos u asociaciones obreras. Su prédica, por lo tanto, atentaba de un modo directo contra la propiedad privada, a la que no consideraban como un derecho humano fundamental sino como la expresión del abuso y de la explotación. Paralelamente a esto los socialistas insistían en una mayor intervención del estado en todos los campos de la vida social, favoreciendo especialmente la creación de escuelas y hospitales públicos, la edificación de viviendas populares y de controles de todo tipo hacia la actividad productiva privada, incluyendo la fijación arbitraria del precio de los bienes de primera necesidad, los salarios y los alquileres.

El socialismo se extendió con fuerza por toda Europa, especialmente a partir de 1870, y llegó a nuestras tierras por la vía de los inmigrantes que, desde el viejo continente, trajeron sus ideas y trataron de organizarse en uniones y sindicatos en Buenos Aires y algunas otras importantes ciudades. Su influjo, como veremos, se fue extendiendo también hacia algunos sectores de la intelectualidad local que, ya en los años finales del siglo XIX, se sintieron seducidos por sus ideas igualitaristas.

Casi paralelamente a la emergencia del socialismo surgió el otro fenómeno político que marcó el comienzo del fin del anterior período liberal, el imperialismo. Con estados cada vez más ricos y consolidados, las principales potencias mundiales iniciaron una carrera por dominar los territorios y naciones menos avanzados económica y militarmente. Al Imperio Británico, el primero que alcanzó una extensión mundial, siguieron las aventuras expansionistas de franceses y holandeses, y luego semejantes pretensiones de rusos, alemanes, austríacos y japoneses, mientras los Estados Unidos también extendían su influencia en nuestro continente. No es aventurado decir que esta expansión simultánea de varios estados llevó a conflictos y choques en diversas partes de la Tierra; al final, cuando estas ambiciones imperiales se encontraron en los Balcanes, se precipitó –debido al sistema de alianzas en que participaban todos los estados– la devastadora Primera Guerra Mundial.

Las ambiciones imperiales tuvieron un efecto nocivo sobre la libertad del comercio internacional abriendo un período de lo que podríamos llamar un nuevo mercantilismo. Cada imperio trató de asegurarse el control de materias primas baratas a través de sus colonias o zonas de influencia y de consolidar un mercado cautivo para sus productos manufacturados, excluyendo así a sus posibles competidores. La política imperial también llevó a una expansión de las fuerzas militares de los grandes estados, que crearon un ambiente de tensión propicio al estallido de guerras locales –como la ruso-japonesa de 1905 o las balcánicas de 1912 y 1913hasta que sobrevino el indetenible enfrentamiento general.

América Latina recibió el impacto de las políticas imperiales, aunque de un modo menos directo que Asia o África, continentes donde quedaron muy pocos estados independientes y las potencias se repartieron los antiguos reinos o territorios tribales casi por completo. En nuestra región Estados Unidos se convirtió en el garante de la independencia de los estados que, habiendo tenido un estatus colonial, eran ahora naciones independientes. La doctrina Monroe (1823) sirvió de fundamento para una política que trató de excluir a los europeos de toda penetración en el continente, aunque los estadounidenses no fueron ajenos a las ambiciones típicas de la época. Así, después de arrebatar a México una cuantiosa porción de su territorio, se concentraron en el área centroamericana y caribeña: compañías norteamericanas obtuvieron concesiones y contratos muy beneficiosos para ellas en casi todos los países de esta zona y, aunque no buscaron colonias como los europeos, sostuvieron en 1898 una guerra contra España que les otorgó la posesión de Puerto Rico y las Filipinas y estableció una especie de protectorado sobre Cuba, la última colonia española de importancia. Diversas invasiones a Nicaragua, República Dominica y Haití hicieron visible esta política imperialista; la construcción del Canal de Panamá, terminada precisamente en 1914, fue parte de esta política expansionista, que en este caso dejó sin embargo una gigantesca obra de utilidad manifiesta para toda la humanidad. En el sur del continente, sobre todo en Argentina, Gran Bretaña estableció profundos lazos comerciales y financieros con nuestras repúblicas sin llegar, no obstante, a un dominio de tipo colonial.

Atrapado entre lo que podríamos llamar la izquierda socialista y la derecha imperialista el liberalismo, en estos tiempos, sufrió un retroceso significativo que luego de la Gran Guerra se profundizaría aún mucho más. El socialismo, más que todo como doctrina, llevó a muchos pensadores de origen liberal a modificar la idea de igualdad, tan propia de la tradición de esta corriente, para ampliar la siempre defendida igualdad ante la ley –contraria a los privilegios de la nobleza o de ciertas corporaciones y extenderla hacia los planos económico y social. Para eso veían como indispensable la intervención abierta del estado que, mediante impuestos o expropiaciones, crearía condiciones para favorecer a los estratos más pobres de la población.

El imperialismo, por otra parte, al abandonar la idea de libre comercio internacional y comprometerse con una política de expansión de tipo militar y cultural, desacreditó en la práctica las ideas que hacían de la libertad económica un punto de partida para el desarrollo de las potencialidades de todos los miembros de la sociedad y de todos los pueblos. El capitalismo pasó a identificarse entonces con los intereses de unas pocas potencias, para colmo en conflicto entre sí, que ya no enarbolaban las ideas liberales sino las de una competencia militar y geopolítica que traería trágicas consecuencias.

Trascendentales cambios

En los años previos al estallido de la guerra se produjeron dos grandes revoluciones que, en sus motivaciones iniciales, todavía seguían los criterios esenciales del pensamiento liberal. En China el doctor Sun Yat Sen (1866-1925) abrió las puertas a la modernidad al derrocar la autoridad imperial e instaurar una república, que se postuló como respetuosa de las libertades individuales y de orientación democrática. A partir de ese momento, en 1911, se abrió, sin embargo, un largo período de conflictos internos que desangró a la gran nación asiática durante cuatro décadas.

En México, a finales del año anterior, Francisco Ignacio Madero (1873-1913) se alzó contra la larga dictadura de Porfirio Díaz enarbolando el mismo lema que él, tiempo atrás, había lanzado contra Benito Juárez: “Sufragio efectivo y no reelección”. Madero, sin embargo, fue asesinado poco tiempo después de haber asumido la presidencia, lo que desató un conflicto largo y confuso en el que emergieron fuerzas que ya no sustentaban el ideal liberal sino una confusa mezcla de agrarismo y socialismo. México, desde entonces, se apartó del liberalismo y los principales líderes que asumieron el poder político se encaminaron hacia reformas sociales y un tipo de intervencionismo estatal que tuvo su máximo exponente, quizás, Lázaro Cárdenas (1895-1970) quien presidió la república entre 1934 y 1940.

Pero a estas dos revoluciones -que surgieron del ideal liberal republicano aunque degeneraran luego en intensos conflictos y arribaran a visiones más próximas a las ideas socialistas– siguió otra, de inmenso impacto durante las décadas siguientes: la Revolución Rusa que se desarrolló durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Al igual que en los casos mencionados los rusos comenzaron por derrocar al régimen existente, en este caso la autocracia del zar Nicolás II (1868-1918), para instaurar una república democrática. La vorágine de los acontecimientos hizo que resultase muy débil el régimen parlamentario que inicialmente se estableció y, en el momento propicio, los seguidores de Vladimir I. Lenin (1870-1924) tomaron el poder. Lenin encabezaba el Partido Bolchevique, la fracción más radical del socialismo ruso que recusaba la idea de democracia parlamentaria –un sistema que, según ellos, no era más que la dictadura de la burguesía– para implantar en cambio una república revolucionaria basada en los soviets, o consejos de obreros, campesinos y soldados. En la práctica este tipo de gobierno se convirtió enseguida en una dictadura del Partido Social-Demócrata Obrero de Lenin, que pronto pasó a llamarse Partido Comunista, e implantó de una vez el socialismo sin esperar a la maduración de las condiciones para hacerlo, como había propuesto el propio Marx. Se expropiaron rápidamente todos los medios de producción (fábricas, máquinas, vehículos, empresas, comercios) aunque, durante algunos años, aún se permitió la propiedad privada de la tierra. Esta se colectivizó una década después, por medio de una gigantesca represión que arrojó el saldo de millones de muertos, inmensos campos de concentración y la desarticulación completa de la vida social campesina.

Una de las características principales de la Revolución Rusa fue su carácter expansivo. Los dirigentes soviéticos pronto formaron una entidad que promovía la formación de partidos comunistas en todo el mundo con un organismo que los coordinaba, la Internacional Comunista, en la práctica una herramienta de la política exterior soviética. La idea era llevar la revolución a todas partes, principalmente al este de Europa y a China, aunque sin descartar a los países de nuestra región. Para ello se exacerbaba la lucha de clases pues el comunismo consideraba que solo los obreros industriales podían ser el motor y los organizadores del socialismo, mientras que las demás clases se consideraban como enemigas a destruir o, en el mejor de los casos, como colectivos sociales de dudosa lealtad que había que neutralizar.

De este modo el comunismo se constituyó en una ideología antitética por completo al liberalismo: en vez de un gobierno limitado se proponía una forma totalitaria de asumir el poder, a través de lo que se llamó la dictadura del proletariado; en oposición al respeto a la propiedad privada y las libertades económicas se creó una economía centralizada y dirigida por el estado, poseedor de todos los medios de producción; en contraste con la igualdad ante la ley los comunistas discriminaron a las personas según “su origen de clase”, negando a los miembros y descendientes de las clases enemigas los mínimos derechos. Una cerrada oligarquía se asentó en el poder y resultó despiadada frente a todo lo que pudiera oponérsele. Pero la realidad de lo que acontecía en Rusia no llegó hacia el exterior y sí, en cambio, se difundió entre muchos la esperanza de que la utopía socialista por fin pudiera realizarse. La revolución pasó a ser para importantes intelectuales y dirigentes obreros una especie de faro que iluminaba el horizonte del futuro.

Otros, por su parte, atemorizados ante la brutalidad y el extremismo de ese régimen, trataron de enfrentarse a ese fantasma que ahora recorría Europa: hubo contiendas armadas dentro de algunos países del este, tumultos, intentos revolucionarios y oposición frontal a la expansión comunista. De una de estas situaciones conflictivas emergió en Italia una figura singular, Benito Mussolini (1883-1945), quien logró tomar el poder encabezando un movimiento que se denominó fascismo. El fascismo logró crear una barrera contra los comunistas y socialistas que también en Italia buscaban el poder, y se constituyó en una nueva ideología antiliberal en la Europa de postguerra.

Como los comunistas, los fascistas también repudiaban abiertamente lo que llamaban democracia burguesa o democracia liberal, sosteniendo ideas de tipo colectivista. No propugnaban la lucha de clases pero, en cambio, eran ardientes nacionalistas que querían revivir una Italia imperial, inspirada en la antigua Roma. En economía estaban decididamente en contra de la libertad de comercio y del funcionamiento libre de los mercados, pues favorecían la intervención del estado para regular, controlar y dirigir toda la actividad productiva, aunque aceptaran con ciertas limitaciones, eso sí, la propiedad privada.

La emergencia de estas dos ideologías antiliberales marcó el comienzo de una larga época en que se perdió el consenso anterior: una minoría, cada vez más reducida, siguió sosteniendo los principios del liberalismo, pero la mayoría de los intelectuales y de los líderes políticos comenzó a verlos entonces como reliquias del pasado. Se pasó a criticar la economía de mercado como caótica y poco eficiente, mientras que la democracia liberal se calificó como contraria a la presencia de “las masas”, débil y poco efectiva. La planificación económica y el autoritarismo político pasaron a estar de moda en todo el mundo. Este giro en la opinión pública afectó, naturalmente, también a nuestros países, ya integrados plenamente para esa época en lo que podríamos llamar la comunidad internacional.

El ocaso del liberalismo en América Latina

Ya hemos reseñado, en páginas anteriores, cómo en México una revolución que se inició por defender los principios liberales frente a una dictadura que, también, tenía un origen liberal, derivó rápidamente en un conflicto generalizado donde ideas de tipo colectivista dominaron rápidamente la escena: el agrarismo de Zapata y las ideas socialistas que ya estaban bastante difundidas entre los mexicanos, en un ambiente de constante confrontación armada, llevaron finalmente a que se impusieran las inclinaciones estatistas de los caudillos de Sonora, sobre todo de Plutarco Elías Calles (1877-1945), quien fue el artífice de la creación de lo que luego sería el PRI (Partido Revolucionario Institucional). Este partido, para nada liberal y en ocasiones muy hostil hacia la propiedad privada, logró dominar la vida política del país hasta finales del siglo XX, aunque algunos de los presidentes que tuvo fueron menos opuestos hacia la economía de mercado.

En Argentina la Ley Sáenz Peña, bandera de la Unión Cívica Radical (UCR) pero aprobada por los conservadores en1914, otorgó el voto universal y secreto a la ciudadanía. La ley acabó con la democracia restringida que se había desarrollado en las últimas décadas y terminó con lo que podríamos llamar una república oligárquica, pero abrió el camino para que los radicales de la UCR iniciaran en 1916 un gobierno que amplió la esfera de influencia estatal y las llamadas conquistas sociales. En Argentina era ya fuerte la influencia socialista cuando los rusos hicieron su revolución y una fracción importante de esa corriente se plegó casi de inmediato al comunismo, creando un partido que se afilió a la Tercera Internacional. Los radicales se opusieron firmemente al comunismo  y estuvieron siempre distanciados del socialismo, pero su énfasis en ampliar la acción económica y social del estado de ningún modo puede considerarse dentro de la tradición liberal.

En todas partes fueron abandonándose, más temprano o más tarde, esas repúblicas que fueron llamadas oligárquicas o aristocráticas, muchas de ellas nacidas bajo el influjo liberal.

Tal fue el caso del Perú donde Augusto B. Leguía (1863-1932) acabó con la llamada república aristocrática, un período caracterizado por la reconstrucción física e institucional del país luego de su desastrosa Guerra del Pacífico contra Chile. Leguía consumó en 1919 un golpe de estado y gobernó dictatorialmente hasta 1930 continuando la realización de obras edilicias de importancia y promulgando algunas leyes obreras, pues ya en el país comenzaba cierta agitación popular e indigenista. Hacia esa época se había fundado ya un partido socialista –que luego se dividió también por quienes abrazaron el comunismo– y el APRA (Acción Popular Revolucionaria Americana) un partido de corte socialista pero de vocación continental que se diferenció del comunismo.

La difusión de ideas socialistas entre los intelectuales y los líderes de organizaciones obreras, la mayor participación popular y la convicción de que el liberalismo debía ser remozado o hasta abandonado, crearon el marco apropiado para que gobiernos de tipo populista o que estaban influenciados por el fascismo o el socialismo se hicieran cargo del poder. Ello sucedió, especialmente, luego de la gran crisis mundial que se iniciara en 1929 con lo que se llamó el martes negro de la bolsa de Nueva York. Caso típico de la influencia fascista se encuentra en el golpe de estado del 6 de septiembre de 1930, que llevó al poder al general José Félix Uriburu (1868-1932) en la Argentina, mientras que cierta influencia socialista puede apreciarse en la presidencia de Alfonso López Pumarejo (18861959), por ejemplo, en Colombia. En Argentina, después de un tiempo, los militares dieron otro golpe de estado, en 1943, del cual surgió a la postre el gobierno del general Juan Domingo Perón, un abierto admirador de Hitler (1889-1945) y de Mussolini. En Colombia las tensiones sociales llevaron, ya en 1948, a lo que se llamó La Violencia, una verdadera guerra civil que provocó decenas de miles de víctimas.

Simplificando un tanto lo ocurrido podríamos decir que, a partir de la Primera Guerra Mundial, el liberalismo político perdió fuerza ante las nuevas visiones, más o menos totalitarias, que se difundían en todos los continentes. Sus principios comenzaron a abandonarse ante las posiciones de comunistas, fascistas y muchos socialistas que renegaban de la idea de limitar los poderes del gobierno y favorecían regímenes de fuerza, donde las garantías y los derechos individuales eran ignorados y abiertamente cercenados ante la voluntad de los líderes o los partidos en el poder.

A este eclipse del liberalismo político siguió, muy poco después, un similar retroceso en cuanto a las ideas económicas que emanaban del pensamiento liberal. Los cambios más significativos se produjeron como consecuencia de la mencionada gran crisis económica mundial que se inició en 1929. Un manejo muy poco prudente de la situación por parte de los Estados Unidos, donde gobernaba Herbert Hoover (1874-1964), trajo consecuencias desastrosas para su país y para el mundo. Hoover no tenía confianza en la capacidad de los mercados libres para estabilizar la economía y era un fervoroso creyente en la planificación; sus medidas, y las que tomó el congreso de su país imponiendo fuertes restricciones al comercio internacional, hicieron que en poco tiempo apareciesen millones de desempleados, mientras se extendía vertiginosamente la pobreza y reinaba un ambiente de temor e inseguridad. Lo peor es que este mal manejo de la crisis hizo que ella se extendiera rápidamente a todo el mundo, como un voraz incendio que dejó tras de sí miseria y dolor e impulsó ideas y prácticas autoritarias opuestas por completo a la tradición liberal.

La cadena de acontecimientos que había llevado a la crisis era compleja y, en ese tiempo, muy poco comprendida por la mayoría de los economistas. No es de extrañar entonces que las reacciones fueran poco sensatas y más bien emotivas: la culpa, aunque no fuese cierto, se le atribuyó al libre funcionamiento de los mercados, a los banqueros, a la codicia de los ricos y en general al capitalismo desenfrenado. Como consecuencia de esta actitud la mayoría de los gobiernos dio un viraje hacia políticas fuertemente intervencionistas, favoreció la centralización y la planificación y se impusieron severas restricciones al comercio internacional. Durante la década de los treinta se abandonó el patrón oro para las monedas, se impusieron altos aranceles al comercio exterior, menudearon los controles de precios, las restricciones a los movimientos en monedas extranjeras y la fijación de cuotas de producción para las empresas consideradas estratégicas. También se establecieron mínimos salariales, se fijaron los tipos de interés y el estado asumió –por vía de la compra o la expropiación– la mayoría de los servicios públicos, reservándose también la propiedad o el control de muchas industrias. El liberalismo económico, en suma, se consideró como cosa del pasado, como una teoría obsoleta que debía ser abandonada para asumir las nuevas teorías del inglés John Maynard Keynes (1883-1946).

No fue fácil, para los auténticos liberales, resistir esta especie de marea de ideas contrarias a las suyas ni conservar su identidad y su influencia en un mundo que tanto se apartaba de sus ideales y sus principios. Su tradicional enfrentamiento con los conservadores, en ese nuevo entorno, fue pasando por eso a un segundo plano. Ya hemos observado que la mayoría de los conservadores había asumido -sobre todo después de las décadas que siguieron inmediatamente a la independencia– algunos criterios que provenían del liberalismo: la idea de una república donde existiese división de poderes, la igualdad ante la ley, el respeto a un estado de derecho concebido como el imperio de la legalidad sobre los mismos gobernantes. Ambas corrientes compartían también parecidas actitudes hacia el progreso material de las naciones. Subsistían sin duda diferencias, pero estas tendían a hacerse cada vez menos relevantes ante la gran distancia que, a ambos grupos, los separaban del pensamiento socialista. No extrañará que, en este contexto, los liberales se uniesen a los conservadores en varias naciones de nuestra región para enfrentar a la amenaza comunista, el desembozado populismo o ciertas organizaciones socialistas.

Parte del declive liberal debe atribuirse, además, a un factor paradójico: hacia finales del siglo XIX esta corriente había alcanzado ya la mayoría de los objetivos básicos mencionados en el párrafo anterior por lo que, de algún modo, había dejado de luchar con ese espíritu denodado que la había caracterizado en décadas anteriores. El programa esencial de los liberales había sido aceptado en general, aunque no se hubiese cumplido del todo en la práctica, en especial en cuanto a las restricciones políticas que sujetaran la ambición de los gobernantes. A esto hay que añadir la influencia positivista, que desdibujaba sin duda sus principios y sus propuestas, y el hecho ya comentado de que en muchos países de la región caudillos de origen liberal se erigieron en auténticos dictadores o gobernaron solo con el apoyo de fracciones muy minoritarias de la población. Este último problema, por cierto, resultó crucial: frente a demócratas de inclinación izquierdista que pedían la ampliación efectiva del sistema político o socialistas que levantaban banderas contrarias a las dictaduras, los liberales, que ya no lo eran tanto, se encontraron en una situación de verdadera impotencia política.

En algunos países, como Colombia y Uruguay, se orientaron hacia la izquierda, haciéndose eco de reclamos populares y de la influencia socialista. Promulgaron leyes sociales relativas a la jornada laboral, las pensiones, la reforma agraria o las organizaciones sindicales. En otros casos, como en Argentina, personalidades liberales –no existía ya en el país ningún partido liberal– se opusieron firmemente al ascenso de Perón a partir de 1943 y no vacilaron en aliarse con el disminuido partido conservador y con la izquierda socialista y comunista contra la amenaza de un régimen de inspiración fascista. En Chile, mucho después, se unieron los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, formando el Partido Nacional en 1966. Se aliaron a la democracia cristiana en momentos en que el régimen de Salvador Allende (1908-1973) se encaminaba de modo decidido hacia la imposición del socialismo en el país.

En suma, podemos afirmar que durante la primera mitad del siglo XX el liberalismo se fue eclipsando en América Latina, en sintonía con lo que sucedía en el resto del mundo: los partidos políticos liberales fueron desapareciendo, transformándose en algo muy diferente a lo que eran o fundiéndose con otros que -como ellos– trataban de oponerse a las tendencias más extremistas que se manifestaban en la vida política. Sin un rumbo político definido, sin propuestas que pudiesen resultar atractivas para una opinión pública seducida por el socialismo en sus diversas variantes, despreciadas como obsoletas sus ideas económicas y políticas, los liberales se encontraron en una posición muy vulnerable cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, un espíritu de renovación y de cambio se extendió por el mundo.

Capítulo 7

El mundo de postguerra

El contexto internacional

Los problemas geopolíticos que la Primera Guerra Mundial creó, o dejó sin resolver, llevaron en 1939 a una segunda guerra, aún más devastadora y total que la anterior. Pero los actores principales de la contienda habían cambiado sus intenciones: ya no se trataba de imperios que deseaban expandirse y ampliar sus zonas de influencia sino que había ahora estados que poseían una ideología definida y tenían la pretensión de imponerla al resto de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial tuvo un desarrollo complejo, en el que pueden distinguirse al menos dos etapas: en la primera fase la Alemania de Hitler, aliada a la Unión Soviética, invadió Polonia y declaró la guerra a Francia, Gran Bretaña y sus aliados. A su lado entró luego la Italia fascista, que trató de extenderse hacia los Balcanes y controlar el norte de África. Luego, en una segunda fase que comenzó en 1941, se produjo el alineamiento definitivo: Hitler atacó a los soviéticos en la mayor invasión terrestre que registra la historia; y el imperio del Japón, que se alineó con los alemanes y los italianos, decidió enfrentarse a los Estados Unidos, que ya venían apoyando a los ingleses en su lucha contra Hitler. Finalmente, después de derrotas sucesivas en el norte de África, Stalingrado y las islas del Pacífico, se impuso en1945 el bando de los Aliados: Gran Bretaña, la Unión Soviética (la URSS), Estados Unidos y Francia.

La peculiar alianza a la que llevó este desarrollo produjo una situación ideológicamente confusa, que tendría singulares consecuencias. Gran Bretaña y los Estados Unidos se dispusieron a la lucha enarbolando los principios de la libertad y la democracia contra la expansión totalitaria, ideas que –si no estrictamente liberales– al menos reconocían un parentesco con la tradición de esta corriente. Pero al aliarse a la URSS por motivos estrictamente bélicos incluyeron en esa cruzada a un estado que, sin la menor duda, podía considerarse como totalitario. En la Unión Soviética gobernaba José Stalin (1879-1953), se permitía un solo partido político, existían campos de concentración donde se recluía a millones de personas, prácticamente toda la propiedad estaba en manos del estado y no existían para sus habitantes libertades políticas, civiles o económicas.

¡Así era el país que decía luchar contra el totalitarismo!

Pero esto no era conocido ni entendido a cabalidad en nuestro continente, donde la actitud favorable a los soviéticos potenció y dio vigor a los partidos comunistas -y al pensamiento marxista en generalal finalizar la larga contienda. Algo similar sucedió también en Europa: mientras los soviéticos expandían su imperio en todo el oriente del continente, sometiendo a Polonia, parte de Alemania, Checoeslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria al estatus de estados dependientes y dominados, los electorados de los países occidentales se volcaban hacia la izquierda: triunfaban los laboristas en Gran Bretaña, crecía vertiginosamente el Partido Comunista Italiano y en Francia y otros países los socialistas ampliaban su caudal de votos y su presencia en la vida política nacional.

La URSS, aprovechando la posición que tenían sus ejércitos al final de la contienda, comenzó de inmediato una política expansionista que, luego de someter a los países de Europa oriental, se enfocó en China y el este de Asia. Los Estados Unidos respondieron: intentaron contener el despliegue soviético en Europa, con el llamado Plan Marshall de ayuda económica y haciendo valer su influencia en las muchas partes del mundo donde podían hacerlo, ya que eran la primera potencia militar, económica y política del planeta. Se desató así lo que se denominó la Guerra Fría, un enfrentamiento por la hegemonía mundial en el que nunca combatieron entre sí los Estados Unidos y la Unión Soviética, ya poseedores de armas nucleares, sino sus aliados y contrapartes en todos los continentes.

El capitalismo que se oponía a esta expansión del comunismo estaba lejos de ser, en todo caso, una expresión pura de ese pensamiento liberal al que nos hemos estado refiriendo. Los estados occidentales, opuestos al comunismo, habían mantenido o restablecido formas democráticas de gobierno, con una adecuada división de poderes y el respeto a las libertades civiles y políticas de sus ciudadanos, pero en materia económica conservaban la fuerte presencia estatal surgida durante la guerra o en los años inmediatamente anteriores. Muchos de los controles del tiempo de guerra se fueron levantando en los años siguientes y en un caso al menos, el de la Alemania ocupada por las fuerzas aliadas, se liberó en gran medida la economía y se volvió a confiar en las fuerzas del mercado; esto se debió, en gran parte, a la acción de un hombre decidido y de claras ideas, Ludwig Erhard (1897-1977), quien dirigió la economía alemana desde 1948. Erhard es considerado el artífice de lo que se llamó el milagro alemán, el rápido ascenso de una economía que enfrentó las tareas de la reconstrucción del país y el crecimiento acelerado y que, en realidad, no tiene nada de milagroso, pues se debió a la eliminación de los controles estatales y al trabajo sostenido de sus habitantes.

Pero aparte de este caso, que fue bastante excepcional, los países europeos fueron creando en esos años lo que se ha dado en conocer como estado de bienestar: la creación de una red de protección social a cargo del gobierno que incluye la educación pública, la salud en su más amplio espectro, el seguro de desempleo, las pensiones y jubilaciones, la vivienda y, en general, un sistema de variadas ayudas que se concibe para asistir al ciudadano “desde la cuna hasta la tumba”. Por supuesto, para lograr tan amplios fines era preciso aumentar los impuestos de un modo que pudiese establecerse una transferencia general desde los productores de riqueza –empresas y personas– hasta los más pobres. Los Estados Unidos, más tímidamente, ya habían emprendido este camino con las políticas de Franklin D. Roosevelt (1882-1945) y el Japón, pronto recuperado de la devastación de la guerra, lo comenzó unos años después.

Una última observación queremos hacer antes de cerrar esta sección: muchas veces se equipara a ambos bandos de la Guerra Fría como si fuesen en esencia lo mismo, potencias con vocación imperial que recurrían a todos los métodos posibles para ampliar su influencia. Pero había profundas diferencias entre los Estados Unidos -y sus aliados en Europa y el resto del mundoy una Unión Soviética que no solo pretendía ampliar su esfera de influencia sino que era además un estado totalitario que imponía su modelo de sociedad a quienes entraran en su órbita. Es cierto que en el bando de las democracias, como se lo podía llamar, había también varias dictaduras y gobiernos que respetaban muy poco las libertades ciudadanas. Pero los valores y el sistema de quienes se oponían a la expansión comunista eran por lo general mucho más respetuosos de las libertades civiles y económicas y, además, no se producía una subordinación política y económica de los estados a una potencia hegemónica como en el caso de la URSS.

El impacto en América Latina

En varios países de nuestra región el final de la guerra marcó una época de cambios, en algunos casos bastante significativos. En Guatemala y El Salvador acabaron en 1944 sendas dictaduras que llevaban más de una década: en este último país Maximiliano Hernández Martínez (1882-1966) enfrentó una sublevación cívico militar que lo apartó del poder, abriendo un período de larga inestabilidad; Jorge Ubico (1878-1946), en Guatemala, renunció después de constatar la falta de apoyo de muchos estudiantes y profesionales que manifestaban en su contra y, cuando una nueva dictadura trató de imponerse en el país, un levantamiento militar con fuerte apoyo civil instauró una Junta que abrió el paso a un régimen más democrático, pero que fue derivando hacia la izquierda marxista en pocos años.

En Colombia terminó, sin mayores sobresaltos, la época de los gobernantes del partido liberal, pero poco después, en 1948, estalló lo que fue verdaderamente una sangrienta guerra civil: La Violencia. En Venezuela también se llevó a cabo un golpe cívico militar que sacó del ostracismo a Acción Democrática, un partido de izquierda que con el tiempo fue moderando sus propuestas. Guiados por su líder, Rómulo Betancourt (1908-1981), los adecos, como se los llamaba, llamaron a unas elecciones que ganaron, pero fueron depuestos por otro golpe militar, que impuso como presidente al general Marcos Pérez Jiménez (1914-2001).

No hubo cambios especiales ni en México, ni en Chile o el Perú, pero sí en Argentina, país que inició en 1943 un viraje que lo apartaría por mucho tiempo del camino de progreso que había seguido hasta 1930. En ese año se produjo, el 6 de junio, un golpe militar de oficiales que sostenían una posición favorable a la Alemania hitleriana y sus aliados, a pesar de que el bando del Eje comenzaba ya su irreversible retroceso en la contienda mundial. De ese gobierno militar surgiría poco después la figura de Perón, quien alentó la formación de sindicatos y dividió muchos de los existentes: con el poder que esto le daba –y el apoyo de muchos de sus camaradas de armas– Juan Domingo Perón (1895-1974) se hizo con el control efectivo de la situación y ganó las elecciones que lo llevaron a la presidencia en 1946. Su movimiento, el peronismo, ha sido calificado como populista y no cabe duda de que era francamente contrario a toda idea de libertad: la economía fue rígidamente controlada desde el estado, imponiendo una total tutela sobre el comercio exterior y el cambio de moneda extranjera, en tanto que, en el plano político, arrinconó a la oposición, eliminó por completo la libertad de prensa, llevó a la cárcel innumerables presos políticos –incluyendo a muchos sindicalistas que no se le sometían– y modificó la constitución para hacerse reelegir en 1952.

La Argentina, en este sentido, fue en esos años una especie de excepción. El desenlace de la Segunda Guerra marcó un distanciamiento claro con los totalitarismos en América Latina, sobre todo en el ámbito político: la democracia, el respeto a los derechos individuales y la alternabilidad de los gobernantes, por ejemplo, pasaron a ser considerados nuevamente como principios por los que debían regirse los sistemas de gobierno, o al menos como metas hacia las cuales estos debían encaminarse. En la práctica, sin embargo, nuestra región vio alternarse oleadas de movimientos democráticos con dictaduras de todo tipo, en un ambiente de inestabilidad que analizaremos algo más de cerca en el capítulo siguiente. Poco alentadoras para la libertad resultaron, por otra parte, las ideas y las medidas que se tomaron entonces en el plano de la economía: como herencia de los crueles años de la depresión y del control estatal que reinó durante la época de la guerra, la libertad económica y la confianza en el mercado quedaron relegadas, de algún modo, como una ortodoxia propia del pasado que debía ser abandonada si se quería instaurar un sistema más justo que llevara al desarrollo y el bienestar de la gran mayoría de la población.

Nuevas ideas se fueron imponiendo entonces en la opinión pública. Ganó terreno la visión de un estado que no solo se ocupara de la educación pública y la protección básica a la salud, sino que fuese un agente muy activo en la economía. Un estado “promotor del desarrollo” como se decía entoncesplanificador y regulador, ocupado activamente en la atención de los problemas sociales de los más pobres. Esta tendencia a imitar a las naciones más desarrolladas en cuanto a ir creando ese estado de bienestar que los europeos iban construyendo, se complementó con otra orientación en política económica que daría por resultado, con el correr de los años, resultados que llegaron a ser catastróficos.

La CEPAL y la sustitución de importaciones

La CEPAL, Comisión Económica para la América Latina, fue creada como parte de la estructura de las Naciones Unidas, el organismo supranacional que se estableció a finales de la guerra para establecer un foro que favoreciese la paz mundial. Su misión era alentar el desarrollo de nuestras naciones, ofrecer ideas y proporcionar información que sirviese para promover el despegue económico. Dirigida por el argentino Raúl Prebisch (1901-1986) propuso un modelo de desarrollo por el que ya algunos países se estaban encaminando y que intentaba promover la industrialización por la vía del proteccionismo y lo que se llamó más coloquialmente el “crecimiento hacia adentro”.

La política de la CEPAL partía de tres supuestos básicos[20]: 1) para que un país pudiera considerarse desarrollado debía poseer una economía predominantemente industrial; 2) el comercio internacional favorecía abiertamente a los exportadores de bienes manufacturados frente a los proveedores de materias primas y productos agrícolas; 3) el estado era el agente principal que debía actuar para lograr la transformación de nuestras economías, predominantemente agrícolas, y convertirlas en industrializadas. Ninguna de estas afirmaciones era cierta, en realidad, por lo que el resultado de las políticas que se llevaron a cabo resultó completamente opuesto al deseado: no se logró el desarrollo que se buscaba y, en cambio, se generaron problemas fiscales que llevaron a una seria crisis económica en los años posteriores, la llamada “crisis de la deuda” que comenzó en 1982.

En primer lugar porque países de alto desarrollo agrícola, como Australia, Canadá o Nueva Zelandia, lograron a partir de esa base convertirse en economías muy prósperas a medida que se industrializaban de un modo gradual, sin apelar a una presencia estatal importante en sus economías. Argentina y Uruguay, pero también el resto de los países de la región, podrían haber transitado sin mayor dificultad ese camino: sobrecargar al campo con impuestos para lograr una industrialización acelerada resultó contraproducente, como veremos enseguida.

En segundo lugar porque el proteccionismo es una política que arroja resultados visibles y positivos en un corto plazo pero que muy rara vez, y solo en condiciones muy particulares, resulta efectiva en el largo plazo. Eso ocurre porque la protección a la industria local se efectúa mediante una restricción a las importaciones que opera por medio de los impuestos que encarecen a las mercaderías importadas, los llamados aranceles. Al hacerse más caros estos productos la industria local, menos tecnificada y con mercados por lo general reducidos o débiles, puede colocar sus productos entre los consumidores: se elimina la competencia encareciendo artificialmente lo que viene del exterior y se crea una especie de mercado cautivo en la nación que adopta el proteccionismo. Pero la ineficiencia de estas prácticas se manifiesta claramente en dos consecuencias muy negativas. Por una parte la industria local pierde el acicate de la competencia y no se ve compelida a mejorar, pues vive en un invernadero donde todo le es favorable: la brecha con el exterior tiende a aumentar, en vez de reducirse, y son pocos e históricamente excepcionales los casos donde industrias protegidas invierten en equipos y procesos que las colocan luego en capacidad de salir con ventaja al mercado internacional. En segundo lugar porque el consumidor se ve obligado a comprar bienes más caros que los que podría obtener del extranjero si no existiesen los mencionados aranceles. De este modo el resultado neto es que la mayoría de la población se empobrece, aunque se beneficie el reducido grupo de quienes poseen o trabajan en empresas protegidas.

La tercera premisa de la CEPAL, que de un modo entusiasta se aplicó en América Latina, fue la de otorgar al estado un papel central en el desarrollo económico. Se pensaba que el gobierno debía planificar la marcha de la economía, favorecer a unas ramas de actividad –en desmedro de otras, claro está– otorgar exenciones impositivas a ciertos sectores, influir en la política salarial y, llegado el caso, crear sus propias industrias y asumir el control de los servicios básicos: agua, electricidad, teléfonos, aviación, transporte y un largo etcétera.

Todo esto, por desgracia, se hizo en nuestra región. Se crearon ministerios o secretarías de planificación, se impusieron altos aranceles, se ampliaron regulaciones de todo tipo a las finanzas, la producción y el comercio y se compraron o expropiaron empresas privadas en muchos sectores, la mayoría eficientes, para construir así un sector de economía estatal que fue creciendo con el tiempo. Mientras esto ocurría, además, los gobiernos ampliaban su influencia en todo el ámbito de las políticas sociales, impulsando la educación y la salud, creando sistemas de seguros sociales, regulando salarios y pensiones, dando subsidios a ciertos bienes de consumo masivo e interviniendo en el mercado de monedas extranjeras, la importación y la exportación, la regulación de intereses y otras muchas medidas intervencionistas que distorsionaron por completo nuestras economías.

El resultado final no fue el despegue económico sobre la base de la industrialización sino la crisis. Una crisis profunda, devastadora en muchos sentidos, que obligó a muchos a repensar sobre los fundamentos de la economía y a adoptar políticas por completo diferentes a las que se siguieron durante estas décadas. El detonante de la crisis fue el problema de la deuda: los gobiernos latinoamericanos –con muy pocas excepciones, como las de Guatemala, Panamá, Paraguay o Colombia– se habían endeudado hasta el límite de lo posible, de modo que ciertos cambios en el mercado financiero internacional les crearon una situación verdaderamente catastrófica. Ya no era posible seguir pagando ni los intereses de la deuda y había que proceder a reestructurarla y a adoptar medidas que controlaran los daños ya ocurridos. ¿Por qué había sucedido esto? La respuesta es simple y no requiere del lector avanzados conocimientos de economía: porque los gastos de los gobiernos, año tras año, superaban holgadamente a los ingresos.

El costo de los subsidios a los que acabamos de referirnos, las pérdidas de las empresas estatales –manejadas casi siempre con criterios políticos– el aumento de la burocracia, la corrupción y los gastos que se destinaban a paliar problemas sociales eran muy superiores a los ingresos que provenían de los impuestos. Economías emergentes, con bajo nivel de capitalización, no estaban en condiciones de mantener esos gobiernos que expandían sin pausa sus funciones y sus erogaciones. El endeudamiento interno no podía proporcionar un verdadero alivio a este desequilibrio, que creció de un modo constante durante las décadas de los sesenta y los setenta del siglo pasado, por lo que la mayoría de los países recurrió sin mesura al endeudamiento externo. No era difícil hacerlo a comienzos de los años setenta pues los bancos ansiaban colocar, en condiciones favorables, el exceso de liquidez que poseían debido al enorme aumento de los precios del petróleo, que se inició cuando se produjo el embargo árabe de 1973. Pero llegó un momento en que los intereses subieron, creando una situación muy delicada para los gobiernos que ya estaban muy endeudados y que, por razones políticas, no podían ni querían reducir sus gastos. Algunos países, como Bolivia o México, no pudieron entonces pagar los intereses que se acumulaban sin pausa. Ante esta situación los bancos, a partir de 1982, dejaron de seguir prestando dinero: el crédito internacional se acabó de pronto y los gobiernos, que ya lo utilizaban incluso para abonar préstamos anteriores y para sus gastos corrientes, se vieron de pronto ante una especie de sequía que los colocó en una situación insostenible.

Varios países ante este descalabro decidieron seguir pagando sus compromisos locales imprimiendo más dinero, fabricando billetes que, emitidos sin respaldo, perdían aceleradamente su valor. Intensos episodios inflacionarios se vivieron por eso en Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Costa Rica y México. A la inflación se sumó el desempleo, pues carentes del apoyo estatal y de sus inversiones las economías entraron en recesiones profundas que redujeron la actividad económica e hicieron descender bruscamente el nivel de vida de la población y aumentar la pobreza. La situación, en varios países, se hizo pronto insostenible: algo había que hacer para sacar a las economías del marasmo de una crisis que amenazaba con afectar hasta la misma estabilidad política. Por eso, en casi toda América Latina, se emprendieron años después profundos programas de reforma que abrieron nuevamente las economías y las colocaron, otra vez, en la senda del crecimiento. Dejaremos para el capítulo siguiente el examen de lo que ocurrió en esos años finales del siglo XX, cuando se abandonó el modelo de crecimiento propiciado por la CEPAL y seguido durante esas décadas. Antes de hacerlo, creemos indispensable repasar otros acontecimientos ocurridos en el mundo durante el período que nos ocupa.

La descolonización

Mientras la América Latina ensayaba sin éxito este modelo de desarrollo basado en el aislamiento parcial de sus economías y la extensión de la actividad del estado, en el resto del mundo se producían profundos cambios que irían a cambiar por completo su fisonomía. La Guerra Fría, que ya hemos mencionado al comienzo de este capítulo, se convertía en aguda confrontación militar entre ambos bandos en Corea, que finalmente quedaría dividida en dos sectores: el del norte, comunista, y el del sur, capitalista. Algo similar sucedería años después en Vietnam, luego de una larga y sangrienta guerra. En muchos países, algunos de ellos de nuestra región, se producirían enfrentamientos abiertos o solapados que tendrían como trasfondo, también, esta lucha mundial por la hegemonía que no era solo geopolítica sino también ideológica, pues el comunismo procuraba, por todos los medios, que se implantara en la mayor cantidad de países posible su sistema político y económico. Analizaremos con más detenimiento este último punto en el próximo capítulo pero ahora, para completar nuestra visión, nos referiremos a otro fenómeno de importancia global, el de la llamada descolonización.

Pocos eran los países independientes que existían en el planeta durante la primera mitad del siglo XX. Al lector de hoy puede parecerle quizás sorprendente, pero en toda África y Asia, vastos continentes, solo la pequeña Liberia, Egipto, Abisinia (hoy Etiopia), Afganistán, Persia (hoy Irán), Siam (ahora Tailandia) y la enorme China no tenían el estatus de colonias, aunque su independencia, en los hechos, resultaba sumamente limitada. El resto de esos dos continentes pertenecía a las potencias imperiales de la época, como Gran Bretaña, Francia y Holanda, aunque también el Japón y los Estados Unidos tenían el control de algunos importantes territorios, como las Filipinas o Corea, por ejemplo.

Terminada la guerra mundial un nuevo aire de libertad recorrió el mundo. Ya no era aceptable la existencia de ese colonialismo que se había extendido durante los últimos siglos y casi todos los pueblos aspiraban a convertirse en estados independientes. Las posesiones británicas en el subcontinente indio se independizaron ya en 1947 y pronto se crearon movimientos nacionalistas en varias naciones, lo que en algunos casos llevó a guerra de inusitada violencia en sitios como Argelia o el mismo Vietnam, ya mencionado. Hacia 1960 comenzaron a independizarse –a veces como resultado de negociaciones, en otras ocasiones tras luchas intensas– casi todos los pueblos africanos. En resultado, en síntesis, fue que en número de países independientes pasó rápidamente de unos 50 que se integraron en las Naciones Unidas en el momento de su creación, en 1945, a 127 al final de la década de los sesenta.

Estos nuevos estados independientes se convirtieron en el teatro de enfrentamientos de diversa naturaleza, en el marco de la Guerra Fría. Pocos pasaron al bando comunista, en verdad, pero la mayoría no se inclinó tampoco por dar vida a los valores de la libertad individual o de un gobierno limitado. Porque una cosa muy distinta era asumir la libertad política como entidades ya no sujetas al dominio colonial, lo que se lograba con la independencia, y otra muy diferente permitir el goce de esa libertad a los ciudadanos de los nuevos países que entraban al escenario internacional. Pronto se pudo apreciar que, salvo excepciones, en la mayoría de los nuevos territorios se organizaban gobiernos autoritarios, dictaduras que llevaban a muchos de los líderes de la lucha por la independencia a asumir un control personal sobre el estado y sus instituciones. Las libertades políticas y civiles quedaban así fuertemente limitadas, creando situaciones de opresión que muchas veces eran peores que las sufridas durante la época colonial, mientras que en el plano económico en casi todas partes, se imponía una política de intervencionismo estatal muy similar, y a veces peor, que la que caracterizaba a América Latina en aquellos tiempos.

En muchos países, como la India, las naciones árabes o Indonesia, para citar solo algunos casos, se pretendía establecer un socialismo de tipo nacional que, sin llegar a los extremos del comunismo, pusiese al estado en comando de la economía: se permitía la propiedad privada, sí, pero el comercio exterior, las inversiones de infraestructura y los servicios se ponían en manos del estado, que a su vez reclutaba una masa cada vez mayor de empleados públicos, fijaba precios, otorgaba subsidios y controlaba en gran parte el sistema financiero nacional. Los resultados, como ocurrió en nuestro caso, no fueron buenos. Las economías no crecieron y, en el marco de gobiernos dictatoriales de corte nacionalista y que a veces se enzarzaron en conflictos internacionales, el salto hacia el desarrollo se vio demorado largamente, manteniendo o aumentando la pobreza de centenares de millones de personas. Solo Corea del Sur, Singapur, la colonia inglesa de Hong Kong y Taiwán, emprendieron un camino diferente que, a lo largo de pocas décadas, les permitiría arribar con éxito al grupo de las naciones más prósperas del planeta.

El mundo de la postguerra resultó ser, pues, bastante decepcionante. Una paz frágil, amenazada siempre con la hecatombe nuclear y quebrada constantemente en varios rincones del planeta, se superpuso a sistemas políticos que no parecieron transitar, al menos en las primeras décadas, hacia ese sistema de división de poderes y libertades ciudadanas que se ambicionaba como modelo desde los tiempos del iluminismo. Es cierto que la expansión comunista no alcanzó sus metas, limitada siempre por sus debilidades intrínsecas, y que la feroz autarquía de las economías de los años treinta –una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial– se abandonó en no poca medida. Pero la gran mayoría de los países pobres emprendió políticas que en muy poco valoraban las libertades económicas, buscando vanamente que alguna forma de socialismo nacional los llevara a la prosperidad, mientras que las naciones más desarrolladas se embarcaron en la creación de ese estado de bienestar que tanto hizo crecer el sector público en desmedro de la iniciativa individual de los ciudadanos. El reino de la libertad, que muchos habían atisbado como consecuencia del fin de la guerra, se desvaneció entonces en muy poco tiempo, y llevó al imperio de la burocracia, de los controles y del nacionalismo, siempre peligroso como semilla de conflictos latentes.

Capítulo 8

El socialismo y la libertad

El socialismo real

No cabe duda de que el comunismo se sitúa en las antípodas de lo que puede ser una sociedad edificada sobre los principios de la libertad. Es cierto que, como doctrina, el socialismo marxista-leninista, que se denominó a sí mismo como comunismo, proclamaba la liberación de la clase trabajadora de la explotación a la que estaba sometida en el mundo capitalista, según lo elaboraran Marx y sus seguidores. Pero en la práctica, cuando se implementó en la Unión Soviética y luego en otros países, esta doctrina terminó por generar un mundo de opresión, no solo política, sino también económica y social.

Apenas tomado el poder, Lenin y su partido procedieron a ilegalizar a todos los partidos que ellos consideraban “burgueses” y a disolver por la fuerza la Asamblea Constituyente que el gobierno revolucionario anterior había convocado para dotar a Rusia de un conveniente marco legal republicano, que pusiera fin al despotismo anterior y creara instituciones políticas nuevas. Muy pronto las medidas represivas se fueron extendiendo a otros partidos socialistas hasta que, en cosa de tres años, solo el Partido Comunista quedó como organización política legal. En el congreso que este partido llevó a cabo en 1921 se suprimieron también todas las fracciones y tende  ncias internas, quedando el poder, de hecho, en manos de un núcleo muy reducido de dirigentes. Stalin, luego, instauró su poder personal por encima de todos los organismos de su partido y del estado, lo que creó una autocracia muy similar a la de los zares, aunque en realidad más arbitraria todavía.

El mismo proceso se repitió, casi sin matices, en todos los países que más tarde fueron adoptando el modelo comunista: Mao Zedong (1893-1976) en China, Kim Il Sung (1912-1994) en Corea del Norte, el mariscal Tito (1892-1980) en Yugoslavia, Fidel Castro (1926) en Cuba y un conjunto de oscuros funcionarios en los países de Europa del Este repitieron imperturbables lo que había hecho Stalin en la Unión Soviética, expulsando, encarcelando y ejecutando a otros dirigentes que podían disputarles el poder, persiguiendo de modo incansable a cualquier posible oposición, estableciendo el régimen de partido único, eliminando por completo no solo la libertad de prensa, de reunión y de asociación, sino sometiendo también al control del régimen a todo grupo o sociedad privada, por más inocente que fuesen sus fines. Ni la religión, ni el arte, ni las organizaciones barriales o estudiantes quedaron fuera de su control, no digamos los sindicatos, las tertulias literarias o los grupos ecológicos o feministas. Un enorme sistema de campos de trabajo, el llamado GULAG, se creó en la Unión Soviética, donde murieron o llevaron una penosa existencia millones de disidentes de toda condición social, desde campesinos acusados de ser capitalistas hasta intelectuales que se atrevían a disentir de la doctrina oficial en materias literarias o científicas.

Ninguno de los criterios políticos que surgían de los principios liberales, a los que hemos hecho referencia en los primeros capítulos de este libro, se aplicó entonces en los países que adoptaron el régimen comunista: ni la división de poderes, pues todas las decisiones se concentraban en una persona o un grupo muy reducido de dirigentes, ni la alternabilidad en los cargos públicos, ya que estos dictadores se mantuvieron en su puesto casi siempre hasta su fallecimiento, ni la responsabilidad del gobierno ante los ciudadanos, pues estos no tuvieron forma de hacerse oír, de manifestarse o protestar, ante estados policiales de férrea estructura. El ideal de un gobierno limitado, que respetase la libertad y la vida privada de los ciudadanos –demás está decirlo– quedó por completo anulado ante este poderoso totalitarismo.

Algunos intelectuales y políticos, durante la primera mitad del siglo XX, tendieron a justificar este opresivo modelo político considerándolo una especie de precio a pagar a cambio de beneficios que les parecieron importantes: la igualdad social, la prosperidad económica para todos, el “desarrollo de las fuerzas productivas”, como decía la terminología marxista. Pero también en estos planos la realidad mostró ser completamente diferente a esas utópicas promesas.

La Unión Soviética, que adoptó enseguida una economía centralizada y planificada, por completo en manos del estado, logró industrializarse en poco tiempo, lo que despertó la admiración de muchos que no conocían ni los detalles ni el costo, en todo sentido, que tenía esa supuesta hazaña. Es verdad, la URSS producía acero, cemento, electricidad y armas, hasta satélites artificiales, pero lo hacía de un modo totalmente ineficiente. La población, en contrapartida, no tenía casi disponibilidad de ropas o zapatos, los alimentos estaban racionados de una manera rígida y eran escasos y muy poco variados, y el problema de la vivienda se agudizaba con los años. El país, que había sido exportador de granos antes de la revolución, debía ahora importar inmensas cantidades de trigo y de

otros alimentos y los importaba, precisamente, de los países capitalistas a los que denigraba siempre en su propaganda. El nivel de vida de la población era miserable, contradiciendo en los hechos la idea de que la explotación capitalista era la que los condenaba a la pobreza. En la China, por otra parte, millones de personas murieron cuando algunas absurdas políticas de Mao, el líder indiscutido, hicieron descender la producción agrícola a niveles muy por debajo de los necesarios para la subsistencia.

Pero ni siquiera esta pobreza, esta vida plagada de escasez y de controles, se repartía de modo igualitario entre los habitantes. Los jerarcas del régimen, perfectamente definidos en sus cargos y jerarquizados en una estructura cerrada –la llamada nomenklatura–, disponían de amplias viviendas, casas para sus vacaciones, automóviles y productos de todo tipo que compraban en tiendas especiales, bien provistas de bienes nacionales y extranjeros, a las que no podían entrar los simples trabajadores sometidos a las privaciones de las cartillas de racionamiento, las colas y la estrechez. Los altos funcionarios viajaban libremente pero los ciudadanos comunes hasta tenían que obtener pasaportes internos para desplazarse y para residir en los grandes centros urbanos de la URSS.

Ya hacia 1980 el fracaso de régimen era ostensible. La agricultura no lograba recuperarse de la colectivización emprendida en los años 30, la industria seguía produciendo bienes con una tecnología atrasada, que quedaba cada vez más rezagada ante la que florecía en el resto del mundo, y las aventuras internacionales de los soviéticos –como la muy nefasta de Afganistán– hacían que la Unión Soviética no pudiese sostener su estatus de superpotencia frente a los Estados Unidos y varias economías emergentes. Se imponía emprender un programa de profundas reformas, como lo comprendió la dirigencia del país y la tarea, a mediados de esa década, recayó en un hombre audaz y bien intencionado, Mijaíl Gorbachov (1931).

Gorbachov intentó abrir en parte el sistema, otorgando libertades políticas limitadas y tratando de racionalizar la economía por medio de una creciente autonomía para las empresas, estatales todas ellas; fue audaz en sus políticas de desarme y abandonó la llamada “doctrina Brezhnev”, que justificaba la intervención de la Unión Soviética en Europa del este si algún país de los que formaban la órbita soviética intentaba abandonar su dependencia. Pero Gorbachov pronto perdió el control de la situación y el sistema colapsó: era demasiado cerrado y estaba demasiado anquilosado como para permitir cambios graduales pues, a la menor apertura, la población mostraba sus inmensos deseos de abandonarlo. Por eso, en poco tiempo, la Unión Soviética se disolvió –cada una de las 15 repúblicas que la componían se convirtió en un estado independiente– y Rusia, la principal de ellas, abandonó a toda prisa el comunismo. A esto siguió una rebelión de los estados europeos sometidos que, en poco tiempo, se apartaron de cualquier forma de comunismo.

Esta verdadera implosión, que significó el fin de la Guerra Fría, no se produjo por ningún enfrentamiento armado ni por la intervención, política o militar, de los adversarios del comunismo. Fue, sencillamente, un derrumbe, el fin de un sistema que no resultaba capaz de mantener ni la armonía política ni el crecimiento económico. Pero antes de que esto ocurriera, durante largos decenios, el comunismo fue una fuerza expansiva que también en nuestra región intentó aventuras de importancia y llegó a consolidarse en, por lo menos, una de nuestras naciones: Cuba.

El comunismo en América Latina

Ya desde un comienzo, como dijimos, la Revolución Rusa trató de extender al mundo su sistema: se creó una organización de los partidos comunistas del mundo, la Tercera Internacional, que trató de sublevar a “las masas”, como decían, apelando a lo que llamaban el “internacionalismo proletario”, el supuesto interés común de todos los explotados en cambiar el sistema imperante e imponer el socialismo. Las cosas no funcionaron de ese modo, por cierto, pero en todo caso se crearon en nuestra región partidos comunistas que se integraban en esa estructura internacional y, por supuesto, se sometían a sus lineamientos. El prestigio que al comienzo tenía la revolución hizo que muchos socialistas, anarquistas y militantes sindicales organizaran estos partidos en la mayoría de los países, aunque en pocos casos tales agrupaciones alcanzaron a convertirse en fuerzas políticas de importancia.

Los primeros partidos comunistas se crearon en Argentina en enero de 1918, y en México al año siguiente. Les siguió poco después Uruguay y, a lo largo de la década de los veinte, Chile, Cuba, Ecuador, Paraguay y Perú, estableciéndose también partidos de esa tendencia en el resto de los países de América Latina. Como organizaciones que formaban parte de una estructura internacional, fuertemente dependiente de la Unión Soviética, los partidos sufrieron las diferencias entre las principales figuras del movimiento comunista mundial y se acoplaron a los vaivenes de la política exterior soviética: primero fue la agria disputa entre Trotsky (1879-1940) y Stalin, luego la oposición al fascismo y, en 1939, la aceptación de Hitler, gracias a la alianza que en ese año unió a los soviéticos con los alemanes. Después de la invasión hitleriana a la URSS siguió la política de alianza con las potencias democráticas y, ya en la década de los sesenta, la disputa chino soviética. Todos estos cambios de política y la falta de una tradición socialista arraigada en la política local hicieron que los partidos comunistas resultaran muy débiles: eran formaciones cerradas sobre sí mismas que solo en Chile, México y Cuba lograron –por momentos– integrarse en la política local. Algo semejante ocurrió en Ecuador y Colombia, cuando durante algunos años los comunistas lograron cierto apoyo en el medio rural. Pero sería mucho después, en la década de los cincuenta, cuando en el marco de la Guerra Fría los comunistas intentaran sobrepasar su existencia como grupos aislados y, en algunos casos, aspirar a conquistar el poder.

El caso de Guatemala

El primer país de nuestra región en que el comunismo trató de alcanzar el poder fue Guatemala. Mucho se ha discutido sobre el tema en la historiografía posterior, bastante sesgada en lo ideológico, por lo que creemos necesario resumir, en esta sección, lo acontecido en esta nación centroamericana.

El levantamiento militar, apoyado por civiles, que se produjo en octubre de 1944, abrió las puertas para que la izquierda adquiriese en el país, por primera vez, una presencia de importancia. Varios partidos de esa orientación se formaron casi de inmediato y pronto, en la disputa por la hegemonía política, lograron vencer a las formaciones y personalidades más moderadas que también habían apoyado la llamada “Revolución del 20 de Octubre”. De singular importancia fue el asesinato de Francisco Javier Arana (1905-1949), en 1949, que permitió que las fuerzas de izquierda se afianzaran y lograran imponer, al año siguiente, a su candidato a la presidencia, el coronel Jacobo Árbenz (1913-1971).

Los comunistas, que formaron el Partido Guatemalteco del Trabajo, eran un grupo minoritario aún dentro de la izquierda, pero estaban bien organizados, tenían claros sus objetivos y, quizás lo más importante, tenían acceso directo al presidente Árbenz a través de su esposa, quien colaboraba activamente con ellos. ¿Era comunista Árbenz? El tema está en disputa y la respuesta depende, en buena medida, de cómo definamos eso de ser comunista. El coronel triunfó en las elecciones con un programa de corte nacionalista pero, ya en el poder, concentró sus energías en llevar a cabo una reforma agraria bastante radical.

Aunque su propósitos expreso era el de eliminar los latifundios para difundir la pequeña propiedad en el campo, esta reforma, de hecho, se guiaba por el deseo de quebrar el poder de la clase terrateniente – supuesta elite explotadora– para favorecer la creación de una economía que se encaminara hacia el socialismo: la ley estimulaba el activismo campesino, no otorgaba propiedad plena a los beneficiarios y se ejecutaba de un modo discrecional.

Desde el momento en que comenzó a ejecutarse la reforma agraria se creó un ambiente de inestabilidad política en Guatemala, que se intensificó por la disputa sobre la expropiación de las extensas tierras que poseía la United Fruit Co., una compañía estadounidense dedicada a la producción bananera. La influencia comunista en el gobierno era obvia como lo reconocía el mismo presidentelo que alertó a los Estados Unidos, en esos momentos enfrascados en la guerra de Corea y comprometidos en la Guerra Fría. El apoyo de este país facilitó la invasión que, dirigida por el coronel Carlos Castillo Armas (1914-1957) y con la aquiescencia del ejército, acabó con la tentativa arbencista de cambiar el régimen político y económico del país. No es fácil decidir ahora, con la perspectiva del tiempo, hasta donde hubiesen llegado los cambios en Guatemala si continuaba el gobierno de Árbenz: lo cierto es que, ante el peligro de que derivara hacia el comunismo, se produjo una reacción nacional e internacional que frustró este posible desenlace.

La Revolución Cubana

Muy diferente fue lo que ocurrió en Cuba algunos años después. Allí Fulgencio Batista (1901-1973) había dado un golpe de estado en 1952, lo que le permitió gobernar dictatorialmente al país. La oposición fue creciendo y, entre sus filas, apareció a fines de 1956 un movimiento armado encabezado por Fidel Castro que adoptó la estrategia de la guerra de guerrillas. Sin apoyos políticos sólidos y con unas fuerzas armadas que no peleaban con entusiasmo, Batista fue derrotado, huyó del país y los guerrilleros del Movimiento 26 de Julio pudieron entrar triunfalmente en La Habana el 1 de enero de 1959. Dos puntos merecen destacarse al respecto: en primer lugar el 26 de Julio era solo el componente militar de un abanico amplio de opositores, que luchaban por poner fin a la dictadura de Batista y establecer el imperio de la ley y de las instituciones; en segundo lugar que los guerrilleros no poseían un programa que fuese más allá de lo mencionado, no se manifestaban como socialistas o comunistas y se presentaban como la resuelta vanguardia de una lucha por la libertad. Si bien Fidel Castro, en declaraciones posteriores, afirmó que él siempre había sido comunista, lo cual es –en todo caso– bastante discutible, el hecho fundamental es que el 26 de Julio recibió un inmenso apoyo popular no por esas ideas revolucionarias sino por aparecer ante el público como decididos demócratas que pronto convocarían a elecciones libres.

En pocas semanas, sin embargo, los hechos adquirieron un curso que muy pocos habían previsto. Dirigidos por Ernesto el Che Guevara (1928-1967) comenzaron los fusilamientos, en juicios sumarísimos que segaron la vida de centenares de personas, sin darles a los acusados la posibilidad de defensa e incluyendo entre ellos a personas que ningún delito habían cometido y solo eran opositores al nuevo sistema que se estaba implantando. En pocos meses se adoptaron medidas que indicaban un curso socialista para la nueva revolución: se congelaron alquileres, se inició un enfrentamiento con los Estados Unidos que incluyó la expropiación de numerosas propiedades, se fue limitando la libertad de prensa, se prohibió toda clase de oposición y –luego de la fracasada invasión anticastrista de 1961– se estatizaron todos los comercios, industrias y la inmensa mayoría de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Las cárceles se llenaron de presos políticos y nunca se convocó a elecciones, a pesar de las promesas hechas durante el tiempo de la lucha armada. A los cubanos, poco después, se les prohibió salir de su país. La revolución utilizó la figura de José Martí (1853-1895), un héroe de la lucha por la independencia que nada tenía de socialista, para reforzar su control ideológico sobre la población, apelando al nacionalismo más burdo y primitivo.

Castro se subordinó enseguida a la Unión Soviética, construyendo una alianza que trajo amplios beneficios para ambas partes: por un lado, los soviéticos obtuvieron lo que se llamó una “cabeza de playa” en el continente americano, desafiando a los Estados Unidos y consolidando su papel como potencia mundial, especialmente luego de la crisis de los misiles de 1962. Por otra parte Fidel Castro quedó incorporando como uno más de los tiranos del mundo comunista y logró mantener a flote a la economía de Cuba, que se había vuelto por completo ineficiente luego de las estatizaciones y no alcanzaba a producir ni lo mínimo indispensable para la subsistencia. El apoyo financiero soviético resultó decisivo para mantener su control sobre el país durante casi 30 años.

A pesar de esta terrible realidad, de la pérdida de toda libertad en la isla y de su marasmo económico, la Revolución Cubana tuvo desde sus inicios una acogida sumamente favorable dentro de la América Latina. Los guerrilleros fueron rodeados de una aureola romántica y casi mitológica, el Che se convirtió en un modelo de revolucionario y Cuba quedó en las mentes de muchos –sobre todo de los jóvenes– como la pequeña nación audaz que se atrevía a desafiar al gigante norteamericano. Los dirigentes cubanos, perfectamente conscientes de la imagen que transmitían, aprovecharon esta circunstancia para desplegar sin pudor sus tendencias expansionistas. Se organizaron pronto movimientos guerrilleros en casi todos los países de la región y, si bien es cierto que ninguno logró alcanzar sus fines, crearon una inestabilidad general que dañó seriamente la vigencia de las instituciones y el desarrollo económico de América Latina, como más adelante veremos.

Durante mucho tiempo los defensores de la Revolución Cubana aceptaron, aunque a veces con reticencias, las características autoritarias del régimen que alababan. Siempre destacaron que, en contrapartida, Cuba había logrado proporcionar salud y educación para todos, derrotando el analfabetismo y creando una red social de protección que favorecía a todo el pueblo. El argumento es falaz, y lo es por muchas razones. Ante todo porque Cuba, al momento de la revolución, era uno de los países más adelantados de América Latina, el que tenía menor tasa de población sin instrucción y una medicina entre las más adelantadas: poco les hubiera costado, a los castristas, proseguir ese camino. Para ello no se necesitaba, en absoluto, cercenar y eliminar las libertades ciudadanas, pues así lo habían hecho casi todos los países europeos en medio de democracias de tipo liberal. Pero además porque, de hecho, la afirmación es falsa: la salud de la que gozaban los cubanos era y es primitiva, con centros de atención deteriorados, escasas medicinas y pocos equipos modernos; la educación, por otra parte, se inclina fuertemente hacia el adoctrinamiento y, desde la primaria, se utiliza para ampliar el control policial sobre la población.

De modo que, para concluir esta sección, podemos afirmar que el socialismo en Cuba resultó una copia fiel del totalitarismo soviético y que no logró resolver los problemas económicos de la población, pues los cubanos se encuentran hoy, después de más de medio siglo, en una situación de pobreza y opresión que los lleva a tratar de salir de su país a la menor oportunidad posible. Las reformas que ha emprendido el nuevo presidente, Raúl Castro –designado a dedo por su hermano, el sempiterno Fidel, en 2006– no parecen haber aliviado mayormente las penurias en que se desenvuelve la vida cotidiana de los cubanos, aunque se han levantado ya algunas odiosas restricciones -como la prohibición de salir del paísque había convertido a Cuba en una gigantesca cárcel. La aproximación política y diplomática reciente con los Estados Unidos ha hecho renacer esperanzas de cambio, aunque aún está por verse hasta qué punto tendrá consecuencias prácticas positivas para los cubanos en el corto plazo. En todo caso no resulta difícil afirmar que el sistema comunista impuesto a la isla, y que ya lleva más de medio siglo en vigencia, resulta poco viable en la actualidad y está destinado a modificarse radicalmente o a desaparecer por completo.

Allende y la Unidad Popular

En Chile las fuerzas de extrema izquierda no apelaron a la formación de guerrillas sino que buscaron hacerse del poder por la vía electoral. Existían en ese país, ya desde la primera mitad del siglo XX, dos fuertes partidos políticos de tendencia marxista: el Partido Socialista y el Partido Comunista. Si bien la Revolución Cubana despertó profundas simpatías en ambos partidos y seguidores apasionados sobre todo entre los socialistas, estas dos fuerzas políticas confiaron en el camino democrático porque Chile tenía una larga tradición de respeto a las instituciones y porque, además, ellas poseían un caudal suficiente de votos como para entrar con perspectivas de éxito en el juego electoral.

Después de varias tentativas infructuosas la izquierda, por fin, logró un resonante triunfo en las elecciones de 1970. Se presentó en una coalición que se denominó Unidad Popular (UP) y obtuvo para su candidato a presidente, Salvador Allende (1908-1973), el 36.6% de los votos, lo que la colocó en el primer lugar de las preferencias electorales, aunque a muy poca distancia de sus dos oponentes principales. El indudable atractivo de la UP era que prometía un socialismo en libertad, es decir, abandonar el sistema capitalista por completo, pero manteniendo las libertades ciudadanas, el multipartidismo y la división de poderes; su promesa era la de construir el socialismo pero respetando la institucionalidad chilena.

Allende asumió la presidencia a fines de 1970 pero su gobierno resultó crecientemente conflictivo. Al comienzo, gracias a algunas medidas populistas como el aumento de los salarios por decreto y la congelación de precios, reinó en el país un ambiente bastante favorable a sus acciones, pues puede decirse que el inmediato aumento del consumo que estas medidas produjeron le generó el apoyo de casi la mitad de la población. Pero pronto se tomaron medidas que atentaron directamente contra la propiedad privada, aumentaron las expropiaciones y se buscaron “resquicios legales” (como la aplicación de viejos decretos y la interpretación interesada de las leyes) para seguir adelante con los cambios y mantener sin embargo una apariencia de legalidad.

La situación económica se deterioró: no había nuevas inversiones, ante el temor a las expropiaciones, los transportistas y otros gremios hacían huelgas y las divisas se acababan, en medio de una inflación cada vez mayor y el agudo desabastecimiento de los productos más elementales. Las elecciones de 1973 mostraron que el régimen de Allende ya no poseía el apoyo electoral que había tenido y, ante los temores de una especie de golpe de mano extremista –alentado por los cubanos y ejecutado por el ala extrema de los socialistas– el congreso pidió a las fuerzas armadas que intervinieran. Un golpe de estado acabó con el experimento de ese socialismo en libertad que puede considerarse, sin duda, como un rotundo fracaso, porque no alcanzó a llevar a Chile al socialismo que pregonaba ni pudo mantener, tampoco, las libertades ciudadanas y el juego normal de las instituciones democráticas.

El triunfo sandinista en Nicaragua

Después de los sucesos de Chile la izquierda marxista de América Latina volvió a considerar la lucha armada como su estrategia principal. Hubo guerrillas urbanas muy activas en Uruguay, Argentina y otros lugares, pero solo alcanzaron el éxito, en condiciones muy peculiares, en Nicaragua. Allí la dictadura de Anastasio Somoza García (1896-1956), iniciada a mediados de los años treinta, se había convertido en una verdadera dinastía, llevando al poder, sucesivamente, a dos hijos del dictador. Los Somoza eran casi como los dueños del país: gobernaban sin dejar espacio a la oposición, poseían innumerables fincas y empresas y habían acumulado una inmensa fortuna. Pero después del corrupto manejo de la ayuda internacional que llegó al país como consecuencia del terremoto de 1972, creció la oposición en toda Nicaragua y se fortaleció el movimiento guerrillero que vanamente había tratado de derrocar a los Somoza, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Esta guerrilla de origen castrista, fundada en 1961, logró crecer y convertirse en la fuerza armada que, en medio de una situación de rechazo general al régimen, y con apoyo de los Estados Unidos y otros países, logró el fin de la dinastía somocista en 1979.

[1]1 En esta acepción, la utilización de la palabra «liberal» tiene un origen español inequívoco. Fue acuñada y empleada por vez primera, en ese sentido, por Agustín Argüelles en el Discurso preliminar de la Constitución española de 1812, aprobada en Cádiz.

[2]2 En nuestra narración no incluiremos a Brasil, un país que, si bien forma sin duda parte de América Latina, ha seguido un derrotero algo diferente al de Hispanoamérica, área donde concentraremos nuestro análisis.

[3] También llamado, según la traducción de su nombre, Benedict, Benedicto o Benito.

[4] Spinoza, Benedict de, Tratado teológico-político, Barcelona, Atalaya, 1994, pp. 410-411. Las palabras que siguen se encuentran en las páginas 414 y 417. El texto fue publicado por primera vez en 1670.

[5] Parte de esta sección la hemos adaptado de nuestro libro El amanecer de la libertad, Madrid, Unión Editorial, 2011.

[6] El caso de la esclavitud, muy extendida en los estados sureños, quedó postergado para posteriores decisiones: no se pudo llegar a un acuerdo para eliminarla en ese momento, con lo que se mantuvo una desigualdad esencial de condiciones que contradecía el espíritu y el texto del resto de la constitución.

[7] Se ha conservado la redacción original del documento.

[8] Juan Bautista Alberdi, citado por Oscar Terán, Historia de las ideas en la Argentina, ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 2008, p. 92.

[9] Solo Brasil logró, entre 1822 y 1889, instaurar este sistema en la América Latina pero lo hizo, por cierto, gracias a las muy diferentes circunstancias en que se dio su independencia con respecto a las naciones que se independizaron de España. V. nuestro texto, ya mencionado, El amanecer de la libertad, la Independencia de América Latina, capítulos IV y X.

[10] En Iván Jaksic y Eduardo Posada Carbó, editores, Liberalismo y poder, Latinoamérica en el siglo XIX, ed. FCE, Santiago de Chile, 2011, p. 35.

[11] V. ídem, pág.121.

[12] V. Alejandro Gómez, José del Valle, el político de la Independencia Centroamericana, ed. Universidad Francisco Marroquín, Guatemala, 2011.

[13] Sobre el tema me he extendido en mi libro El amanecer de la libertad, ya citado, analizándolo más a fondo.

[14]Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, que se encuentra completa en: http://www.hacer.org/pdf/Bases.pdf , consultada el 23/10/2014.

[15] José Antonio Aguilar Rivera, La geometría y el mito, ed. FCE, México, 2010, p.

[16] Sonia Alda Mejías, “El debate entre liberales y conservadores en Centroamérica. Distintos medios para un objetivo común, la construcción de una república de ciudadanos (1821-1900)”, en Espacio, tiempo y forma, Serie V, H. Contemporánea, t. 13, 2000, págs. 279-81.

[17] V. Carlos Malamud, Historia de América, ed. Alianza, Madrid, 2005, pp. 350 y ss.

[18] Sonia Alda, obra citada, pág. 304.

[19] V. Paul Johnson, Tiempos modernos, ed. Vergara, que puede encontrarse en: http://socialesenpdf.files.wordpress.com/2013/08/34873964-johnson-paultiempos-modernos-la-historia-del-siglo-xx.pdf consultada el día 24/10/2014.

[20] Hemos desarrollado el tema que tratamos en las páginas siguientes en nuestro libro El fracaso del intervencionismo, Caracas, ed. Panapo, 1999, disponible hoy en versión digital actualizada, http://www.amazon.com/Fracaso-del- Intervencionismo-Spanish-Edition-ebook/dp/B007D84ZIA En el capítulo 2 remitimos al lector a ese libro para un análisis pormenorizado de este tema, que incluye un examen histórico detallado de lo ocurrido en ocho casos nacionales y unas conclusiones generales sobre lo acontecido en esos años.

El FSLN se convirtió, casi de inmediato, en el verdadero depositario del poder. Pronto comenzó a desarrollar una política de tipo socialista al estilo cubano: arrinconamiento de la oposición, ampliación del sector estatal de la economía, controles y amenazas cada vez mayores a la empresa privada. Con apoyo de la Cuba castrista el gobierno de Nicaragua se dedicó a apoyar a los movimientos guerrilleros que, en El Salvador y Guatemala, seguían su misma orientación. Con una fuerte oposición al marxismo entre la opinión pública y una acción intensa del ejército estos dos países lograron escapar a la presión de la guerrilla, aunque el saldo de víctimas fatales fue inmenso, no solo entre los combatientes sino sobre todo entre la población civil de las áreas rurales.

Pero los sandinistas no lograron mantener el poder tanto como otros movimientos marxistas. Acosados por una guerrilla que comenzó a combatirlos y en medio de una situación económica realmente desastrosa a la que llevaron sus políticas estatistas, el FSLN perdió apoyo y se vio, hacia finales de los años ochenta, en una situación de creciente debilidad. La presión internacional los obligó a realizar en 1990 unas elecciones relativamente libres pero, a pesar de todas las ventajas que tenían, las perdieron. La expansión comunista en América Latina había concluido, pues los fracasos de los regímenes que impuso y, en el plano internacional, la disolución de la Unión Soviética, habían terminado por  frustrar todos sus intentos de penetrar y expandirse en la región. Solo Cuba quedó, después de estos años, en un campo comunista que hoy es más una rareza política en el mundo que la pujante fuerza que fuera en otros tiempos.

Dictadura y democracia

Si bien, como decimos, el comunismo fracasó casi por completo en Latinoamérica, su legado indirecto fue muy negativo para la libertad de nuestras naciones. En primer lugar porque difundió una visión del mundo que, muy arraigada entre nuestros intelectuales y académicos, logró que sus conceptos y sus valores fuesen aceptados por buena parte de la población: aún hoy son frecuentes los análisis que se basan en la lucha de clases, en la idea de que el capitalismo es un sistema explotador que debe ser controlado y compensado por la acción estatal, en el repudio a las formas republicanas de gobierno limitado y su propensión a deslegitimar los gobiernos que existen y justificar la violencia política. Su influjo, como veremos, se ha extendido también hacia los nuevos populismos que en el siglo actual se han asentado en nuestra región.

Pero, de un modo más concreto, la amenaza de las guerrillas inspiradas por el comunismo cubano produjo otro resultado adverso que retrasó el desarrollo institucional de nuestros países: la existencia de grupos insurgentes armados, o de formaciones políticas que abiertamente promovían la insurrección –como en Chile– propiciaron que se instauraran dictaduras militares o regímenes de democracia limitada que se alejaron –como es obvio– de los principios de la democracia liberal. En Guatemala, El Salvador, Nicaragua, la República Dominicana, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay se establecieron gobiernos autoritarios que, con el pretexto más o menos real de la amenaza comunista, impusieron políticas restrictivas de las libertades civiles y políticas. Muchos de estos gobiernos, incluyendo los militares, se orientaron también hacia un amplio intervencionismo económico, creando economías con fuerte presencia estatal.

En América Latina, durante varias décadas, se perdieron así no solo las libertades civiles y políticas sino también las económicas, indispensables para lograr el despegue de los países de la región.  Es cierto que, ya a comienzos de los años ochenta, un nuevo espíritu democrático se extendió por toda América Latina, lo que trajo el retorno de gobiernos civiles y más abiertos en todos los países, con la obvia excepción de Cuba, que se aferró a su sistema totalitario. Pero este proceso resultó muy accidentado y complejo: todavía hoy, de algún modo, seguimos soportando en la región las secuelas de ese pasado de violencia y autoritarismo. Las nuevas izquierdas, ya convencidas de que la insurrección y la guerrilla no son caminos viables para su triunfo, se enfocan ahora en tergiversar la historia para lograr que se condenen violaciones a los derechos humanos que se cometieron hace mucho tiempo, cuando existían encarnizadas luchas por el poder político. Con esto buscan mantener vivo un espíritu de confrontación y de conflicto que, piensan, puede beneficiarlas: sobre la base de una interesada y muy sesgada lectura de la historia todavía hoy se reivindican, en varios países, las luchas de quienes -desde el socialismo marxistaintentaron imponer un sistema que la región sistemáticamente ha rechazado.

Capítulo 9

El nuevo liberalismo y las reformas

Hacia un cambio de mentalidad

Nuestro relato sobre lo ocurrido en América Latina llegó hasta el momento en que, bajo la presión imperiosa de la crisis, muchos países se vieron impulsados a emprender reformas que liberaran de algún modo sus economías, que estaban sometidas a una tutela del estado que las hacía ineficientes y las endeudaba más allá de sus límites. Antes de pasar revista a lo que sucedió, a describir en qué consistieron y hasta donde llegaron dichas reformas, conviene que nos enfoquemos en el contexto en que se produjeron dichos cambios, pues el entorno internacional había sufrido importantes transformaciones en la segunda mitad del siglo XX.

Comenzaremos por mencionar la obra de un economista que, ya mucho antes, había advertido de la inviabilidad del socialismo de como modelo de organización social. Ludwig von Mises (1881-1973), en su obra Socialismo, escrita en 1922, había hecho la crítica más profunda al sistema que se acababa de implantar en la recién creada Unión Soviética. En ella apuntaba que, sin el referente del mercado, los precios que podría fijar un sistema de economía estatizado, centralmente planificado, solo podrían resultar del todo arbitrarios, impidiendo así que los recursos –tierra, trabajo y capital– se asignaran de un modo eficiente. El cálculo económico perdería su base de sustentación pues, en última instancia se fija a través de los precios, precios que están determinados a su vez por una oferta de múltiples compradores y vendedores. Mises –un miembro de la llamada Escuela Austríaca de Economía– defendía en esa obra la economía de mercado y las libertades ciudadanas, pero era prácticamente una voz en el desierto, ante la creciente influencia del pensamiento socialista.[1]

Otro pensador de la misma corriente, Friedrich Hayek (18991992), escribió una vasta obra que estudió las amenazas a la libertad en nuestro tiempo, incursionando en los ámbitos de la filosofía, la sociología y el derecho. En su obra Camino de Servidumbre, escrita en 1944 cuando la guerra ya finalizaba, mostró una preocupación profunda por el camino que estaban tomando las democracias occidentales. En su memorable “Introducción” parte de la idea siguiente:

“No es la Alemania de Hitler, la Alemania de la guerra presente, aquella con la que Inglaterra ofrece ahora semejanza. Pero los que estudian la evolución de las ideas difícilmente pueden dejar de ver que hay más que una semejanza superficial entre la marcha del pensamiento en Alemania durante la guerra anterior y tras ella y el curso actual de las ideas en Inglaterra. Existe ahora aquí, evidentemente, el mismo empeño en que la organización del país realizada para los fines de la defensa se mantenga para fines de creación. Es el mismo desprecio hacia el liberalismo del siglo XIX, el mismo «realismo» espurio y hasta cinismo, la misma aceptación fatalista de los «rumbos inevitables». Y, por lo menos, nueve de cada diez de las lecciones que nuestros más vociferantes reformadores tanto ansían que saquemos de esta guerra, son precisamente las lecciones que los alemanes extrajeron de la guerra anterior y tanto han contribuido a producir el sistema nazi.”[2]

A esta inquietud Hayek responde con un libro en que examina la creciente injerencia del estado en la vida de los ciudadanos, el énfasis por repartir la riqueza, la burocratización y las excusas que se esgrimen para instaurar medidas socialistas en el campo de los aliados. Se detiene en el caso de Inglaterra, país donde reside después de abandonar Austria, acosada ya por el nacionalismo extremo, en1931. Es esta tendencia hacia la adopción de medidas socialistas la que va a derivar, si no en el nazismo, al menos en una forma de estado protector que comienza a construirse apenas concluye la guerra en Europa, cuando el conservador Winston Churchill (1874-1965) –quizás el principal artífice de la victoria aliada– es derrotado por los laboristas en 1945.

La preocupación de Mises y Hayek por las amenazas a la libertad no fue compartida por la mayoría de los intelectuales de su tiempo. Dominaban en la opinión pública fuertes tendencias hacia el igualitarismo y las experiencias de la crisis y de la guerra volcaban a los electores hacia los partidos que ampliaban las funciones del estado para garantizar la seguridad de los ingresos, la educación, la salud y otras prestaciones sociales. Para sentar las bases teóricas que permitieran defender la libertad en esos tiempos difíciles, ellos, con un puñado de pensadores de variadas disciplinas, crearon en 1947 la sociedad Mont Pelerin, que aún existe en nuestros días. Esa iniciativa, junto con otras que se desarrollaron en los Estados Unidos –la creación del Liberty Fund y de la FEE (Foundation for Economic Education), por ejemplo– crearon la semilla y el ambiente intelectual apropiado para un renacer de las ideas liberales que, sin embargo, tardaría aún bastante tiempo en llegar.

El modelo económico de la postguerra y sus profundas limitaciones

Las economías más desarrolladas lograron recuperarse de los estragos de la guerra, volver a crecer y, además, construir ese Estado de Bienestar que la prédica de los socialistas moderados aconsejaba. Todo parecía marchar bien durante los primeros años, lo mismo que en América Latina, donde se aplicaba –con éxito aparente– el modelo de sustitución de importaciones. Pero, ya en los años setenta, comenzó a apreciarse que las políticas económicas intervencionistas poseían fuertes limitaciones. Una multitud de problemas, como el estancamiento con inflación y el tenaz desempleo empezar a agobiar a estos países, poniendo en cuestión el modelo de crecimiento que se había instaurado y que nadie –salvo excepciones, como la de la mencionada sociedad Mont Pelerin– se atrevía a discutir. Al final de esa década comenzó, impulsada por la necesidad de superar las dificultades mencionadas, una nueva política económica y una nueva manera de enfocar los problemas económicos y sociales.

Ya mucho antes, pero como un caso aislado, se había dado un vuelco a la política intervencionista en Alemania, produciendo lo que se dio en llamar el milagro alemán. Allí, en las tres zonas que ocupaban los occidentales, y que se unieron luego para formar la República Federal Alemana (RFA), un economista brillante, Ludwig Erhard (1897-1977) tuvo la oportunidad de demostrar el valor y la eficacia de una economía de mercado. Ocupándose primero de la economía de las zonas de ocupación aliadas y luego de la nueva RFA, Erhard hizo una reforma monetaria audaz, eliminó precios fijos, cuotas de producción y restricciones al comercio y llevó a su país a décadas de crecimiento ininterrumpido, levantándolo de las cenizas de la guerra para convertirlo en una potencia económica de primera magnitud. Pero el ejemplo de Erhard no fue seguido más allá de sus fronteras, salvo en casos aislados, como el de la entonces colonia inglesa de Hong Kong, en China, y más adelante en Singapur, Corea y Taiwán. En el resto del mundo, incluida nuestra región, se continuó con ese intervencionismo que, en nuestro caso, llevó a la ya comentada crisis de los años ochenta.

Se inician las reformas

La economía mundial fue sacudida, a fines de 1973, por una enorme alza de los precios petroleros. Esta circunstancia agravó las dificultades que provocaba el modelo intervencionista que se venía siguiendo en casi todas partes. El desempleo y la inflación, como dijimos, se manifestaron simultáneamente, poniendo en tela de juicio los conceptos y las políticas de la visión keynesiana que seguían casi todos los gobiernos, pues ya el aumento de los impuestos y de los gastos del estado no lograban reactivar una economía sujeta a controles de todo tipo, en la que el estado jugaba un rol fundamental. En varios países del mundo, muy diferentes entre sí, líderes de muy distinta formación comprendieron que era indispensable abandonar las formas en que se conducían las actividades económicas y comenzar a transitar nuevos caminos.

El primero en dar un vuelco hacia una economía más libre fue, nada menos, que Augusto Pinochet (1915-2006), un militar acostumbrado a la verticalidad del mando, ajeno por completo a una formación política que pudiese llamarse como liberal. Pinochet encabezó en 1973 el golpe de estado que derrocó al socialista Salvador Allende que, como ya lo hemos mencionado, había producido una polarización política que socavó el orden institucional de su país y la economía chilena en ruinas: la producción presentaba un descenso del 6%, el déficit fiscal se aproximaba al 30% del producto total del país, la inflación superaba con creces el 400% anual y el país, prácticamente, carecía de reservas internacionales; las confiscaciones y el rígido control socialista, en un clima de creciente enfrentamiento político y social, habían hecho colapsar –prácticamente– todo el sistema productivo del país.[3]

Un firme y decidido anticomunista Pinochet comenzó a desmantelar los partidos y grupos de tipo socialista que habían llevado a Chile a esa tremenda situación, reprimiendo con toda su fuerza a quienes se inclinaban por una ideología socialista. En materia económica los gobernantes militares deseaban superar la difícil situación en que se encontraba su nación y desconfiaban de cualquier medida que pudiese tener semejanza con la política seguida en los últimos tiempos, pero no tenían una alternativa clara que ofrecer. Después de varias consultas, sin embargo, se decidieron a seguir el rumbo que un grupo de economistas formados en la Escuela de Chicago recomendaban para superar la crisis. Ellos, formados en las ideas del liberalismo que propiciaba Milton Friedman (1912-2006) adoptaron una serie de reformas que, en pocos años, comenzaron a dar sus frutos: redujeron drásticamente el gasto del estado – eliminando funcionarios y todo tipo de subsidios– fomentaron la apertura del país a los capitales de todo el mundo, redujeron drásticamente los aranceles y crearon un sistema de seguridad social basado en administradoras privadas de los fondos de los trabajadores. Los resultados fueron impresionantes: Chile superó la crisis de la deuda que se abatió sobre la región a comienzos de la década siguiente y encaminaron al país hacia el desarrollo sostenido que exhibió en las décadas siguientes, y que han colocado a Chile como el país de más altos ingresos por habitante en toda América Latina.

Mientras esto acontecía en el sur del continente otros dos países, de un modo totalmente independiente, emprendían también reformas liberalizadoras de su economía: Deng Xiaoping (1904-1997), en China, emprendía a partir de 1979 la compleja tarea de ir desmantelando la cerrada economía comunista que había heredado de la revolución. Comenzó por abolir el sistema colectivista de las “comunas” agrícolas, que había producido un enorme descenso en la producción de alimentos, dando mayores facilidades para la explotación privada de la tierra. Otra medida fundamental fue la creación de zonas económicas especiales que, copiando el éxito de la colonia de Hong Kong, se fueron creando en las zonas costeras. China ha proseguido liberalizando sin pausa su economía en las décadas siguientes, alcanzando un crecimiento económico sin parangón en el mundo contemporáneo: centenares de millones de personas han abandonado las miserables condiciones en que vivían y hoy muestra un desarrollo pujante que es envidia y modelo a copiar para muchos países, especialmente en Asia. Es cierto que el Partido Comunista sigue manteniendo un férreo control político en el país, pero no es posible negar que la economía cada vez más libre de los chinos es el motor de ese crecimiento, que ha hecho de China la segunda potencia económica mundial.

En el mismo año, 1979, asumió el poder en la Gran Bretaña la primer ministro conservadora Margaret Thatcher (1925-2013), la primera mujer en la historia en llegar a ese cargo en el país. Thatcher emprendió igualmente una política de liberalización económica, quebrando el dominio de los poderosos sindicatos que se le oponían. Privatizó muchas de las innumerables empresas que pertenecían al sector público, redujo subsidios, equilibró las cuentas del estado y flexibilizó los mercados financieros y laborales para lograr, en pocos años, resultados económicos realmente notables. Dos años después ocurrió algo similar en los Estados Unidos, bajo la guía de Ronald Reagan (1911-2004), el presidente republicano que asumió el poder cuando la economía de su país presentaba nulo crecimiento y una inflación que pesaba con fuerza contra el consumidor. Varios países europeos y asiáticos siguieron estos cambios, que en todos los casos dieron resultados nítidamente positivos y fueron, como veremos, seguidos también en buena parte de América Latina.

En todos estos casos, más allá de las circunstancias políticas concretas, se pudo apreciar que las libertades económicas producían resultados verdaderamente notables. Rotas en parte las trabas que el intervencionismo estatal había impuesto a la acción libre de los particulares florecían el comercio, la industria y la agricultura, se ampliaban los horizontes de quienes tenían ideas para crear y producir y, en definitiva, se daban pasos significativos hacia el bienestar de la población. Gobiernos civiles o militares, comunistas como el de Deng o anticomunistas como el de Pinochet, alcanzaban resultados positivos en muy pocos años cuando adoptaban la libertad económica como principio capaz de lograr el crecimiento y eliminar la pobreza.

Las reformas en América Latina

Como acabamos de decir, nuestra región tampoco permaneció ajena a los cambios que, en diversas latitudes, se estaban experimentando a partir de finales de la década de los setenta. Chile fue el primer caso en que se desmanteló, con excelentes resultados, el sistema de economía  fuertemente intervenido por el estado que prevalecía hasta entonces. El resto de la región, para esas fechas, se hallaba todavía sumida en su nefasta política de sustitución de importaciones, que en mucho la aislaba del exterior, y afrontaba ya –a partir de 1982– la crisis de la deuda a la que nos hemos referido en el capítulo anterior. La situación era pésima en el plano económico pero alentadora en lo político, pues para esa misma época se estaba reafirmando la democracia en la mayoría de los países de la región. Nuevos gobiernos, elegidos popularmente, comenzaron a reestablecer las libertades políticas y civiles de los ciudadanos: un nuevo ambiente, con libertad de acción para los partidos políticos, una prensa libre y ausencia de represión comenzó a extenderse de un país a otro, en un proceso que barrió con las dictaduras que existían hasta entonces.

Pero este cambio político, aunque parezca paradójico, dificultó en muchos casos el inicio de las reformas: gobiernos como los de Alfonsín (1927-2009) en Argentina, Lusinchi (1924-2014) en Venezuela y Alan García (1949) en el Perú se resistieron a tomar las audaces medidas que se necesitaban para salir de la crisis, pues estaban demasiado apegados al viejo modelo económico y todavía tenían una ingenua fe en el estado como “motor y promotor del desarrollo”. Esta reticencia, sin embargo, no pudo durar muchos años: ante la galopante inflación, el desempleo masivo y un estancamiento productivo que se agravaba con los años, nuevo líderes se lanzaron por el camino de las reformas en el que ya Chile los había precedido.

El primero en hacerlo fue Bolivia que, guiada por su histórico líder Víctor Paz Estenssoro (1907-2001), comenzó a poner orden en sus finanzas públicas y derrotó en poco tiempo la inflación. Paz Estenssoro, que había impulsado medidas de corte muy estatista treinta años antes, unificó los impuestos, redujo drásticamente el gasto del estado, eliminó subsidios y tomó otras medidas que dieron un nuevo impulso a una Bolivia que, así, se encaminó por una senda de mayores libertades. En México, Carlos Salinas de Gortari (1948), quien asumió el poder en 1988, emprendió desde el comienzo un programa de parecidas reformas, donde se destacó el amplio proceso de privatizaciones que llevó a cabo en poco tiempo. Parecidas reformas se emprendieron en Venezuela (1989), Perú (1990) y Argentina (1991) aunque en el primero de estos tres casos las reformas fueron bastante limitadas. En pocos años también Brasil, Ecuador, Uruguay y otras naciones adoptaron nuevas políticas más favorables al mercado, en el clima de renovación y cambio que se extendió mundialmente después del colapso que sufrió el comunismo y con el ejemplo de los éxitos que ya empezaban a cosecharse en Chile, los Estados Unidos, el Reino Unido y las otras naciones que habían emprendido reformas similares.

¿En qué consistieron estas reformas? ¿Por qué esa ola de cambios, que parecían casi concertados y que muchos atribuyeron a la presión internacional? Si estudiamos la situación en su conjunto, como lo hemos hecho en otro libro[4], encontraremos que estas transformaciones casi simultáneas no se debieron en principio a la presión de organismos internacionales ni a la de los Estados Unidos, pero que tampoco se hicieron porque los gobernantes que las encabezaron tuvieran una visión del mundo de tipo liberal, una auténtica convicción de que las libertades económicas y políticas fuesen la clave para lograr el despegue de sus naciones: las reformas fueron, ante todo, una respuesta a la crisis que simultáneamente vivían los países latinoamericanos, producto de sus equivocadas políticas de las décadas precedentes. Porque la crisis, en algunos casos, era brutal, profunda, imposible de pasar por alto: inflaciones que hacían cambiar los precios diariamente y licuaban los ahorros y los salarios, fuga de divisas, escasez de importaciones, desempleo, falta de inversión… en fin, situaciones a las que había que enfrentar gustase o no a los gobernantes de turno. Por eso ellos, que no eran liberales y tenían más bien un pasado que los inclinaba hacia el intervencionismo estatal, tuvieron que asumir un cambio para el que no estaban preparados: algo había que hacer, y pronto, porque de otro modo se aproximaban peligrosamente a un colapso económico, pero también político y social.

Un punto fundamental, en esas condiciones, era eliminar o reducir a proporciones mínimas el déficit fiscal, pues no se podía enfrentar los gastos del gobierno con los ingresos que se recibían ni seguir emitiendo moneda de un modo desenfrenado. Para ello se implementaron, en todas partes, medidas obvias que aumentaran los ingresos y redujesen los gastos. En el primer sentido se unificaron impuestos y se creó el IVA (impuesto al valor agregado), que resultaba más fácil de cobrar y tenía la ventaja de seguir el paso a la inflación. La reducción de los gastos se concentró en la eliminación de subsidios, la venta de empresas estatales deficitarias y la reducción del empleo público, aunque en este último sentido los cambios no fueron realmente profundos. Junto con estas medidas se detuvo la emisión de moneda sin respaldo y, para permitir que funcionasen los mercados, se liberaron la mayoría de los precios: se acabó con la mayoría de los controles que fijaban precios absurdos, se liberó el cambio de moneda extranjera y se dejó fluir, más o menos libremente, los intereses bancarios. Estas medidas inmediatas –que se llamaron en algunos casos “paquetes de ajuste”– tenían que ser complementadas con otras de mayor alcance para que pudiesen producir los efectos beneficiosos deseados. Ellas eran la apertura del comercio internacional, la eliminación de restricciones al capital extranjero y las privatizaciones.

El comercio internacional, como dijimos en un capítulo anterior, había sufrido una disminución y una severa distorsión por los altos aranceles, los impuestos que se cobraban a las mercancías importadas para favorecer el nacimiento o desarrollo de industrias locales, clave para la política de industrialización por sustitución de importaciones. Protegidas por estas barreras al comercio aparecieron así multitud de empresas que no tenían el acicate de la competencia y que, en general, resultaron muy poco eficientes, produciendo bienes caros y de baja calidad en comparación con los estándares internacionales. Al disminuir o eliminar los altos aranceles existentes la población pudo tener acceso, en poco tiempo, a los bienes más baratos que ofrecía el mercado internacional, con lo que aumentó su nivel de consumo y su calidad de vida. Es cierto que muchas empresas protegidas tuvieron que cerrar sus puertas o emprender fuertes procesos de reorganización, pero de hecho no se produjeron las consecuencias terribles que muchos habían augurado: no aumentó el desempleo, no hubo quiebras masivas y, en la mayoría de los casos, las empresas anteriormente protegidas encontraron nuevos nichos de mercado donde desarrollarse y prosperar.

Para complementar esta apertura con los avances tecnológicos propios de nuestra era de globalización era preciso, además, que llegaran a Latinoamérica los capitales a los que la región había cerrado sus puertas durante los años precedentes. Se creía, siguiendo las falsas premisas del nacionalismo económico, que los capitales foráneos invertían poco y se llevaban inmensas ganancias, empobreciendo así a los países. Nada de esto ocurría, en realidad, pero la ideología reinante impidió, por muchos años, que se reflexionara más objetivamente sobre el aporte que, en empleos, creación de empresas proveedoras y dinamización de la economía en general, podían aportar los capitales que tanto necesitaban nuestros países para crecer y mejorar las condiciones de vida. Como parte del proceso de reformas se abolieron muchas de las restricciones a la entrada y salida de capitales, lo que produjo en pocos años un crecimiento que sacó a nuestra región del marasmo de la crisis.

Las privatizaciones, por otra parte, resultaron también esenciales, pues reducían los gastos del estado al no tener que desembolsar, de los dineros públicos, las enormes sumas que se necesitaban para su funcionamiento: eran por lo general empresas ineficientes, con excesivo personal que se contrataba por razones políticas, que ofrecían servicios o productos subsidiados e incorporaban poca inversión en tecnología. Al no tener que asumir estas pérdidas y, por contrapartida, recibir los ingresos por su venta, los estados mejoraron con rapidez su situación financiera. Pero quizás su importancia mayor reside en que producen un cambio más profundo: “Vender activos públicos representa un modo, directo y simple, de reducir la importancia del estado frente a la sociedad civil, significa reorientar la economía hacia la apertura y el mercado, dando a los particulares un mayor peso en las decisiones económicas”[5]y en el balance general del poder.

Los beneficios y las ventajas que estas reformas proporcionan, en términos generales, llegaron de un modo u otro a nuestros países. Pero en la realidad de la política práctica no todos estos cambios se realizaron del mejor modo posible: muchas reformas fueron incompletas o mal estructuradas, otras dieron pie a graves actos de corrupción –como algunas privatizaciones– y, en casi todos los casos, se puso un alto a todo cambio cuando se superaron los efectos más graves de la crisis. Nada de esto debería asombrarnos, claro está, porque la apertura de la economía la hicieron seres humanos corrientes, sujetos a todas las presiones normales de la política, y para colmo –casi siempre– personas que no estaban guiadas por la búsqueda de un nuevo orden económico y social sino por el interés de resolver problemas coyunturales, inmediatos. Por estas razones, pero también por otras de tipo muy diferente, se hicieron en medio de un clima político a veces adverso y siempre bastante tenso y conflictivo.

La oposición a las reformas surgió de dos fuentes principales: por una parte, de quienes se vieron directamente afectados en sus intereses y, por otra, de los defensores de las ideas que en esos momentos se estaban abandonando en la práctica. En el primer sentido hay que apuntar la tenaz resistencia de los sindicatos de empleados públicos y de las empresas del estado –a los que se quitaba privilegios con las privatizaciones– y de los empresarios que vivían bajo la campana protectora de los aranceles, las exenciones impositivas y los contratos como proveedores del estado. Todos estos grupos, y algunos otros más, tenían interés en mantener los privilegios que, a costa del resto de la sociedad, habían poseído durante largo tiempo.

Pero no se trataba solo de intereses materiales: una arraigada manera de pensar, que se había convertido en una especie de dogma, hacía que políticos, intelectuales y periodistas se sintieran profundamente alarmados por lo que consideraban una perjudicial manera de reducir el papel del estado en todas las esferas. Algunos pensaban que, con las privatizaciones, se lesionaba severamente la soberanía nacional, olvidando que la ineficiencia y el atraso de las empresas públicas ponían a sus países en serias desventajas que –esos sí– los colocaban en posición de seria minusvalía en el concierto internacional. Otros insistían en mantener el papel social de unos estados que, con sus subsidios, mantenía precios artificiales que beneficiaban a los consumidores. No alcanzaban a comprender que esas políticas en realidad eran del todo perjudiciales pues, al imponer gastos imposibles de sostener, se abría el camino a una inflación galopante que –sin duda alguna– reducía brutalmente el nivel de vida de asalariados, jubilados y pensionados, los miembros más vulnerables de la sociedad. La resistencia al cambio, a cualquier tipo de cambio, se unía a estas falsas ideas.

Los detractores de los cambios, que no eran pocos, acusaban a los organismos internacionales, como el FMI (Fondo Monetario Internacional) de promover lo que llamaban neoliberalismo, una política que según ellos favorecía a los más ricos en detrimento de los más pobres y anulaba la presencia del estado en la sociedad. De nada valió para estas personas que las reformas produjeran sensibles resultados positivos en el curso de muy pocos años o que, en realidad, los estados siguieran manteniendo un alto nivel de gasto público y una fuerte presencia en todos los ámbitos, a pesar de los cambios introducidos. El neoliberalismo era para ellos –y lo es todavía– un monstruo de mil cabezas, una ideología que provocaba el empobrecimiento, un fantasma a combatir por todos los medios. Pero, cabe preguntarnos ¿qué era eso del neoliberalismo? ¿Existía en realidad? ¿De dónde surgía ese vocablo, ese concepto que nadie se preocupaba por definir con claridad?

El llamado neoliberalismo

Hacia la mitad del siglo XX algunos autores comenzaron a utilizar este término sin que eso significara que hubiesen elaborado una teoría distinta a la del liberalismo clásico o una posición política consistente: en general se proponía una mezcla de liberalismo económico, con una economía de mercado libre, combinada con políticas sociales enmarcadas dentro de lo que se llama el estado de bienestar, aunque otros proponían cierta intervención del gobierno en materia monetaria que aceptaba algunos postulados del keynesianismo.

El término, por su misma vaguedad y porque no se convirtió en una posición política o filosófica nueva, fue rechazado por muchos liberales que sostenían los principios clásicos de la defensa de la libertad en todas las esferas. Su uso no se generalizó hasta muchos años después, en Latinoamérica, cuando defensores de las políticas estatistas contra los cambios que se estaban operando en Chile lo retomaron como una forma de crear un término peyorativo y descalificador. Hacia finales de la década de los ochenta ya no existían “neoliberales”, pues nadie se reconocía como tal, y solo se había creado una especie de mote agresivo para criticar todo aquello que se apartara de las políticas socialistas en lo económico o lo social.

Interesante y oportuno es transcribir aquí lo que en 1999 escribió Mario Vargas Llosa (1936) al respecto:

“Me considero liberal y conozco a muchas personas que lo son y a otras muchísimas más que no lo son. Pero, a lo largo de una trayectoria que comienza a ser larga, no he conocido todavía a un solo neo-liberal. [...] Un “neo” es alguien que es algo sin serlo, alguien que está a la vez dentro y fuera de algo, un híbrido escurridizo, un comodín que se acomoda sin llegar a identificarse nunca con un valor, una idea, un régimen o una doctrina. Decir “neo-liberal” equivale a decir “semi” o “seudo” liberal, es decir, un puro contrasentido. O se está a favor o seudo a favor de  la libertad, como no se puede estar “semi embarazada”, “semi muerto”, o “semi vivo”. La fórmula no ha sido inventada para expresar una realidad conceptual, sino para devaluar semánticamente, con el arma corrosiva de la irrisión, la doctrina que simboliza, mejor que ninguna otra, los extraordinarios avances que al aproximarse este fin de milenio, ha hecho la libertad en el largo transcurso de la civilización humana.”[6]

Los principios de la libertad, tanto en lo político como en lo económico –y diría también, lo que para mí es muy importante, también en el plano de la cultura, el arte y la vida personal– tienen una larga trayectoria que se afianza en valores comunes: el respeto a la decisión del individuo frente la comunidad o el estado, la búsqueda de un marco normativo y legal que garantice la libertad de todos contra posibles abusos, la posibilidad de pensar, trasladarse, trabajar e intercambiar sin que se impongan a la persona más restricciones que las inevitables para garantizar la civilizada convivencia. Es lógico que, estos principios, hayan asumido formas concretas a lo largo de los siglos: el mundo de hoy es obviamente distinto al que vio nacer y actuar a personas como Spinoza, Jefferson o Mises, para mencionar algunos nombres al azar. Pero la proposición de políticas o normas específicas, adaptadas al contexto de cada época o lugar, no rompen la continuidad esencial de esos principios y valores que unen a todos los que han luchado contra la opresión y las restricciones que siempre se han tratado de imponer al libre desenvolvimiento de los individuos. Por eso no tiene sentido, tampoco, usar nuevos términos para significar lo que es una simple adecuación a las circunstancias. Si adoptáramos esta forma de denominar las cosas tendríamos que hablar también de “neocristianos” –porque el cristianismo de hoy es bien diferente al de la edad media o la antigüedad– o de “neocientíficos”, para distinguir a quienes hoy hacen ciencia de un modo muy diferente a lo que se hacía, por ejemplo, en el siglo XVIII. Utilizar estos neologismos sería notablemente absurdo y rompería la unidad conceptual de corrientes o formas de pensamiento que evolucionan, sin rupturas, a lo largo de los siglos. Por eso, y por las otras razones apuntadas más arriba, es que el término neoliberalismo solo ha quedado como esa especie de insulto que lanzan, todavía hoy, quienes no desean que nuestro mundo sea más libre y no pierda las libertades con tantos esfuerzos obtenidas.

Capítulo 10

A la vuelta del siglo

Después de las reformas

Las reformas que se hicieron en América Latina durante las últimas décadas del siglo pasado resultaron exitosas, como dijimos, en cuanto a superar los males más graves y directos de la crisis económica que se vivía entonces: con una política fiscal más prudente se detuvo la incontrolable inflación, llegaron nuevas inversiones a nuestras tierras y se potenció el comercio internacional, todo lo cual favoreció sin duda el crecimiento económico. Pero las reformas se detuvieron en un determinado punto y no se convirtieron en cambios estructurales y permanentes por dos razones fundamentales: los gobernantes las emprendieron sin una verdadera convicción y sin comprender su más profundo significado y, por otra parte, la resistencia de los intereses creados y los viejos modelos de pensamiento fue tal que finalmente impuso un curso contradictorio, confuso y a la postre poco efectivo. En la mayoría de los casos no se volvió atrás, es cierto, pero tampoco se avanzó en las reformas estructurales que hubieran permitido un desarrollo más acelerado: liberación del mercado de trabajo, reducción de la interferencia del estado en la creación de nuevas empresas, racionalización y reducción de impuestos y establecimiento de un marco institucional más confiable y más propicio para el ingreso de nuevas inversiones y para el afianzamiento de la propiedad privada, sobre todo para el caso de los más pobres y de quienes forman parte del llamado “sector informal”.

Después de algunos años, en varios países, este proceso de apertura no solo se detuvo sino que dio una impresionante marcha atrás. Quizás el caso más notable fue el de Venezuela, un país que luego de las muy parciales reformas de Carlos Andrés Pérez (1922-2010) enjuició a este mandatario por un caso muy débil de supuesta corrupción, eligió luego a un presidente de la vieja guardia y, finalmente, entregó el poder a Hugo Rafael Chávez (1954-2013), un militar que había dado un fracasado golpe de estado en 1992 y que fuera perdonado pocos años después. Que el electorado haya elegido entusiastamente a este militar –que obtuvo el 56% de los votos en las elecciones de 1998tenía sin duda un significado realmente profundo: la prédica antiliberal, en la Venezuela petrolera, se unió a una crítica despiadada a la “democracia” para dar por resultado la emergencia de un modelo político y económico que ha significado un retroceso enorme para la libertad.

¿Por qué sucedió esto?, ¿cómo ocurrió que un país que vivía en democracia desde 1958 arrojara por la borda 40 años de su pasado y se entregara a una nueva forma de caudillismo que, por añadidura, asumía francos tonos socialistas? Creemos que el lector apreciará un resumen de los acontecimientos que llevaron a este giro inesperado en una nación que, en poco tiempo, mostró además una vocación expansiva que no se apreciaba en América Latina desde los tiempos de la Revolución Cubana.

El caso venezolano

Venezuela se convirtió en un país petrolero hacia los años veinte del pasado siglo. Sus ricos yacimientos proporcionaron al estado impuestos y regalías de extraordinaria cuantía lo que permitió, andando el tiempo, que este se convirtiese en un verdadero promotor del crecimiento. Sin necesidad de agobiar a la población –mayormente pobre– con altos impuestos, el gobierno pudo ir creando una infraestructura física, amplios servicios de educación y salud, así como también viviendas y servicios públicos modernos. Con la llegada de los socialdemócratas al poder, en 1958, se extendieron las políticas sociales del estado y se disminuyó, bastante sensiblemente, la inversión en la infraestructura del país.

No obstante la intensa política de sustitución de importaciones – que procuró crear una base industrial en el país– y de otras intervenciones de un estado que otorgaba amplios subsidios, poseía muchas empresas y fijaba precios de todo tipo, el país siguió creciendo a buen ritmo durante más de una década: las mejoras sociales de la población generaron un mercado interno de crecientes demandas, que activaron la economía hasta mediados de los años setenta. Pero luego, naturalmente, estas demandas se hicieron mayores y los gobiernos empezaron a tener problemas para satisfacerlas a pesar de los altos precios que alcanzaba el petróleo. La nacionalización de la industria petrolera y enormes inversiones en el área del hierro, el acero y el aluminio no sirvieron para mejorar esta deficiencia, sino más bien para agravarla.

El crecimiento del estado –un estado que tenía rentas “impropias” según lo dijera en su tiempo Adam Smith– comenzó a desplazar a la economía privada. El gobierno, alimentado por los ingresos petroleros, creció en forma desproporcionada con respecto a una sociedad que pasó a depender cada vez más de sus gastos y de algún modo fue ahogada por su poder. La inversión privada se hizo menor frente a la de un estado que se independizó de lo que la sociedad podía aportarle y que, paralelamente, al manejar cifras enormes en sus ingresos y sus gastos, cayó en el pantano de la corrupción.

A partir de 1975 aproximadamente, y a pesar del aumento de los precios del crudo, los gobiernos venezolanos dejaron de responder a los deseos de una población que lo percibía como el proveedor de toda clase de bienes y servicios y que se los exigía de un modo cada vez más conflictivo sin obtener resultados concretos a su favor. Una secuela de esta asimetría fue que Venezuela, como país, se comenzó a endeudar de un modo creciente, hasta que por fin, en 1983, estalló la crisis de la deuda externa que llevó a los gobernantes a imponer un control de cambios y que trajo una paralización de la economía. En poco pudieron compensar esta situación las reformas que se emprendieron a partir de 1989: el país se había empobrecido en términos absolutos, el descontento se mantenía y se expresaba en un rechazo a los partidos políticos y a sus líderes –que se percibían sin distingos como corruptos– y pronto comenzó a poner en cuestión a la misma democracia liberal como forma de gobierno.

En estas condiciones se produjo el intento golpista de Chávez de 1992 que fue acogido con beneplácito por un sector importante de la población. Y el teniente coronel, hábilmente, supo explotar el generalizado deseo de cambio que existía y el apoyo de un amplio sector que, sin expresarlo con claridad, añoraba el mando de un caudillo que por su sola voluntad pusiese a Venezuela por la senda del orden y el crecimiento. El nuevo gobernante procedió rápidamente a convocar una asamblea constituyente, a modificar las leyes electorales y a asumir, apoyándose en este nuevo marco legal, el control total de los poderes del estado.

El socialismo del siglo XXI

El sistema que se impuso en Venezuela, como acabamos de decir, borró por completo la división de poderes que existía previamente. Con la nueva constitución -de extremo carácter presidencialistay saltando por encima de la ley cuando le parecía conveniente, Chávez y sus fieles seguidores pronto se encontraron con la suma del poder político en sus manos, arrinconando a una oposición que –aunque por momentos mayoritaria– nunca tuvo opción alguna de recuperar el control de la situación por medios electorales y no supo encontrar otras vías para desplazar al chavismo del poder.

Así, desde el punto de vista político, el chavismo se convirtió en un nítido retroceso con respecto a los valores liberales que habían prevalecido en el país y en la región desde los tiempos de la independencia: ni la división de los poderes públicos, ni el respeto a las libertades individuales, ni la alternabilidad en el mando fueron reconocidos ya como principios válidos para orientar la vida política. La voluntad del caudillo, como en otros tiempos, fue la única que contó de allí en adelante en Venezuela. El régimen abandonó así toda semblanza de democracia liberal y se encaminó por el sendero del viejo absolutismo, tal como en los tiempos de la monarquía española.

En materia económica Chávez tuvo el tino de no introducir, al comienzo de su gestión, reformas de importancia. Mantuvo el sistema intervencionista previo pero respetó, mientras iba consolidando su poder, la libre empresa y la propiedad privada. A partir de 2003, sin embargo, profundizó las medidas populistas de tinte socializante: creó una variedad de lo que llamó “Misiones”, programas sociales por los que se entregaba dinero o alimentos a millones de personas, estableció un control de cambios sumamente estricto –con el que controló el comercio exterior– y comenzó la expropiación de fincas, comercios e industrias de un modo discrecional y arbitrario, impuso innumerables controles y regulaciones, amenazó constantemente a los propietarios privados y amplió enormemente la esfera de acción económica del estado, con lo que creó una atmósfera de profunda inseguridad jurídica mientras proclamaba que Venezuela marchaba hacia el socialismo.

Pero además Chávez, desde un comienzo, manifestó su abierta simpatía por el régimen comunista cubano. En poco tiempo comenzó a ayudar financieramente a la isla, que era y es incapaz de sostenerse por sí misma, y trajo al país a miles de cubanos que ocuparon puestos en el área de la seguridad, la salud, la educación y el deporte. Luego de pocos años se proclamó socialista y, con la ayuda de los cubanos, estableció un control férreo sobre el ejército, el registro electoral, el sistema de identificación de las personas y el registro de la propiedad inmueble. El país estaba en sus manos.

Consolidada su posición interna el presidente emprendió una ofensiva internacional para conseguir aliados dentro de la región y crear, donde pudiera, regímenes similares al suyo. Su política consistió en alentar a personalidades y grupos disidentes y radicales para que crearan una situación de inestabilidad que les permitiera su ascenso al poder. En varios países no logró resultados positivos, pues su influencia no alcanzaba para cambiar las realidades internas de esas naciones, pero en otros, quizás más débiles, logró resultados favorables: Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua formaron pronto un grupo de naciones proclives a su liderazgo, en tanto que la Argentina de los Kirchner evolucionaba en similar dirección y el Brasil del Partido Trabalhista le daba su apoyo internacional. La receta política chavista se llevó a cabo en los tres primeros países que mencionamos partiendo de cambios constitucionales que, hábilmente utilizados, crearon ese modelo de corte absolutista al que nos hemos referido.

Un nuevo eje político surgió de este modo en la región, un grupo de naciones que se alineó con lo que Chávez, pomposamente, había llamado el “socialismo del siglo XXI”, modelo que en realidad tiene más semejanzas con el fascismo de otros tiempos que con el socialismo de los cubanos y soviéticos. El apoyo al régimen totalitario de Cuba es una de las características distintivas de ese grupo de naciones.

Chávez cambió luego su propia constitución para conseguir, en etapas sucesivas, la ampliación de su mandato, que al final se proclamó como indefinido. Con un buen apoyo electoral, pero controlando la maquinaria electoral de Venezuela mediante presiones y fraudes directos, logró permanecer en la presidencia hasta su fallecimiento, en 2013. Por similar camino van ahora los gobernantes de Bolivia, Nicaragua y Ecuador, países en los que–como en Venezuela– no existe ya tampoco libertad de prensa o esta se halla reducida a su mínima expresión.

La política socializante que inició Chávez ha sido continuada después de su fallecimiento, llevando a Venezuela, ahora, a una crisis económica en la que destacan los males típicos del socialismo: desabastecimiento, carencia de importaciones y de moneda extranjera, profunda recesión económica, languidecimiento o desaparición de la propiedad privada y, con ella, del potencial productivo del país. No han seguido el mismo camino las otras naciones que adoptaron su modelo político -y es probable que no lo hagan a la vista del ejemplo de la crítica situación de Venezuelapero en todo caso el sistema político autoritario, que algunos llaman neopopulismo, parece haberse consolidado y resultará muy difícil de erradicar en el futuro próximo.

Un balance de nuestro presente

La situación que hemos delineado en los párrafos precedentes significa que la América Latina se halla dividida en dos grandes campos bastante diferentes entre sí: por un lado están esos neopopulismos que abrazaron el socialismo del siglo XXI, donde se han perdido libertades civiles y políticas que costó mucho esfuerzo conseguir y que –en variada medida– recusan un desarrollo basado en la libertad económica y el respeto a la propiedad y la iniciativa privada. Son países donde el gasto público amenaza siempre con desbordarse de un modo peligroso y que, por lo tanto, pueden encontrarse en medio de crisis fiscales y económicas de magnitud; en ellos la lucha por las libertades fundamentales de las personas se ha tornado difícil, pues se aproximan a formas autoritarias de ejercer el poder que resultan similares a los caudillismos de pasadas épocas y al absolutismo que dominó el mundo en siglos pasados.

En el resto de la región, por fortuna, la situación es diferente. En la gran mayoría de los países de América Latina -que representan más del 90% de la economía regional y poseen casi toda su poblaciónse mantienen las libertades políticas y económicas, aunque a veces con restricciones que no dejan de ser preocupantes: los electorados tienden a percibir a los gobiernos como dadores de todo tipo de servicios, el estado sigue creciendo a un ritmo mayor que la población o que la misma economía y la desconfianza hacia los políticos y los partidos –alentada por muchos casos de corrupción– generan un ambiente que no es tan distante del que presentó Venezuela a finales del siglo pasado. Apenas se sobrepasa cierto umbral de desarrollo económico, una buena parte de la ciudadanía comienza a presionar –como en Chile– por ampliar la acción del gobierno de modo de crear ese estado de bienestar al que nos referimos en un capítulo anterior.

Muy pocos abogan en nuestra región por las reformas estructurales que harían falta para consolidar las libertades que necesitamos y son escasos, también, los grupos, personas o entidades que se preocupan por el constante aumento de los impuestos y la ampliación de las funciones del estado. Las libertades que se poseen son por lo general poco valoradas: las críticas feroces que a veces se hacen a la política nacional y los brumosos deseos de cambio que sienten amplios sectores de la opinión pública, hacen olvidar que el precio de la libertad es la constante vigilancia.

Los electorados no suelen tomar en cuenta que quienes se presentan como salvadores de la patria son casi siempre poco respetuosos de las libertades de los demás: al creer en una misión trascendente, para sí y para sus seguidores, suelen despreciar las críticas y las libertades ciudadanas, creando un clima de confrontación que agudiza las tensiones y sirve para justificar atentados contra todo tipo de libertades. Como en el caso de Venezuela, la historia muestra que estas pueden perderse en muy poco tiempo pero que, para reconquistarlas, se requiere de una lucha tenaz no exenta de peligros que se aproxima o llega casi siempre a la violencia. Por otra parte han emergido, en casi todas partes, grupos bien organizados que realizan protestas, a veces violentas, ante las cuales los gobiernos reaccionan con timidez, temerosos de ser acusados de violar derechos humanos o políticos. La sacralización de estas protestas y movimientos – que se presentan al público como defensores del ambiente o de grupos sociales desprotegidos, pero que tienen una obvia vocación desestabilizadora– hacen que se debilite peligrosamente al estado, al menos en cuanto a sus funciones esenciales: proporcionar seguridad interna y externa a todos sus ciudadanos.

No queremos, con estas palabras, crear en el lector una sensación de pesimismo, sino advertir de los riesgos de asumir una actitud complaciente ante las amenazas que han surgido contra la libertad en tiempos recientes. Buscamos más bien trazar una visión objetiva, que tome en cuenta tanto los aspectos positivos como los negativos, pues el balance entre la libertad y la opresión nunca se inclina definitivamente hacia un lado o hacia otro: son innumerables los factores que inciden en la marcha compleja de los acontecimientos políticos y en la formación de la opinión pública, tan decisiva para orientarlos.

Los latinoamericanos, aunque con las excepciones mencionadas, vivimos ahora en sistemas democráticos que respetan las libertades políticas y que garantizan algunas libertades civiles y económicas básicas: nos hemos acostumbrado a poder circular sin mayores restricciones dentro y fuera de cada país, a tener cierta estabilidad en el dinero que usamos, a poder comprar y vender monedas extranjeras, a gozar de economías que se expanden de un modo gradual. Millones de personas han salido de la pobreza en nuestra región y ha crecido significativamente el número de quienes disfrutan de las muchas comodidades de la vida moderna. Gracias a las libertades económicas que se respetan en nuestro mundo la riqueza ha aumentado en casi todos los rincones de nuestro planeta, lo que se ha manifestado en mejoras sociales que de ningún modo son intrascendentes: el descenso de la mortalidad infantil, la prolongación de la esperanza de vida, mejores condiciones de salud y de educación para todos.

Latinoamérica no ha permanecida ajena a estos cambios positivos, como lo puede comprobar quien compare el presente con las realidades que, por ejemplo, existían hace cincuenta años. Las reformas de fines del siglo pasado, aunque limitadas y a veces mal llevadas a cabo, han impedido que en nuestros países se sientan con fuerza los estragos de la crisis económica que ha sacudido al mundo a partir de 2007, llevando estancamiento y desempleo a los países económicamente más desarrollados. Es cierto que, en este sentido, falta aún mucho por hacer, pero sería errado concentrarse en nuestras dificultades y carencias y proponer soluciones que, como las de orientación socialista, solo servirían para llevarnos a la opresión y la miseria que hoy muestran los países que –como Cuba o Corea del Norte– insisten todavía en transitar el camino de crear estados omnipotentes que cancelan todas las libertades humanas.

La opinión pública, en las democracias sobre todo, es volátil y muy dada a centrarse en temas de corto plazo, lo que deja de lado los problemas fundamentales que se presentan en la evolución de las sociedades. Para promover los valores de la libertad y contrarrestar las tendencias a la expansión del estado –con sus peligrosas consecuencias–  ha aparecido en la región una multitud de institutos, centros de difusión e investigación y organizaciones civiles que intentan mantener viva la llama de la libertad y oponerse a los avances del absolutismo moderno. Estos centros de pensamiento -o think tanks, como se los denomina en ingléscumplen una labor importante en cuanto a orientar a la opinión pública: algunos de ellos agrupan pocas personas y se dedican solo a difundir ideas favorables a la libertad, otros son organizaciones más amplias que realizan labores educativas, de difusión y de investigación, y todos reúnen a intelectuales, empresarios, estudiantes y académicos interesados en el debate y promoción de las ideas. Su impacto en cada país, como es natural, varía grandemente según las circunstancias del momento político y del debate intelectual que se presenta en cada caso. Pero todos realizan una labor indispensable: con sus seminarios, cursos, publicaciones y eventos, vinculan a quienes quieren evitar los peligros del autoritarismo político y el intervencionismo económico.

En gran parte debido a la larga y sistemática labor que la izquierda emprendiera desde hace ya mucho tiempo, la opinión pública, en nuestros países, se encuentra en general inclinada hacia una visión del mundo que no valora de modo suficiente los ideales de la libertad: la insistencia en ampliar las funciones sociales del estado, en recaudar altos impuestos, en crear burocráticos sistemas públicos de salud y educación, en otorgar ayudas directas con el vano propósito de reducir la pobreza, en cuidar el ambiente, en un papel gubernamental que propicia su intervención cada vez más extendida en la vida cotidiana de los ciudadanos y una perspectiva de derechos humanos que reduce la acción del estado en materia de seguridad son promovidas, hoy, intensamente, por los medios de comunicación, muchos políticos y gran parte del sistema educativo. Cada una de estas tendencias, desde luego, se afirma en necesidades reales; pero el problema es que, desenfocando la acción estatal e impulsándola a cubrir múltiples fines sin proporción ni medida, lo que se obtiene es un resultado paradójico y por lo general lamentable: los estados han descuidado su función básica de proporcionar seguridad a los ciudadanos, el crimen se ha extendido y amenaza sin recato la vida de las personas pacíficas. Ciertos grupos de presión y organizaciones no gubernamentales tienen hoy una presencia y una influencia que va mucho más allá de lo que en realidad representan y promueven esta agenda, a la que se suman los remanentes de los grupos de la izquierda violenta que, derrotados en su intento de tomar el poder por las armas, promueven hoy acciones desestabilizadoras que en poco ayudan al progreso y al reforzamiento de nuestras instituciones.

Contra todo esto se levantan algunas voces que, como la de los centros y organizaciones mencionados, tratan de revertir la influencia de ese pensamiento colectivista que –por ahora– no presenta signos claros de retroceso. Es importante entonces que analicemos, para finalizar este libro, los desafíos que hoy se presentan para América Latina y la forma en que podemos superarlos manteniendo en alto los principios que promueven la libertad plena de sus habitantes.

Capítulo 11

Atisbando el futuro

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que

a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse

los tesoros que encierra la tierra ni encubre el mar.

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha

La perpetua vigilancia

El ser humano suele tener una actitud ambivalente hacia la libertad: cuando siente directamente la opresión, las restricciones o los controles que le impiden desarrollar su vida plenamente, es capaz de luchar de modo denodado para conseguirla; pero cuando la posee suele ir olvidando su valor, la toma como algo natural que nadie puede quitarle y comienza a buscar otros fines, proponiendo o aceptando aquello que, en definitiva, va a cercenar su libertad. Este proceso es tan gradual que por lo general las personas no aprecian en toda su magnitud la libertad que van perdiendo. La seguridad, la igualdad económica o la paz, se colocan así como valores centrales que la desplazan, hasta que puede llegar nuevamente un punto en que, sintiendo su libertad amenazada o ya muy reducida, se decidan a luchar otra vez por recuperarla.

Muchos son los factores que pueden hacer retroceder las libertades conquistadas y por eso, como decíamos repitiendo una frase ya famosa, el precio para conservarlas es la perpetua vigilancia. El poder suele fascinar a quienes lo detentan, como si fuese una poderosa droga, engendrando así una tendencia hacia la tiranía. Los deseos de seguridad que sienten los ciudadanos en las naciones modernas, por otra parte, han hecho crecer al estado de un modo tal que, pensamos, amenaza las libertades elementales que necesitamos para desenvolvernos y perseguir nuestros fines privados. Parecidos efectos han producido las políticas socialistas o las que intentan redistribuir la riqueza, transfiriendo a través del estado una importante fracción de todo lo que produce la sociedad desde quienes generan riqueza hacia los más pobres.

Frente a estas amenazas sutiles o abiertas, y más allá de los vaivenes de la opinión pública o de ideas que se ponen de moda a lo largo del tiempo, pensadores de muy diversa procedencia han tratado de mantener firmes los principios que permiten la existencia de sociedades libres o, para decirlo en forma más precisa, de sociedades en las que los individuos puedan actuar con libertad en persecución de sus propios fines, sin mayor interferencia de los poderes públicos.

Después de la Segunda Guerra Mundial, como ya comentamos, se extendió por el mundo una visión de la política que afectaba fuertemente estos principios. Si bien se hablaba en todas partes de la derrota del totalitarismo y de las libertades políticas esenciales que debían ser recuperadas y mantenidas, la opinión pública se inclinaba hacia soluciones de tipo socialista: expansión de la acción económica del estado, controles, distribución de la riqueza para promover la igualdad pero afectando la propiedad privada, creación de un amplio Estado de Bienestar que cubriría las principales necesidades humanas “desde la cuna hasta la tumba”. Alarmado por esta tendencia, e impresionado por la claridad y la fuerza de Camino de Servidumbre –la obra de Friedrich Hayek que ya comentamos– un joven inglés, Antony Fisher (1915-1988), un empresario que se había destacado como aviador durante la guerra, decidió entrevistarse con Hayek y pedirle consejo: él deseaba incorporarse a la política activa para defender, desde el parlamento, las libertades que veía amenazadas o ya perdidas en Inglaterra. Tenía un sano entusiasmo pero Hayek, sin embargo, lo disuadió. El pensador austríaco le explicó que poco podría cambiar desde el terreno de la política práctica, en la que se vería envuelto en innumerables polémicas coyunturales y desde donde le sería imposible cambiar las tendencias ideológicas que deseaba combatir. El camino, le dijo, era otro.

Se trataba de cambiar las ideas de fondo, los supuestos y los principios de los que se alimentaba la política cotidiana, y para ello era imprescindible luchar en otro plano, el de las ideas sobre la economía, la política y la realidad social, criticando la creciente injerencia del estado en la vida de los individuos y proponiendo, en contrapartida, soluciones compatibles con la libertad para los problemas sociales existentes. Para eso era necesario centrarse en otro plano, más abstracto e intelectual quizás, pero a la postre más influyente. Fisher entonces dedicó sus esfuerzos a crear el IEA (Institute of Economic Affairs) que comenzó sus actividades en 1955 y desde el cual alentó investigaciones, publicaciones, foros y conferencias que poco a poco fueron influyendo en la opinión pública y en los mismos políticos que tomaban finalmente las decisiones. Margaret Thatcher, entre otros, recibieron y aplicaron en parte las enseñanzas que partían de ese centro de pensamiento. Su labor se  proyectó luego internacionalmente, con la creación de una fundación dedicada especialmente a alentar la formación de estos think tanks en todas partes del mundo; más de 150 de estos institutos y centros existen ya como resultado de esta audaz iniciativa, muchos de ellos en América Latina, realizando una labor que constituye un pilar para sostener, desarrollar y difundir las ideas y los principios de la libertad. Otros institutos y centros de no menor importancia, se han creado en todo el mundo con propósitos similares, formando una densa red que estimula la difusión y el desarrollo de ideas y propuestas favorables a la libertad.

Hacia dónde dirigir los esfuerzos

Esta lucha por las ideas, por defender los principios y los fundamentos de la libertad, ha hecho que en el mundo de hoy exista un ambiente menos inclinado hacia el colectivismo y ha resultado esencial por mantener viva una tradición de pensamiento que ahora, nuevamente, se desarrolla con vigor. Pero, si queremos influir en el curso de los acontecimientos contemporáneos, ¿es suficiente con plantear el debate solo en el plano intelectual o es necesario también incursionar en otros terrenos, como el del arte, la política, la historia o la cultura? Creemos que es importante que nos formulemos esa pregunta y, cualquiera que sea la respuesta, avanzar un paso más para interrogarnos sobre los temas y los problemas en que conviene concentrarnos para lograr una mayor influencia en la opinión pública. La libertad es decisiva en muchas esferas de la actividad humana, prácticamente en todas, y eso implica que no debemos limitar su defensa a un solo plano: una existencia libre requiere de libertades civiles, políticas y económicas, pero también de un ambiente social y cultural que favorezca el desarrollo de las personas sin imponerles innecesarias trabas.

Falacias y mitos

En el debate contemporáneo no son pocas las voces que se alzan contra quienes luchamos por nuestra libertad. Existen fuertes resistencias, como decíamos, ante las políticas y propuestas liberales, y hasta se ha acuñado el término de neoliberalismo para descalificarlas y hacerlas responsables de todos nuestros males. En esa visión distorsionada que predomina aún en muchos ambientes se considera que los liberales queremos destruir al estado, que la libertad económica solo favorece a los más poderosos, que somos el exponente de las clases dominantes de la sociedad o simplemente de los ricos y que no tenemos sensibilidad ante la pobreza y la situación de los más necesitados. Esta imagen es completamente falsa, como brevemente mostraremos de seguido al lector, y nunca serán pocos los esfuerzos que hagamos para mostrar las falacias que encierra.

En primer lugar, porque los liberales no deseamos destruir al estado sino reducirlo a las proporciones que consideramos justas para evitar que atente contra nuestras libertades. Y aun los más radicales, los que se llaman a sí mismos libertarios o anarco capitalistas, no proponen su eliminación lisa y llana, sino la construcción de alternativas sociales para suplir sus funciones. El liberalismo clásico se ha ocupado siempre de definir las funciones esenciales del estado y de limitar su acción, no por un afán destructor o revolucionario, sino como una necesaria protección contra la ampliación excesiva de sus funciones, que deriva siempre hacia alguna forma de tiranía. Muchos pensamos que, detrás de estas injustas críticas, se esconde una velada sacralización del estado o una más ramplona defensa de intereses particulares.

En segundo lugar, porque la libertad económica no significa proteger posiciones de poder, monopolios o grupos privilegiados, sino todo lo contrario: libre acceso a los mercados para todos, eliminación de trabas que impiden crear empresas o crecer a las que se inician, libre circulación de capitales, mercaderías y personas. ¿Beneficia esta libertad solo a los más ricos, haciendo que –para usar una vieja expresión– “el pez grande se coma al chico”. La experiencia histórica muestra que no es así, que cada empresa o corporación tiene un ciclo de vida, que constantemente, en tanto que algunas grandes empresas crecen, otras languidecen y se apagan mientras, gracias a la innovación y la creatividad, siempre aparecen otras nuevas, pujantes y capaces de crecer. Quien revise, aunque sea someramente, lo que ha ocurrido en el área de las comunicaciones y la informática en el último medio siglo podrá comprobar lo cierto de estas afirmaciones.

Y, por último, porque la historia de las sociedades modernas muestra también que la pobreza no se combate quitándoles los bienes a unos para dárselos a otros: la pobreza, condición original del ser humano, solo va desapareciendo cuando de mil formas se crea riqueza, pues la economía no es un juego “suma cero”, donde unos ganan a costa de lo que otros pierden, sino una compleja red de interacciones sociales donde todos ganan, aunque unos se enriquezcan rápidamente y otros transiten un camino más accidentado y lento.

Amenazas a la libertad

Tomando en cuenta lo anterior, y con las reservas que surgen de la exposición que acabamos de hacer, nos parece necesario referirnos a dos grandes temas que, creemos, están en la raíz del debate contemporáneo. Ellos son:

1) El crecimiento del estado y la creación de un estado de bienestar: se acepta casi sin discusión, aun entre personas amantes de la libertad, que es responsabilidad de los gobiernos hacerse cargo de los problemas sociales como la pobreza, la atención de la salud, la educación, la vivienda, el desempleo y muchos otros más. La ideología que actualmente predomina en gran parte del mundo –y que podríamos calificar con bastante precisión como socialdemócrata– propicia una economía de mercado, motor que genera la riqueza, pero fuertemente regulada por un estado benefactor y vigilante. En este modelo gran parte de la riqueza que se crea en el sector privado pasa, por medio de altos impuestos, a manos del gobierno, quien la distribuye luego a la sociedad, proveyendo así a la satisfacción de sus necesidades sociales. Este esquema básico, que puede a algunos parecer lógico e inevitable, tiene sin embargo profundas debilidades que es importante hacer notar.

El primer lugar porque la alta presión impositiva resulta gravosa para la economía que, en definitiva, no logra crecer con la velocidad necesaria. Las demandas sociales siempre se expanden, porque todos los grupos sociales desean su tajada en el enorme pastel del reparto, pero el gobierno no puede aumentar indefinidamente los impuestos a una economía privada a la que no deja crecer lo suficiente. Sobreviene así el endeudamiento crónico, que es la norma hoy en todos los países más desarrollados, mientras que –a la par– el bienestar que se promete tiende a estancarse o muchas veces a hacerse ilusorio. Mucho más grave es lo que ocurre en países que, como los de América Latina, no poseen economías altamente desarrolladas: el gobierno agobia a la empresa privada con una presión impositiva debilitante pero no otorga, en contrapartida, más que una caricatura de los servicios sociales que promete. No está de más agregar que, con gobiernos que manejan tan amplias sumas en sus presupuestos, crecen las posibilidades de corrupción y de la ineficiencia en las acciones públicas.

Pero, aun donde el estado de bienestar parece funcionar razonablemente bien, y dejando de lado por un momento el crucial problema de financiamiento al que acabamos de referirnos, ocurre además otro problema, más profundo y de consecuencias todavía más nefastas, como hoy puede apreciarse en buena parte de Europa: el tejido social tiende a debilitarse, las familias pierden por completo su cohesión, los desempleados quedan atrapados en un círculo del que no pueden salir y la responsabilidad individual se diluye por completo. La sociedad se ve así afectada en sus mismas raíces y se producen además divisiones sociales profundas: quienes viven de la mano protectora del estado –y no son pocos– van excluyéndose del resto de la población, dependientes, sin futuro, sin lazos familiares sólidos que puedan ayudarlos.

Y este estado mal llamado benefactor continúa expandiéndose hoy, abarcando en su acción áreas que pertenecían hasta ahora a la esfera privada de los individuos: no solo penetra de manera disruptiva en los lazos familiares, imponiéndonos cómo debemos criar a nuestros hijos o proteger a los ancianos, sino que nos obliga a adoptar coercitivamente medidas de seguridad, nos indica cual es la dieta más saludable, nos controla en cada una de nuestras transacciones económicas y nos impone controles cada vez más estrictos sobre nuestra conducta privada. Muchas de estas medidas parecen justificadas por motivos de salud, de seguridad o de convivencia, lo aceptamos. Pero el modo coercitivo con que se nos imponen implica una mentalidad colectivista y una primacía de lo público sobre lo privado que deberíamos analizar y criticar, porque de otro modo estaremos cayendo –a pesar de nuestras libertades políticas– en una especie de totalitarismo invasor que terminará por gobernar nuestra conducta hasta en los más ínfimos aspectos.

2) El absolutismo moderno: Lo que ocurrió en Venezuela en los últimos años del siglo pasado es un triste recordatorio de la facilidad con que pueden perderse nuestras libertades políticas, arrastrando con ellas a muchas de las otras. Hugo Chávez logró capitalizar en su favor el descontento que existía hacia el sistema político de su país: corrupción, poca transparencia, aumento de la pobreza, escaso crecimiento, nula construcción y mantenimiento de las obras públicas. Sobre esta base logro tomar control del poder político y desde allí edificó una especie de imperio personal, que ahora ha legado a sus obtusos seguidores. La ciudadanía tenía razón en sus críticas, no cabe duda, pero erró decisivamente en cuanto a la solución: escogiendo para que la gobernara a un hombre que despreciaba los principios liberales -pues era nada menos que un militar capaz de dar un golpe de estado contra un gobierno legítimamente constituidoy aceptando que modificara de inmediato a su antojo las reglas del juego, quedó entonces imposibilitada de apartarlo del poder y hasta de criticarlo.

Este nuevo absolutismo, que se eleva sobre los males de nuestras impotentes democracias, es muy difícil de combatir una vez que se consolida. Por eso creemos que, en nuestra América, deberíamos estar sumamente atentos a la aparición de estas figuras mesiánicas que todo lo prometen pero que solo buscan su poder personal, pues una alerta temprana sobre los procesos en gestación que apunten hacia el absolutismo resultará siempre útil para movilizar a la opinión pública y evitar que prosperen. Mantener la división de los poderes públicos, evitar que se modifique la constitución bajo presión de personas o movimientos políticos -por más democráticos que sean-, vigilar el destino de los dineros públicos y tratar de crear alertas tempranas respecto al peligro de nuevos absolutismos serían, a nuestro juicio, los principales focos de la actividad política que corresponde realizar a quienes desean vivir en libertad.

Cómo luchar

Hemos hablado en este capítulo de un combate de ideas y este, por su propia naturaleza, no es fácil ni resulta sencillo. Como decía Manuel Ayau (1925-2010), un guatemalteco que luchó incansablemente por la libertad y fundó la Universidad Francisco Marroquín, inspirado por estas ideas: “Las diferencias de opinión no son atribuibles a mala voluntad sino a sinceras discrepancias sobre ideas muy complejas.” Debemos tener en cuenta que estamos frente a un adversario que también piensa, que analiza nuestras propuestas para encontrar los errores que cometemos, que nos replica con argumentos a veces muy bien sustentados y que recurre a todas las armas –la lógica, la emoción y el recuento interesado de los hechos– para hacer avanzar sus puntos de vista. Por eso se requiere de una reflexión que nos habilite para que nuestros esfuerzos puedan rendir sus frutos, para que nuestros valores y principios puedan hacerse entender y lleguen a ser compartidos por los demás.

Lo primero que queremos resaltar es la conveniencia, la necesidad en realidad, de tomar consciencia de lo que estamos haciendo, del plano en que nos ubicamos. Siguiendo un análisis de Hayek podríamos decir que existen tres niveles o esferas en los que podemos desplegar nuestra actividad intelectual: el de la creación de nuevas ideas, el de la divulgación y el de la aplicación o puesta en práctica de esas ideas.

El análisis, desarrollo y creación de ideas se desenvuelve generalmente en lo que podemos llamar el mundo académico, en universidades, centros de investigación y eventos como congresos o seminarios donde se puede discutir a fondo y con sentido crítico las nuevas aportaciones teóricas que se realicen. En este plano debemos ser abiertos pero intelectualmente rigurosos, sostener los principios sin hacer concesiones a las modas y los vaivenes de la opinión dominante y entender que la búsqueda de la verdad no es cuestión de mayorías, ni siquiera de mayorías entre los grupos más ilustrados.

Diferente por completo es la tarea de divulgación, la de transmitir conocimientos en esa actividad que permite difundir nuestros pensamientos a círculos cada vez más amplios de personas. En este caso la claridad didáctica es indispensable, pero también lo es la emoción, la forma en que podamos transmitir nuestros sentimientos y valores, puntos de apoyo esenciales –muchas veces– para que se comprendan y acepten ideas complejas o que desafían lo que comúnmente se acepta. Profesores, maestros, periodistas, escritores y artistas son centrales en esta decisiva labor: sin ellos nunca llegarían a la opinión pública proposiciones que suelen ser complejas o que requieren de amplios conocimientos previos para ser comprendidas.

La política, por último, tiene exigencias y requerimientos que difieren de un modo notable con respecto a los planos anteriores: en este caso es decisivo conocer hasta dónde podemos llegar en nuestras propuestas, cómo presentarlas de un modo que no provoquen rechazo, cómo lograr aliados que, aunque tal vez no compartan nuestros principios, pueden apoyarnos por otros motivos en llevar adelante lo que proponemos. Pocas cosas hay más difíciles que trasladar al terreno de la política práctica ideas abstractas sin renunciar a los principios que las sustentan, construir soluciones que sean a la vez efectivas, consensuadas en lo posible y a la vez ancladas en los valores que sostenemos.

Muy pocas personas pueden aspirar a desarrollar con eficacia la lucha de ideas en los tres planos que acabamos de describir. Por eso resulta necesario que, tanto los individuos como los grupos, think tanks o centros, examinen sus capacidades y exploren su vocación, pues no hay forma de realizar con acierto, y simultáneamente, acciones tan diferentes como las que mencionamos.

Antes de terminar esta sección queremos referirnos a un problema que resulta muy difícil de percibir, pero que acosa no solo a los liberales, sino a cualquier corriente o escuela de pensamiento y a movimientos políticos, religiosos o culturales de muy diversa naturaleza. En la lucha intelectual es usual que muchas personas, convencidas de sus ideales, extremen sus propuestas y –buscando la pureza de los principios– se dejen guiar por una especie de radicalismo: tratan de ser el más liberal de todos o, para el caso, el más comunista, el más socialista o el más conservador. El camino del radicalismo puede ser útil en algunos casos, no lo negamos, pero suele pasar por alto la complejidad de los temas que se debaten y el hecho de que la verdad no siempre se encuentra en los extremos. Pero además trae aparejada una consecuencia muy poco deseable: la exclusión de los demás –a los que a veces se critica sin piedad o se desprecia de modo implícito– la fragmentación de movimientos y grupos, la inoperancia y una especie de autoexclusión que es percibida por el común de las gentes como algo parecido al sectarismo religioso.

Esto es particularmente importante, y peligroso, en la esfera de la política, plano al que no debemos descuidar pues del mismo pueden depender, precisamente, nuestras libertades. Al apartarnos de lo que sucede, o al proponer soluciones radicales o revolucionarias que muy pocos comprenden, nos colocamos a veces a nosotros mismos en una situación de impotencia que en nada puede beneficiarnos. Y si, por alguna circunstancia, llegáramos a triunfar en algún movimiento de tipo revolucionario, deberíamos recordar la triste secuela de sangre y de dolor que han producido todas las revoluciones, lo que contrasta, como prueba la historia, con los pocos resultados efectivos y de largo plazo que estas producen.

Es en este sentido que queremos recordar al lector que los valores de la libertad presuponen de partida la tolerancia, la apertura, la admisión de que –también nosotros– podemos equivocarnos. Que no existe ningún libro sagrado de la libertad, ninguna ortodoxia a la que debamos someternos, pues la libertad significa también exploración de ideas, autocrítica y búsqueda incesante de la verdad.

Nuestras libertades: un balance

Cuando la América Latina surgió al concierto de las naciones independientes del planeta este se encontraba aún, en casi todas partes, bajo el dominio de sistemas políticos absolutistas; el libre comercio internacional, por otra parte, era sin duda una excepción, pues dominaba aún en el mundo el más rígido mercantilismo. Mucho hemos avanzado en los dos siglos que han transcurrido hasta nuestro presente, aunque mucho también es lo que resta por hacer.

Las ideas de libertad, encarnadas por el liberalismo de ese tiempo, se fueron abriendo paso en las conciencias del siglo XIX de modo tal que, después de luchas y conflictos de todo tipo, nuestras naciones abrazaron el idea de lo que podemos llamar la democracia liberal: gobierno limitado, división de poderes, alternabilidad en los cargos, libertades de pensamiento, prensa y culto. Es verdad que estos ideales no se convirtieron –o solo lo hicieron limitada y temporalmente– en la práctica de nuestra vida política. Pero al menos quedaron como puntos de referencia, como principios a los que, hasta los más despóticos tiranos, tuvieron que rendir, de un modo u otro, pleitesía.

El mundo, entretanto, terminó por comprender los inmensos beneficios de la libertad económica: el libre comercio internacional y las economías de mercado –con amplios altibajos, claro está, en estos dos siglos– han traído una era de prosperidad económica que la humanidad nunca había experimentado, una explosión de bienes y servicios que no solo han cambiado nuestra calidad de vida, sino que han alejado enfermedades, aumentado nuestra esperanza de vida, reducido de un modo sustancial la mortalidad infantil. No todo es color de rosa, por cierto, pero una comparación entre las condiciones de vida actuales con las de hace doscientos años muestra un cambio asombroso, positivo, que podría parecer cosa de magia a la gente que vivió en los tiempos de nuestras independencias.

La emergencia del socialismo, como corriente de pensamiento y como modelo político llevado a la práctica, ha representado una severa amenaza a nuestras libertades: ha distorsionado nuestras economías, ha hecho crecer al estado hasta extremos peligrosos y ha creado una atmósfera colectivista que tienen a despreciar nuestra privacidad y la capacidad que tenemos para dar forma a nuestras vidas. Es cierto que su expresión más extrema, el comunismo, colapsó sin remedio hacia fines de la centuria pasada y sigue hoy vigente solo en algunos rincones apartados del planeta, pero es verdad también que muchas de sus ideas siguen todavía influyendo decisivamente en nuestras vidas, en todas partes.

La mayoría de los países de América Latina posee hoy sistemas democráticos que, por fin, nos han permitido superar los conflictos de otros tiempos. No hay –salvo excepciones contadas– guerrillas o dictaduras militares que coarten nuestras libertades y nos sumerjan en ese clima de violencia que hemos vivido en otras décadas. Pero las democracias de hoy se asientan sobre una débil institucionalidad y están sujetas a las presiones y los vaivenes del populismo y de la demagogia, por lo que pueden degenerar fácilmente en dictaduras, como ya ha ocurrido en el caso de Venezuela. Tenemos en general libertades económicas pero, en realidad, estas están limitadas de tal modo y tienen tantas excepciones y controles, que nuestras economías avanzan a paso lento, incapaces de crear las riquezas que necesitamos para superar la pobreza en que todavía sobreviven millones de personas. Las libertades de las que disfrutamos hoy los habitantes de Latinoamérica no son triviales, no son puramente formales, pero son de algún modo frágiles, pues están sujetas a volátiles cambios de opinión y no se asientan en convicciones firmes.

Quienes valoramos la libertad debemos tratar de evaluar el presente con madurez y equilibrio: no caer en la complacencia o en el olvido de las dificultades del mundo en que vivimos pero tampoco abandonarnos al extremo de creer que todo está a punto de perecer, que nos enfrentamos a una situación límite, apocalíptica. La lucha por la libertad es constante y nunca se resuelve definitivamente en favor o en contra: es compleja y, por eso, requiere de lucidez, de conocimientos y de convicciones firmes. Conocer nuestra historia, lo más objetivamente posible y analizar el pensamiento y la acción de quienes han luchado por la libertad, son requisitos para que podamos seguir, con voluntad e inteligencia, luchando por los valores que hacen la vida digna de vivirse.

Bibliografía y Lecturas recomendadas

A continuación el lector encontrará útiles referencias bibliográficas ordenadas del siguiente modo: en primer lugar aparecen los textos que se utilizaron directamente para la redacción del libro y están citados en sus páginas. No se incluyen los innumerables textos que, de un modo u otro, nos han servido de apoyo indirecto para la elaboración de nuestro trabajo, aportando en ocasiones datos puntuales o referencias de utilidad, porque la lista resultaría demasiado larga sin aportar, en realidad, mayor provecho para el lector.

En una segunda sección ofrecemos una bibliografía temática que, si bien es bastante reducida, constituye a nuestro entender un apropiado punto de partida para quienes desean profundizar en los temas que resultan importantes para la mejor comprensión del liberalismo de ayer, de hoy y de siempre.

1.  Bibliografía utilizada:

Aguilar Rivera, José Antonio, La Geometría y el Mito, México, ed. FCE, 2010.

Alberdi, Juan Bautista, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, en: http://www.hacer.org/pdf/Bases.pdf

Alda Mejías, Sonia, “El debate entre liberales y conservadores en Centroamérica. Distintos medios para un objetivo común, la construcción de una república de ciudadanos (1821-1900)”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, H. Contemporánea, t. 13, Madrid, 2000.

Bolívar, Simón, “Manifiesto de Cartagena”, en
http://uniondelsur.menpet.gob.ve/interface.sp/database/fichero/free/29/3.PDF

Constitución de los Estados Unidos de América en
http://www.archives.gov/espanol/constitucion.html

Constitución de la Monarquía Española, (Constitución de Cádiz de 1812), “Discurso Preliminar” en:
http://www.famp.es/famp/intranet/documentos/const_facsimil.pdf

Gómez, Alejandro, José del Valle, El político de la Independencia Centroamericana, Guatemala, Universidad Francisco Marroquín, 2011.

Hamnett, Brian R., La política española en una época revolucionaria,

1790-1820, México, 2001, ed. FCE.

Hayek, Friedrich, Camino de servidumbre, en:

http://www.elcato.org/sites/default/files/camino-de-servidumbre-libro-electronico.pdf

Jaksic, Iván y Eduardo Posada Carbó (editores), Liberalismo y Poder, Latinoamérica en el siglo XIX, Santiago de Chile, 2011, FCE Chile.

Jiménez Losantos, Federico, Los Nuestros, Barcelona: 1999, ed. Planeta.

Johnson, Paul, Tiempos Modernos, ed. Vergara, en:

http://socialesenpdf.files.wordpress.com/2013/08/34873964-johnson-paul-tiempos-modernos-la-historia-del-siglo-xx.pdf

Malamud, Carlos, Historia de América, Madrid, ed. Alianza, 2005.

Ramnet, Brian R., La política española en una época revolucionaria, 1790-1820, México, 1985, FCE.

Sabino, Carlos, El Amanecer de la Libertad, la Independencia de América Latina, Madrid, ed. Unión, 2011.

Sabino, Carlos, El Fracaso del Intervencionismo, apertura y libre mercado en América Latina, Caracas, ed. Panapo, 1999. Hay una nueva versión digital, aumentada, en http://www.amazon.com/Fracaso-del-Intervencionismo-Spanish-Edition-ebook/dp/B007D84ZIA

Smith, Adam, La Riqueza de las Naciones, Madrid, Alianza ed., 1994.

Solórzano Fernández, Valentín, “García Peláez: Cátedra Prima de Economía Política en el Reino de Guatemala”, en Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, tomo XL, enero a julio de 1967, pp. 19 y ss.

Spinoza, Benedict de, Tratado teológico-político, Barcelona, Atalaya, 1994.

Terán, Oscar, Historia de las ideas en la Argentina, Buenos Aires, 2008, Siglo XXI editores.

Vargas Llosa, Mario, “El liberalismo entre dos milenios” en http://www.elcato.org/el-liberalismo-entre-dos-milenios

2. Textos básicos recomendados:

Ante todo recomendamos a nuestros lectores que se dirijan a los institutos o centros de investigación que existan en sus países, pues la mayoría de ellos ha publicado obras clásicas sobre el liberalismo que resultan fundamentales para comprender sus principios y sus propuestas. En esos mismos sitios podrán encontrar también bibliografía sobre el desarrollo y los problemas del liberalismo en cada país. Una lista –incompleta- de dichas instituciones, es la que presentamos seguidamente:

Otras fuentes importantes, para mencionar solo algunas, son:

•  El instituto Cato, que posee una página en español con una amplia colección de textos: http://www.elcato.org/colecciones-especiales

•  El Liberty Fund, que ofrece una amplísima bibliografía en inglés, muy cuidadosa en sus ediciones y completamente abierta al público:http://oll.libertyfund.org/

•  Unión Editorial, de Madrid, http://unioneditorial.net/ que ofrece una amplia gama de libros de orientación liberal, clásicos y modernos.

Además de los textos citados en la primera parte de esta bibliografía conviene que el lector consulte los siguientes libros, ya clásicos dentro del pensamiento liberal (las referencias a internet se han consultado entre el 23 y el 25 de abril de 2015):

Acton, Harold B., La moral del mercado, Madrid, ed. Unión, 2002

Acton, Lord, Ensayos sobre la libertad y el poder, en http://www.elcato.org/sites/default/files/ensayos-sobre-la-libertad-y-el-poder-libro-electronico.pdf

Alberdi, Juan Bautista, “La omnipotencia del estado”, en http://www.panarchy.org/alberdi/estado.1880.html

Ayau Cordón, Manuel, El Proceso económico, en http://www.ir.ufm.edu/docs/lucy/manual1.pdf

Ayau Cordón, Manuel, Un juego que no suma cero, Guatemala: Centro de Estudios Económico-Sociales, 2008.

Bastiat, Frederic, La ley, en http://www.hacer.org/pdf/LaLey.pdf

Bastiat, Frederic, Obras. Consultar: http://bastiat.org/es/ donde se hallan toda su bibliografía.

Böhm-Bawerk, Eugen von, The Positive Theory of Capital, en:

https://mises.org/sites/default/files/The%20Positive%20Theory%20of%20Capital.pdf

de Jouvenal, Bertrand, Sobre el poder, en http://www.elcato.org/bibliotecadelalibertad/sobre-el-poder

Buchanan, James y Gordon Tullock, The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, Indianapolis, Liberty Fund publ., 1999.

Friedman, Milton y Rose Friedman, Libertad de Elegir, México, Grijalbo, 1980 (hay múltiples ediciones en papel y en formato digital).

Friedman, Milton, Capitalismo y libertad, Madrid, ed. Síntesis, Madrid, 2012.

Hayek, Friedrich, Camino de Servidumbre, en http://www.elcato.org/sites/default/files/camino-de-servidumbre-libro-electronico.pdf

Hayek, Friedrich, Los Fundamentos de la Libertad, Madrid, Unión ed., 1991.

Hazlitt, Henry, La Economía en una Lección, http://www.hacer.org/pdf/Hazlitt01.pdf

Hume, David, Ensayos Políticos, Madrid, Unión ed., 2005.

Locke, John, Ensayo sobre el entendimiento humano, en http://www.bsolot.info/wp-content/uploads/2011/02/Locke_John-Ensayo_sobre_el_entendimiento_humano.pdf

Menger, Carl, Principios de Economía Política, en http://www.hacer.org/pdf/Menger00.pdf

Mill, John Stuart, Sobre la Libertad, en http://www.hacer.org/pdf/OnLiberty.pdf

Mises, Ludwig von, La Acción Humana, Madrid, Unión ed., 2009. Hay versión digital: http://campus.unir.net/cursos/lecciones/ARCHIVOS_COMUNES/versiones_para_imprimir/GADE04v2/t1_no_dejes_leer.pdf

Mises, Ludwig von, Socialismo, en http://www.hacer.org/pdf/Mises03.pdf

Mises, Ludwig von, Teoría e Historia, Madrid, Unión ed., 2003.

Johan Norberg, En defensa del capitalismo global, Madrid, Unión ed., 2005.

Nozick, Robert, Anarquía, Estado y Utopía, México, Fondo de Cultura Económica, 1991.

Pirie, Madsen, Teoría y práctica de la privatización, Guatemala, CEES, 1987.

Polanyi, Michael, La lógica de la libertad, Indianapolis, Liberty Fund publ., 1998.

Popper. Karl, La sociedad abierta y sus enemigos, Buenos Aires, ed. Orbis, 1984.

Rand, Ayn, La Rebelión de Atlas, Buenos Aires, ed. Grito Sagrado, 2005.

Rand, Ayn, La Virtud del Egoísmo, Buenos Aires, ed. Grito Sagrado, 2008.

Robbins, Lionel, Ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica,

México, Fondo de Cultura Económica, 1980.

Rothbard, Murray, Historia del pensamiento económico, Madrid, Unión ed., 2000.

[1] La Escuela Austríaca, fundada por Carl Menger en el último cuarto del siglo XIX, es una de las varias escuelas o corrientes que, desde la ciencia económica, defienden con sólidos argumentos la economía de mercado y la libertad individual. La llamada Escuela de Chicago, que lideró Milton Friedman, y otras, como los anarcocapitalistas de Murray Rothbard y la Escuela del Public Choice de James Buchanan, sostienen los mismos principios.

[2] https://bibliolibertaria.org/libros/camino-de-servidumbre/15-friedrichhayek-camino-de-servidumbre.pdf (consultada el 7 de agosto de 2014).

[3] V. El fracaso del intervencionismo, ya citado, capítulo 6.

[4] V. El fracaso del intervencionismo, en especial capítulos 14 y 15.

[5] Ídem, pág. 286.

[6] “El liberalismo entre dos milenios” en http://www.elcato.org/el-liberalismoentre-dos-milenios, página consultada el 22 de agosto de 2014.