Bernardo Arévalo, un candidato a quien las encuestas no daban más de un 3% de intención de voto, sorprendió a Guatemala cuando se posicionó en segundo lugar en las elecciones primarias de Guatemala celebradas el 25 de junio de 2023.

Las elecciones guatemaltecas han estado marcadas desde un inicio por desafíos al Estado de Derecho, el rechazo ciudadano a la política tradicional, la corrupción y la violencia política. Con 23 candidatos inscritos, la victoria en las primarias la tuvieron los votos nulos con un 17%, seguidos por la exprimera dama Sandra Torres con 15% y el candidato progresista Bernardo Arévalo con 12%.

No es de extrañar. La clase política —a quien Arévalo llama “el pacto de corruptos”— se ha visto envuelta en múltiples escándalos de malversación de fondos. Quienes los investigan por vía legal o periodística suelen terminar en el exilio por su propia seguridad, o en prisión, como sucede con el periodista José Rubén Zamora.

De acuerdo con la constitución, ni Sandra Torres ni Zury Ríos, dos de las candidatas más populares, deberían haber podido competir por la presidencia: la primera por postular como vicepresidente a un pastor evangélico a pesar de que la ley prohíbe las candidaturas de ministros de cualquier religión o culto; la segunda por ser hija del exdictador militar Efraín Ríos Montt. No obstante, ninguna acción fue tomada en contra de ninguna de las dos.

A quien sí se suspendió por supuestas fallas administrativas fue a Carlos Pineda, el candidato tiktoker, ultraderechista y anti establishment a quien las encuestas daban la victoria. Aunque apeló a la Corte de Constitucionalidad, finalmente no consiguió participar en el proceso.

Ante el sorpresivo “segundo” lugar de Arévalo que le permitió pasar a la segunda ronda, el viernes 30 de junio nueve partidos acudieron a la Corte Constitucional para denunciar inconsistencias y pedir un amparo hasta resolver los resultados. Debido a esta denuncia, se realizó un nuevo conteo de votos en el cual, una vez más, se dio como ganadores a Sandra Torres y Bernardo Arévalo.

Cuando parecía que ya todo estaba listo para la segunda vuelta, Semilla, el partido de Arévalo, tuvo que enfrentarse a un nuevo reto: la orden de un juzgado para desaparecer su personería jurídica por parte de una fiscalía presidida por Rafael Curruchiche, quien se encuentra sancionado en Estados Unidos por obstrucción en casos de corrupción.

La razón para la cancelación fue la supuesta falsificación de firmas luego de que un ciudadano denunciara haber sido afiliado al partido sin su consentimiento. Esta orden no solo resultaba sospechosa en el contexto político del momento, sino que era también ilegal, puesto que la constitución prohíbe que se inhabilite a un candidato que debe competir en segunda vuelta. Después de varias horas de tensión y protestas, la Corte Constitucional revocó la exclusión de Arévalo de la contienda.

Los problemas, no obstante, no terminaron ahí. El 21 de julio, la Fiscalía de Guatemala allanó las oficinas de Movimiento Semilla en busca de documentos como parte de las diligencias contra el supuesto caso de corrupción. En este mismo contexto adelantaron que podrían levantar la inmunidad contra diputados del partido para poder investigarlos libremente.

Hoy, las encuestas dan a Arévalo una ventaja de 30 puntos sobre su contendiente, que ya ha salido a acusar un posible fraude en su contra. De ganar, cualquiera de los dos tiene todavía un largo camino que recorrer para restaurar la confianza en la democracia y enfrentar la apatía generalizada de los ciudadanos.