A inicios de 2025 hay por lo menos 3000 presos políticos encarcelados por los regímenes autocráticos de Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, una cifra que no alcanza a reflejar la realidad de la represión que se vive en esos países.

Nos equivocamos si al pensar en presos políticos imaginamos únicamente a grandes personalidades públicas que convocan a manifestaciones masivas. Si bien sí existen líderes opositores en prisión, son muchos los que están presos por disentir de formas que, estando en democracia, podrían parecer irrelevantes: es el caso de Dan Zambrano, en Venezuela, quien fue apresado por poner tuits en contra de Nicolás Maduro desde su cuenta de apenas 1300 seguidores, o de los cubanos encerrados bajo la etiqueta de “desobediencia penal precriminal”, una figura que permite arrestar ciudadanos que aún no han cometido ningún delito, pero que, de acuerdo con las autoridades, podrían hacerlo más adelante.

Los presos políticos en América Latina son el reflejo de sociedades cuyos espacios de disenso se vuelven cada vez más pequeños. Al leer sobre estos casos vale la pena preguntarse: si alguien puede ser arrestado por algo tan cotidiano como publicar en redes sociales, ¿cuánto deben limitarse los demás para evitar la represión? ¿Cuánto deben cuidarse en lo que dicen o hacen en frente de otras personas?, y, desde luego, ¿cuán limitada está su libertad como consecuencia?

Venezuela y el recrudecimiento de la represión

Venezuela es hoy el país latinoamericano con la mayor cantidad de presos políticos confirmados. Para el 15 de enero la OEA certificaba 1687 presos políticos, entre los que se cuentan 162 militares, 1525 civiles y 4 adolescentes de entre 14 y 17 años.

Tratar de hacer un perfil general de las víctimas de encarcelamiento forzado sería desconocer la realidad a la cual se enfrenta el país: en la cárcel hay activistas y políticos prominentes como Perkins Rocha o Rocío San Miguel; líderes juveniles como María Oropeza y cientos de ciudadanos que se atrevieron a realizar algún acto de protesta o que se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Ejemplo de la última categoría es Mariangel Marcano, una joven emprendedora que fue detenida a medio kilómetro de protestas de oposición después de las elecciones del 28 de julio. Además de ser detenida de manera arbitraria, a Mariangel no se le ha permitido acceso médico para la psoriasis, una enfermedad que padece desde los cuatro años. Igual que ella, se conocen por lo menos 20 casos de personas que padecen quebrantos físicos en medio de condiciones precarias.

La represión en Venezuela comenzó a acentuarse con las elecciones: si para finales de 2023 había 250 personas detenidas, hoy la cifra es casi 8 veces mayor. Previo a los comicios, conforme iba quedando claro que el gobierno de Nicolás Maduro no tenía oportunidad de ganar sin concretar un fraude electoral, comenzó a arrestarse a activistas de sociedad civil y a personas relacionadas con el entorno de María Corina Machado, la principal líder opositora del país. La mayor oleada de represión, no obstante, se dio después de las elecciones, cuando se puso en marcha la llamada “Operación tun tun” que tuvo como propósito amedrentar y arrestar a miembros de la oposición directamente en sus domicilios.

Uno de los ejemplos más aterradores de esta operación fue el arresto de María Oropeza, una dirigente juvenil que transmitió su arresto en Instagram. “Pido auxilio a todo el que pueda. Yo no soy una delincuente, yo sólo soy una ciudadana más que quiere un país distinto” se escucha decir a María antes de que la transmisión finalice.

La operación “Tun Tun” abrió además una posibilidad para que otros venezolanos denunciaran en redes sociales si habían sido víctimas de una campaña de odio física o virtual en las redes sociales, instigando a que sean los propios ciudadanos los que ayuden a perseguir a los opositores.

Al día de hoy, es poco lo que se sabe de los presos políticos. Familiares han denunciado que el régimen no les permite visitas ni les brinda información sobre el estado en el que se encuentran y a todos los arrestados por las protestas electorales se les ha negado el acceso a abogados privados; al día de hoy son muchos los que, sin acceso a sus expedientes, ni siquiera saben el cargo que se les imputa.

Cuba: una cifra que no refleja la realidad

En Cuba, debido a la falta de información, es imposible saber cuántos presos políticos existen en la isla. Prisoners defenders, una organización civil española, mantiene una lista de presos que han sido reclamadas por organizaciones de derechos humanos; no obstante, se estima que hay decenas de personas que no son reclamadas y, por tanto, tampoco se contabilizan. Para diciembre de 2024 se estimaba que había por lo menos 1161 presos políticos, lo que coloca a la isla como el segundo país latinoamericano con mayor cantidad de detenidos por motivos políticos.

Recientemente, cuando Cuba fue sacada de la lista de Estados patrocinadores de terrorismo por el gobierno de Joe Biden, Cuba anunció que liberaría a 552 presos “por motivos diversos”, no obstante, no especificó si se trataría de presos políticos. Algunas figuras relevantes de oposición como José Daniel Ferrer y Luis Robles fueron excarceladas junto con otro centenar de personas, no obstante, al llegar Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, Cuba volvió a colocarse en la lista y la excarcelación de presos paró.

Actualmente los familiares de presos se mantienen en vilo. No solo se han pausado las acciones para sacar a los prisioneros de las cárceles, sino que aquellos que han sido liberados fueron expuestos a un “beneficio de libertad anticipada”, no a un indulto, lo que significa que podrían volver a prisión en cualquier momento. Personas como el opositor José Daniel Ferrer, quien fue liberado recientemente, ya han sido llamados nuevamente a comparecer ante un juez.

José Ferrer, líder opositor de 54 años, narró para Noticias Caracol las torturas a las que fue sometido: después de más de 20 años como activista político fue encarcelado por tercera  vez en las protestas populares de 2021 y fue retenido en la cárcel por cerca de 3 años. En prisión, tuvo que someterse a dos golpizas, una de las cuales se dio frente a su mujer y su hijo de entonces tres años. Aunado a ello, él y su entorno tuvieron que luchar por que dejaran pasar a la cárcel comida y medicamentos necesarios para su vida.

Ferrer, debido a su popularidad y los vínculos de su familia, se encuentra en una mejor situación que otros presos políticos. En la misma entrevista habla sobre cómo, dentro de las cárceles, toda el agua que toman los reos está contaminada y afirma que enfermedades como la diarrea y las pestes provocadas por las chinches y la sarna son comunes. Asimismo, cuenta la situación de aquellos que no tienen quién les lleve comida: debido al hambre extrema, son varios los que se ven forzados a cazar ratas, gatos o perros callejeros que después son cocinados usando nylon como combustible.

Nicaragua entre presos políticos y exiliados

Para el 13 de diciembre, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabilizaba un total de 45 personas presas políticas en el país. De ellas, 39 son hombres, 6 son mujeres y 13 son adultos mayores. Hay también 9 personas que se califican como desaparecidas por no saber nada sobre su ubicación o estado de salud.

El número de prisioneros disminuyó considerablemente después de que el régimen de Daniel Ortega expatriara a Estados Unidos a 222 presos políticos en febrero de 2023 y a otros 135 a Guatemala en septiembre de 2024. Así como ellos, hay cientos de personas que se han visto forzadas al exilio para escapar de la prisión.

Entre ellas están distintas órdenes de monjas que han sido señaladas como opositoras a la dictadura. En diciembre de 2024, Ortega dio a las monjas hasta el 31 de diciembre para abandonar el país y refugiarse en otras naciones de América Latina en las cuales existieran sus congregaciones. De acuerdo con la investigadora Martha Patricia Molina, desde 2018, más de 250 religiosos han sido expulsados, desterrados o forzados al exilio mediante el bloqueo migratorio.

Para quienes se quedan en el país la realidad es aún más aterradora: los presos son sometidos a tratos inhumanos y a los familiares se les priva del conocimiento del paradero de los detenidos, a quienes además se les impide cualquier contacto con abogados.

Bolivia

En Bolivia, de acuerdo con la organización Global Human Rights League, hay 303 presos políticos, entre los cuales se incluyen 2 menores y dos personas que han fallecido en prisión. 114 son civiles, 40 son campesinos o cocaleros; 47 son cívicos; 15 son activistas; 15 son policías; 24 son militares; 24 son funcionarios públicos, y 12 son políticos.

Recientemente se cumplieron dos años del encarcelamiento de Fernando Camacho, quien fue en algún momento el gobernador del estado de Santa Cruz, uno de los centros en los cuales iniciaron las protestas contra el fraude electoral de 2019. Camacho se encuentre en la cárcel de máxima seguridad Chonchocoro, un lugar que antiguamente estaba reservado para los criminales más peligrosos; después de visitarlo en prisión, su representante legal pudo constatar que tiene un acceso limitado al agua y a servicios médicos y que en las visitas conyugales con su esposa se lo graba con una cámara espía.

Por otro lado, en marzo de 2025 la expresidenta de Bolivia Jeanine Añez cumplirá cuatro años de encarcelamiento por motivos políticos. Además de los 10 años de prisión a los cuales fue sentenciada, enfrenta ahora un juicio por terrorismo, asociación delictuosa y uso indebido de influencias. Su abogado señala que hay severas irregularidades en el juicio, así como una nula independencia judicial.

Presos políticos: un problema regional

Los puntos comunes entre las condiciones de los presos políticos son fáciles de encontrar: represión, procesos ilegales, nulo o limitado acceso a familiares y abogados y, sobre todo, un deseo de callar lo que otros piensan como medio para que los dictadores de cada país permanezcan en el país.

Si algunos sentimos que el problema de los presos políticos es un tema lejano que no nos afecta, valdría la pena reflexionar un poco más: salvo Cuba, los otros tres regímenes llegaron por medio de la democracia con un abrumador apoyo popular. Vale la pena aprender del ejemplo de otros países y, especialmente, apoyar a los presos políticos, pues es en ellos en quienes habita cualquier esperanza de cambio que tumbe las cuatro dictaduras que existen en la región.