Envueltos en olas de protestas, durante el último trimestre de 2019, países de la cordillera andina como Chile, Bolivia y Colombia enfrentaron intensas crisis a nivel social y político.

Este artículo pretende ofrecer un análisis de estos acontecimientos, así como una breve reflexión en relación a las reacciones de los actores políticos ante estos sucesos. Aunque son tres realidades distintas, se tratará de destacar posibles características en común. A continuación, se describen las causas y los detonantes singulares de las protestas.

Chile – pasos hacia una nueva Constitución

Tomaremos el caso de Chile para empezar, donde el presidente Sebastián Piñera se vio obligado a decretar el estado de emergencia en la noche del 18 al 19 de octubre con el fin de reestablecer el orden público, tras los hechos de violencia extrema causada por los protestantes debido a un aumento en la tarifa del metro.
Los tumultos comenzaron el día 14 de octubre, cuando estudiantes de secundaria y universidad se juntaron para evadir colectivamente el pago del billete del metro. La razón de este acto fue un aumento en el coste del pasaje de transporte público por 30 pesos chilenos que equivale a aproximadamente 0.041 USD. Si bien las acciones protagonizadas por los estudiantes y algunos otros sectores de la sociedad civil fueron, en principio, pacíficas, progresivamente escalaron a violentas.

Todas estas agitaciones sociales produjeron una ola creciente de excesos dando como resultado la quema de buses, incendios de edificios públicos y estaciones de metro. En el intento de establecer el orden social la policía tuvo que recurrir al uso de gas lacrimógeno y perdigones. A partir de esta fuerte intervención policial, se podría entonces afirmar que son parte de la violencia que se vive actualmente en Chile. Es necesario mencionar que organismos internacionales, por ejemplo Human Rights Watch y Amnestía Internacional, han

denunciado violaciones a los Derechos Humanos por casos de homicidios y abusos sexuales, entre otros. Estas acusaciones son examinadas actualmente por el poder judicial.
Tomando estos hechos como base, se plantea la pregunta, ¿cómo una “insignificante” alza del precio en el transporte público provocó protestas tan descontroladas y hasta desorbitantes?
Para empezar, hay que resaltar que Chile es uno de los pocos países en América Latina en los que la democracia y la economía se consideraban estables; este país logró, por ejemplo, disminuir la tasa de pobreza en un 30%. Datos como este hacen aún más interesante preguntarse por qué se están produciendo estos disturbios violentos.
Por un lado, la marcha de más de un millón de chilenos el 25 de octubre demuestra el gran impacto y descontento que existe en un sector socioeconómico importante de la población. Se trata de una temática mucho más compleja. Aunque las protestas, como ya se ha mencionado anteriormente, fueron movilizadas por jóvenes, se podría señalar que las posteriores revueltas se caracterizaron por una multitud de exigencias y demandas divergentes de diferentes grupos, incluyendo reivindicaciones de un sistema de pensiones apropiadas, acceso y mejor calidad de educación, salud, electricidad y vivienda asequible.No obstante, son estas demandas heterogéneas las que dificultan el proceso de diálogo con el Gobierno.
Por otro lado, Diana Luna, Asesora para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, menciona que una de las razones para esa pluralidad demostrada en las protestas, podría ser la existencia de grupos de la extrema izquierda que persiguen la estrategia de provocar y desestabilizar el orden social y que representan ideologías como se ven actualmente en Cuba y Venezuela. Siguiendo esta hipótesis, las acciones más violentas pudieron ser protagonizadas por personas mal intencionadas, siendo éstas las que incluso incendiaron las estaciones del metro, lo que conduce a pensar que ya estaban preparadas y bien coordinadas.

Como resultado de estas revueltas, el presidente Piñera pidió disculpas al pueblo chileno y prometió tomar medidas que incluyen reformas sociales como mejorar el seguro de salud (pública) y bajar los precios de la electricidad, por nombrar algunos.En este contexto, el 4 de diciembre, el Senado de Chile aprobó un aumento de un 50% en las pensiones más bajas, según informaciones de la Deutsche Welle(DW).Aun así, queda pendiente el origen de los recursos económicos para solventar estas medidas. Después de todo, todavía no se vislumbra el fin del desorden social. Sobre todo, la gran cantidad de exigencias representa un desafío especial para Chile.

Ciudadanos inundan las calles en Colombia

Como un dominó, las protestas no han sido exclusivas de Chile, Colombia por su lado entró en paro nacional el 21 de noviembre, representando así una de las mayores protestas que se ha visto en los últimos años en ese país.
Los sindicatos y otras organizaciones convocaron a una huelga general. Por esta razón, miles de colombianos salieron a las calles contra el gobierno del presidente Iván Duque. Especialmente estudiantes, campesinos y trabajadores marcharon hacia el centro de la capital, Bogotá. También se realizaron movilizaciones en otras grandes ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla. En términos generales, la protesta se dirigió contra las reformas planificadas del mercado laboral y de las pensiones.
Con el intento de mantener a los manifestantes bajo control, hubo un gran contingente de fuerzas de seguridad, incluso las fronteras con los países vecinos fueron cerradas, y hasta a  los alcaldes y gobernadores se les autorizó a imponer toques de queda.

A partir de este escenario en Colombia, el Presidente Duque ha intentado apaciguar el caos social y contrarrestar las acusaciones que lo inculpaban de pretender elevar la edad de jubilación y reducir los salarios de los jóvenes trabajadores. En declaraciones a la DW, el mandatario explicó que el objetivo no es prometer maravillas, sino recuperar una economía fuerte.

Por otra parte, los colombianos reclaman que, a pesar del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno anterior y los rebeldes izquierdistas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), gran parte de Colombia sigue siendo víctima de la violencia. Los grupos armados ilegales compiten por zonas en las que el Estado aún no ha establecido su presencia. Muchos representantes indígenas han sido asesinados en crímenes que, en su mayoría, siguen sin resolver, o que quedan en la impunidad.
Según un estudio del Instituto para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), más de 750 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos también han sido víctimas de crímenes, desde que se firmó el acuerdo de la paz.
Tras el exceso de fuerza por parte de la Policía, los colombianos no dejaron las calles y siguieron exigiendo protestas sin represión.
Sin embargo, en un discurso oficial el presidente declaró que “a pesar de los actos de violencia […] que no representan el espíritu de los marchantes colombianos, demostramos que en este país se puede ejercer la libertad individual sin vulnerar la libertad de los demás”, y además añadió que “los hechos sucedidos son vandalismo puro y no obedecen a una expresión de la voluntad popular […], no permitiremos saqueos, ni atentados contra la propiedad privada […].” En apoyo a Duque, Fernando Lodoño, político conservador colombiano, opina que el problema no se resume en que la población esté exigiendo nuevas reformas sociales, sino que existe una revolución comunista que dirige la revuelta y es responsable del vandalismo.

Tomando en cuenta todas variables, se podría detectar una semejanza entre Chile y Colombia, donde también se sospecha que las protestas son alentadas por grupos de la extrema izquierda.

¿Bolivia contra el fraude? El abuso del poder

Viendo hacia otro país andino, las protestas en Bolivia surgieron por otras razones. Mientras que el descontento social en Chile y Colombia se dirigió contra el status quo de sus gobiernos, las manifestaciones en Bolivia se detonaron a partir de un acontecimiento en particular: en

Bolivia hubo elecciones generales y no se respetó la voluntad de la mayoría de la población, lo que determinó el rechazo hacia el gobierno de Evo Morales.

Expliquemos el contexto. En Bolivia, se celebraron las elecciones presidenciales el 20 de octubre de 2019. Según los resultados del tribunal electoral, todo apuntaba a una segunda vuelta de votaciones en diciembre. Evo Morales participó en estas elecciones con la intención de asumir su cuarto mandato. Cabe señalar, que antes de que asumiera la presidencia, la reelección del presidente no era posible en Bolivia.
Según los resultados preliminares, Morales estaba a menos de 10% por delante su oponente Carlos Mesa. Entonces, de pronto, el recuento oficial se detuvo. Luego, un día después, se anunciaron los resultados finales, lo que llevó a Morales a la presidencia con una ventaja por encima del 10%. Por lo tanto, eludió la segunda vuelta. En este contexto, Mesa y observadores de organizaciones internacionales, incluyendo la OEA (la Organización de los Estados Americanos), acusaron a Morales de fraude electoral. Aun así, Evo Morales anunció finalmente su victoria, lo que provocó protestas sociales en todo el país.
En este punto, se tiene que hacer alusión al referéndum constitucional del año 2016, que Morales perdió. Este mismo era para permitir una modificación de la Carta Magna, que permitiría al presidente la reelección indefinida.El referéndum fue rechazado con un 51,3%.Este hecho no le hubiera permitido a Evo Morales participar en las elecciones de este año, sin embargo, Morales argumentó entonces que esto limitaría su “derecho humano” de elegir y ser elegido. El Tribunal Supremo Electoral aceptó esa demanda, lo cual llevó a protestas por parte de la oposición.
Con esto, Evo cometió ya uno de muchos errores, no respetando el voto de los bolivianos. Además de ser acusado de un fraude electoral, ciertos sectores involucran a Evo Morales en negocios ilícitos como narcotráfico.
Estas denuncias, van en la misma dirección que reclamos de movimientos indígenas que, ya en 2011, protestaron contra la construcción de una carretera que atravesaba el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure). O la situación de la Chiquitanía: cuando Morales se negó a declarar una emergencia nacional y a aceptar ayuda internacional frente a los devastadores incendios forestales que surgieron por un decreto que facilitó la tala y quema legal en la región. Todo esto determinó que la popularidad de Morales vaya disminuyendo en los últimos años. Sin embargo, hasta el día de hoy, se piensa que el fuerte apoyo de Morales se debe al “supuesto” éxito económico del gobierno y en sus estrechos vínculos con partes de los movimientos obreros campesinos.
No obstante, especialmente desde el referéndum de 2016, el rechazo de la candidatura ilegítima de Morales ha ido en aumento, sobre todo entre la nueva clase media. Tomando esto en cuenta, parece que estas últimas elecciones fueron la gota que colmó el vaso para los bolivianos.

Volviendo a octubre de 2019. Cuando Morales quiso evadir la segunda vuelta de las elecciones, Carlos Mesa llamó a sus simpatizantes a defender sus votos y hacer respetar la decisión popular. Así empezaron las protestas, que progresivamente se intensificaron hasta llegar a la violencia. El gobierno de Evo Morales, junto con la OEA, decidió llevar a cabo una auditoría para tranquilizar al pueblo boliviano, pero desafortunadamente, sin éxito. Por el contrario, en las calles seguían los reclamos. También se alzaron las voces pidiendo la renuncia de Evo Morales. Luego, a la situación ya muy delicada, se sumó el amotinamiento de la policía, lo que agravó aún más el escenario. Fue en ese momento que Evo Morales habló de un “golpe de estado en marcha”, porque ya estaba al tanto de la pérdida del apoyo de las Fuerzas Armadas. A todo esto, fue contundente el informe de la auditoría de la OEA que fue claro en revelar que sí hubo fraude en Bolivia, lo que finalmente llevó a Evo Morales a renunciar el 10 de noviembre. Mientras tanto, Jeanine Añez fue proclamada presidente interina hasta que haya nuevas elecciones. Evo Morales buscó asilo en México y Cuba, actualmente se encuentra en Argentina. El miércoles 18 de diciembre de 2019 se anunció una orden de aprehensión contra Evo Morales.

Finalmente, es polémico cómo se desarrollará la situación política en Bolivia. Queda por esperar que la frágil democracia del país mejore. Cabe aguardar también que las nuevas elecciones el siguiente año se celebren en presencia de observadores internacionales confiables y transparentes que puedan trabajar libremente y transmitir sus observaciones con el fin de que el Gobierno respete la voluntad de sus votantes bolivianos.

En conclusión, nos enfrentamos con tres escenarios que tienen rasgos en común, sin embargo, el caso de Bolivia es muy especial. Es relevante mencionar que, en las tres coyunturas, ninguno de los presidentes había notado el profundo hartazgo de sus pueblos, por lo que parece que esta ola de protestas fue sorpresiva; esto hace ver que, en buena parte de América Latina, las democracias no han logrado cumplir con las expectativas de la población. Asimismo, que la economía y el modelo liberal no son percibidos de la mejor manera en todos los sectores socioeconómicos de estos países.
Repasando, el exitoso estallido de las primeras manifestaciones, especialmente las chilenas y colombianas, estuvo marcado por un carácter estudiantil y multicausal; así como sus demandas divergentes que vienen de una población que ve sus expectativas incumplidas. Cabe mencionar que en el caso de Colombia es probable que se haya tomado a Chile como ejemplo.

El caso de Bolivia es diferente, es una excepción entre los tres porque se trata de un fraude electoral y los bolivianos exigen nuevas elecciones legítimas. Lo que parece preocupante, es si el pueblo boliviano y la frágil democracia tendrán la oportunidad de creer nuevamente en un gobierno justo y transparente. De igual manera, hay que preguntarse, si sin Evo Morales también terminará la participación política indígena. Aunque se trata de un fraude, hay que tomar en cuenta que la intención de Evo al principio de su mandato era virtuosa, como vemos con el abordaje del tema del indigenismo. Sin embargo, a lo largo del tiempo, cometió muchos errores que ya fraccionaron su imagen ante de la población.

Con relación a posibles soluciones ante las frecuentes manifestaciones en las calles, es muy difícil predecirlas. Principalmente porque las demandas en Colombia, y sobre todo en Chile ahora ya están muy dispersas y requerirían de retomar un diálogo abierto y centrado.

El proceso de una nueva Constitución en Chile pareciera ser una salida concreta, que pudiera finalmente calmar la protesta y dar frutos al largo plazo. Asimismo, en Colombia algunas reformas también sosegarían a los manifestantes, aunque el diálogo con el gobierno parece todavía difuso, sobre todo porque aparentemente no tiene un plan preciso para transformaciones exitosas.

En Bolivia serán las elecciones y su transparencia, como ya antes mencionado, las que puedan conducir a una salida de la situación conflictiva y a que la democracia se recupere.

Otro aspecto importante, en el que se tiene que hacer hincapié desde una perspectiva regional y que vimos en este artículo, son las sospechas de crear un desorden y favorecer el crecimiento de las ideas socialistas cuyo origen histórico en América Latina proviene de Cuba y Venezuela. Por ejemplo, basándonos en este supuesto, se advierte que en Colombia se habla de una “guerra fría”, entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Iván Duque, países entre los cuales no existen relaciones diplomáticas.

Lo que vimos en el marco de este artículo, es que Chile, Colombia y Bolivia confrontan crisis de motivos diversos. Como región se espera que el 2020 traiga soluciones, pero sobre todo que quienes están en el poder estén atentos y que abran los ojos antes de tener al pueblo reclamando en las calles.