M. Cristina Cortez C.
Directora de Comunicaciones
Libertad y Desarrollo
Chile navega en aguas turbulentas desde hace ya unos años. Son parte de esta oleada que aleja al país de la orilla de la libertad. Por un lado, el estallido de violencia de octubre de 2019 y sus consecuencias; por otro, un Gobierno que rema en sentido contrario y que no ha logrado echar a andar una economía estancada. No por nada el último ranking de libertad económica del Fraser Institute ubicó a nuestro país en su peor posición desde que se publica el índice.
Hoy nos encontramos en un momento decisivo. Tras un proceso de ocho meses, diametralmente distinto al de la fallida Convención Constitucional de 2022, la propuesta de nueva Constitución ya se encuentra redactada y será la ciudadanía la que en diciembre debe pronunciarse A favor o En contra.
Consideramos que Chile tiene hoy una inmejorable oportunidad de dar por cerrado el capítulo constitucional, que nos ha desviado de la discusión necesaria para resolver materias tales como el estancamiento económico, la inestabilidad institucional y la crisis de seguridad.
Teniendo en cuenta que una nueva Constitución no es la solución a todos los problemas de los chilenos, el texto que se plebiscitará presenta innumerables avances.
En primer lugar, en uno de los ejes más fundamentales de la propuesta, se encuentran las innovaciones que permitirían modificar aspectos estructurales del sistema político y electoral. La reducción de la magnitud de los distritos electorales, la disminución del número de parlamentarios, normas antifragmentación, el establecimiento de requisitos más estrictos para el acceso al financiamiento público de partidos políticos y normas que robustecen la representación política apuntan a configurar un sistema político más eficaz, que contribuya a despejar la inestabilidad política e institucional.
El texto también constituye una oportunidad para generar bases institucionales firmes, capaces de orientar la acción estatal y las políticas públicas futuras en aras de la anhelada paz y convivencia armónica nacional. Esto es enormemente relevante en tiempos en que Chile atraviesa una crisis en materia de seguridad pública, siendo necesario un combate más efectivo a la delincuencia.
La propuesta además contiene un elemento crucial: un correcto equilibrio entre el rol social del Estado y la libertad de las personas.
Adicionalmente, el texto conserva las bases que han sido esenciales para el progreso económico, al tiempo que introduce innovaciones que se ajustan a los tiempos, tales como un derecho de propiedad robusto, libertad de emprendimiento, iniciativa exclusiva presidencial, entre otros.
También se valora que la propuesta establezca una serie de avances significativos en la línea de sentar las bases de un Estado moderno, eficiente y profesional, un Estado que efectivamente esté al servicio de las personas.
El próximo 17 de diciembre, con una ciudadanía agotada tras un debate de más de cuatro años, se decidirá el rumbo del barco constitucional. Creemos que hay razones de sobra para que el proceso llegue a puerto.
De no ser así, en caso de que gane la opción En contra, de todas maneras es crucial concluir con el debate que tanta inestabilidad le ha aportado al país en los últimos años.
Pero también es importante que la actual administración tome el timón y lleve al país hacia aguas tranquilas, lejos de reformas que nos alejen de ello. Debemos retomar un debate serio de políticas públicas que hagan que el país sea más seguro, progrese y vuelva a crecer. Debemos llegar a la orilla de la libertad.
