Enrique Fernández García

Un gobierno o un partido gobernante prefiere llevar a la nación por todos los peligros de la anarquía o la disolución misma, antes que renunciar a los beneficios del poder.

Bautista Saavedra, La democracia en nuestra historia (1921).

En noviembre del año 2019, con la salida de Evo Morales, se abrigaba una esperanza fundamental: restablecer el Estado de Derecho. Sus casi catorce años como presidente, con reelecciones que fueron arbitrarias, resultaron harto perjudiciales para la libertad en sus distintas manifestaciones. Lo que menos interesaba era el respeto a los límites al poder. Jueces, fiscales y policías se sometían a las órdenes de un Gobierno que no deseaba frenos ni contrapesos. En este sentido, no pudiendo abolir la democracia, pues los organismos internacionales se verían forzados a condenar ese acto, se optó por enjuiciar a opositores, cancelar la personalidad jurídica de algunos partidos políticos e incentivar ataques de su militancia a quienes osaban cuestionar al régimen. Se llegó al extremo de cometer un fraude, mismo que fue constatado por la OEA. Con la fuga a México y el abandono de la vida pública del grupo cercano de colaboradores suyos, se creía que los días venideros serían mucho mejores.

            Por diferentes razones, el Gobierno de Jeanine Áñez no estuvo a la altura del reto. Al margen de las falencias institucionales y asuntos relacionados con la corrupción, el covid, con su cuarentena casi mundial, al igual que los correspondientes efectos económicos, se constituyó en un factor adverso. En lo interno, la maquinaria que había sido instalada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), es decir, el partido de Morales, fue muy poco afectada. No se cambió al Fiscal General del Estado ni, menos aún, a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras autoridades de indiscutible relevancia. Se contó, por otra parte, con un Parlamento de mayoría favorable al partido que se vio obligado a dejar el poder, obstaculizando cambios que eran necesarios para recuperar la cordura en términos de legalidad. Después, en 2020, el MAS ganó las elecciones y, así, se puso fin a la tentativa de reconstrucción del país. Por desgracia, hubo gente que olvidó la grosería de sus irregularidades, atropellos y crímenes.

            En principio, de forma cándida, hubo quienes creían que Luis Arce tendría una línea distinta. Algunos entendían que, pese a lo expuesto por especialistas y expertos en la materia, había sido un buen ministro de Economía; por tanto, desempeñaría su papel presidencial de manera satisfactoria. En cualquier caso, más allá del campo financiero, había ciertos votos de confianza, considerando inconcebible que obrase como Evo Morales. Lo cierto es que no pasó mucho hasta notar su retorno a esas deplorables prácticas. Porque, lejos de concluir, las violaciones a los derechos humanos se tornaron más agudas. Forzando figuras penales e irrespetando privilegios procesales, encarcelaron a la expresidenta Áñez. La detuvieron en horas de la madrugada, lo que está prohibido constitucionalmente, y, hasta ahora, continúa privada de su libertad, habiendo padecido ya incontables e indecibles abusos contra su dignidad. Además de ella, están arbitrariamente detenidos algunos de sus ministros de Estado. Aun funcionarios de rango intermedio y bajo que colaboraron en su Gobierno han terminado procesados o, para evitar este indeseable destino, en el exilio.

            Ante críticas de algunos militantes del MAS, Arce ha optado por mostrarse mucho más radical en cuanto al trato que inflige a los opositores. Así, a diferencia de Morales, llegó al extremo de aprehender a Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, región que, como plaza política, nunca fue conquistada por el oficialismo. Para este siniestro propósito, se recurrió a una mentira, que, aunque la repitan hasta el cansancio, no dejará de ser falsa: hubo golpe de Estado en 2019. Supuestamente, conforme a su relato, habría existido un plan para derrocar al tirano. En esa suerte de conspiración cívica, policial y militar, Camacho, junto con su padre, habrían desempeñado un rol significativo. Siguiendo esta versión de los hechos, a pesar de las incalculables personas que, espontáneamente, protestaron por las falsedades del régimen, se alega que hubo ruptura del orden constitucional. Sobre tal base, tan ilógica cuanto ilegítima, se utilizó a la justicia para privarle de su libertad y enviarlo, nada menos, a una cárcel de máxima seguridad, Chonchocoro. Un centro penitenciario en donde, hace algunas semanas, se descubrió que habían colocado una cámara de seguridad, grabando encuentros que él tuvo con su esposa, quien lo cuida porque tiene una grave enfermedad que demanda tratos especiales.

            Si bien se han notado algunos problemas internos en el oficialismo, lo cual evidenciaría dos bandos enfrentados, uno de Morales y otro de Arce, las diferencias no resultan mayores. El proyecto del MAS es antiliberal, contrario a la democracia, enemigo de individuos autónomos y sociedades abiertas. Eso se mantendrá independientemente del sujeto que asuma como gobernante. Peor todavía, por lo que estamos viviendo, la situación tiende a agravarse. Según parece, se han decantado por retomar el camino hacia una Bolivia autoritaria que, inocentemente, muchos creyeron abandonar, para siempre, cuando se produjo la caída del régimen. El desafío no es menor. Hay que contrarrestar la expansión de su poder y, por otro lado, lidiar con un problema cultural: la resignación de gente que ya se ha acostumbrado a la impunidad de sus atropellos.