Entre ataques a la corte, una creciente militarización de las instituciones públicas y cambios a las autoridades electorales y de transparencia, México vive uno de sus momentos más complicados en materia de instituciones.
“Al diablo con sus instituciones” gritó el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de que en 2006 se ratificara que Felipe Calderón había triunfado en las cerradas elecciones en las cuales ambos se enfrentaban. Diecisiete años después, las instituciones mexicanas parecen estar pasando por uno de sus momentos más complicados.
En entrevista con Relial, Leslie Jimenez, coordinadora de proyectos de la ONG mexicana Impunidad Cero, menciona que los problemas institucionales en México provienen de varios frentes: la creciente presencia de las fuerzas armadas en tareas ajenas a la seguridad pública, los ataques al poder legislativo y el debilitamiento de instituciones autónomas.
El aumento de poder de las fuerzas armadas
Hace pocas semanas el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) cambió de nombre para volverse el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). El nombre es lo de menos; ahora el consejo que perfila la agenda en temas de ciencia y tecnología tendrá ahora presencia militar.
Además de la ciencia, la presencia de los militares en el turismo se fortaleció cuando, en reformas aprobadas en un promedio de 10 minutos sin presencia de la oposición, el congreso modificó las leyes generales de Derechos y Turismo para destinar el 80% de la tarifa que pagan los extranjeros al entrar a México a un fideicomiso en manos del ejército con el objetivo de realizar estudios, proyectos e inversiones en aeropuertos, ferrocarriles, turismo y cultura.
“La narrativa del gobierno refiere que esta presencia de las fuerzas armadas y de guardia nacional en bastantes tareas del Estado tiene que ver con la lucha contra la delincuencia organizada” , menciona Leslie.
No obstante, las fuerzas armadas son también una institución opaca que, según lo evidenciaron recientes filtraciones de Guacamaya Leaks, espían periodistas y activistas y tienen varios señalamientos de violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales.
Ahora, señala Leslie, un tema que comienza a visualizarse es “tenerlos en lugares que no son seguridad pública: tenerlos prácticamente en todas las instituciones del ejecutivo, entonces básicamente se están militarizando el ejecutivo del estado mexicano . ” La principal consecuencia de ello “es la opacidad: las fuerzas armadas son la institución que menos rinde cuentas al Estado Mexicano”, comentó la coordinadora de Impunidad Cero.
Por otro lado, la entrevistada cuestionó: “¿Por qué tendrían que estar las fuerzas armadas en la discusión de la ciencia y tecnología del país? No tiene sentido. No se justifica la razón por la cual deberían de estar. Básicamente todo el manejo que tiene que ver con ciencia, educación, incluso los medicamentos que también tienen que ver armadas, hay un control bastante opaco sobre sus funciones. Representa, principalmente represión, opacidad y uso excesivo de fuerza.”
Las reformas al Instituto Nacional Electoral (INE)
Otro asunto que logró convocar las manifestaciones más numerosas de este sexenio es el proceso de reformación del órgano encargado de organizar y supervisar las elecciones en el país.
Al INE se le atribuye la posibilidad del cambio de gobierno después de más de 70 años del Partido Revolucionario Institucional. “El tema del INE es un resultado de años de buscar un fortalecimiento a la democracia del país[…] Parte del logro del INE es (concretar) una participación de cómo funciona, no solamente el ir a votar, sino el conteo del voto, el manejo del voto y la democratización de los derechos de todos los ciudadanos”, mencionó Leslie.
El año pasado, tras considerarlo caro e ineficiente, el presidente de la república propuso cambios relacionados con el presupuesto y la naturaleza jurídica del INE. La propuesta, no obstante, requería de una mayoría calificada en las cámaras con la cual el presidente y sus aliados no contaban. Por ello, creó el llamado “Plan b”, una serie de reformas que únicamente requerían de una mayoría simple para ser aprobadas.
Tras ser aprobado el Plan b, no obstante, se presentó un recurso ante la corte que resolvió que “era prácticamente imposible que las personas legisladoras hayan votado una reforma tan importante como la que representa el plan b en cuestión de días sin haberse analizado y sin haberse realmente estudiado”. Es únicamente uno de varios recursos, pero es clave para detener las reformas al órgano encargado de brindar seguridad electoral.
Ahora se habla del plan c, que simple y sencillamente, se trata de llamar a las bases del partido a votar masivamente para obtener una mayoría calificada en 2024 y aprovechar el momento intermedio entre las primeras sesiones ordinarias del nuevo congreso, en septiembre, y el fin de su gobierno en diciembre para aprobar las reformas al INE.
Los ataques a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
De acuerdo con Leslie Jiménez, el poder judicial es el único poder que sigue siendo un contrapeso ante las decisiones del ejecutivo y el legislativo: “En los últimos meses, han estado analizando temas que tienen que ver con la militarización de la seguridad pública y el llamado plan b. Y, desafortunadamente, al ser el único poder que está haciendo un contrapeso, también se ha visto bastante expuesto”, indicó.
Desde la presidencia se ha construido una narrativa negativa hacia la corte basada en desinformación y el refuerzo de estereotipos respecto a los gastos que tiene la corte. Esta narrativa oficialista baja a legisladores y jefes de estado del mismo movimiento para amplificarse entre distintos sectores de la población.
“Es un un tanto grave escuchar que un presidente, un senador, un un diputado, un secretario de Estado utiliza sus plataformas para crear mentiras o informaciones falsas, o Información que tiene con como finalidad el golpeteo de de una institución como el poder judicial de la federación, porque no está resolviendo como quieren”, según Jiménez.
El discurso, comenzado en “la mañanera” —espacio diario del presidente para informar sus actividades— no se queda ahí: después de que la corte frenara el “plan b”, el mandatario señaló que el poder “judicial” está podrido y afirmó que debe existir una reforma con la cual los ministros de la corte, y eventualmente magistrados y jueces, sean elegidos democráticamente, cosa que no sucede en la mayoría de los países democráticos.
Transparencia en peligro: el caso del INAI
Por último, Leslie menciona que uno de los grandes problemas institucionales hoy en día es la inoperancia del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), una institución dedicada a brindar transparencia sobre las actividades y los gastos de las distintas dependencias del gobierno.
En palabras de la entrevistada, el INAI es uno de los mayores logros de la sociedad civil porque busca que “las autoridades sean los más transparentes posible en tema de gestión, el tema de manejo de recursos y en tema de presupuestos”.
En circunstancias normales, el INAI debería sesionar con siete comisionados designados por el senado de la república, no obstante, puede hacerlo con al menos cinco según se establece en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En abril de 2022 concluyó el periodo de dos de los comisionados y el 31 de marzo de este año el de otro, lo cual dejó al INAI imposibilitado para operar.
El 1 de marzo, el senado designó dos comisionados, sin embargo, dos semanas después, el presidente de la república objetó ambos nombramientos.
“En cierto sentido, lo que está generando es que muchos sujetos obligados no estén atendiendo a las solicitudes y no estén dándole seguimiento a los recursos de revisión”, indica Jiménez.
Si bien los usuarios pueden seguir realizando solicitudes de transparencia, la imposibilidad del INAI de sesionar impide que puedan actuar en caso de que los sujetos obligados no respondan como deben de acuerdo con la ley. Tan solo en 2022 se recibieron 26,153 medios de impugnación.
El 27 de abril, ante la negativa de la coalición en el poder de nombrar un nuevo comisionado, los senadores de oposición organizaron una protesta y tomaron la tribuna del Senado. En su protesta, condicionaron la aprobación de otras propuestas a la designación del comisionado. El 29 de abril por la madrugada, no obstante, los senadores del oficialismo sesionaron en una sede alterna sin presencia de la oposición y aprobaron todas las reformas pendientes en un promedio de 10 minutos cada una, con lo cual se cerraron las sesiones del senado sin el nombramiento de un nuevo comisionado.
¿Qué tienen en común los casos anteriores?
Para Leslie Jiménez, el hilo conductual proviene desde el poder ejecutivo: “Todas estas reformas, toda esta debilitación de instituciones, lo que están buscando de una manera u otra es concentrarlas todas en el poder ejecutivo: que haya una concentración de poder y crear nuevamente, o regresar nuevamente, a esta figura presidencial omnipotente omnipresente y terca.”
“La debilitación que se ha estado viviendo en estas instituciones justamente lo que busca es darnos tres pasitos para atrás a que solo se busque un discurso único que tiene que ver con que ‘son instituciones caras, son instituciones que no funcionan para nada’”.
