1. Que desde el primer momento observó con preocupación el impacto negativo que en el buen gobierno y la recta administración del Distrito Capital tuvo el empeño del ex alcalde mayor, Gustavo Petro Urrego, en mantenerse en el cargo a toda costa, anteponiendo a las apremiantes necesidades de la ciudad sus propios intereses personales.

2. Que la forma en que el ex alcalde Petro Urrego movilizó recursos públicos, instrumentalizó la burocracia distrital, abusó de los instrumentos judiciales, y apeló a la agitación social para mantenerse en el cargo, pese a la sanción impuesta por el Ministerio Público y recientemente validada por la Rama Judicial, no se compadece con la dignidad de su investidura y la responsabilidad política que le es inherente.

3. Que el recurso a las instancias internacionales para sustraerse al cumplimiento de las decisiones legítimas de las autoridades nacionales, tal como lo ha hecho el ex alcalde Petro Urrego, no sólo constituye un abuso de aquellas sino que acaba erosionando de manera irresponsable el Estado de Derecho y el orden jurídico interno.

4. Que espera que, de conformidad de la ley, se activen los procedimientos previstos a efectos de convocar elección de Alcalde Mayor, con el fin de superar el limbo de gobernabilidad en el que se encuentra la ciudad y ponerla al día con los desafíos que enfrenta en materia de movilidad, desarrollo sostenible, vivienda, servicios públicos, infraestructura y competitividad.

5. Que seguirá con atención la evolución de los acontecimientos e intervendrá en todos los escenarios —nacionales e internacionales, incluso nuevamente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos si es el caso—, en representación de la sociedad civil y en defensa de los intereses de la ciudad y el imperio de la ley.

Bogotá D.C, 20 de marzo de 2014.