Los próximos comicios en la región se ven marcados por falta de transparencia, fuertes cuestionamientos a la solidez democrática e intentos del oficialismo por descalificar y callar a la oposición.

En el segundo semestre del 2023, la región latinoamericana enfrenta varios procesos electorales importantes que definirán el futuro de los países en los cuales se celebrarán, así como el rumbo político de toda la región. En medio de la creciente polarización política, de los problemas inflacionarios y económicos, así como el fortalecimiento de políticas autoritarias, estás elecciones serán clave para comprender las nuevas configuraciones de poder regional.

Uno de los principales retos que Relial observa con preocupación en esta coyuntura, es el uso de las inhabilitaciones como arma política para desmovilizar a la oposición y tratar de callar las voces que cuestionan sistemas autoritarios. Por ejemplo, en Venezuela y Guatemala, el respaldo social a los candidatos ha sido tan grande que está por verse cuán efectivas son las medidas para evitar la voluntad democrática.

13 de agosto: PASO elecciones primarias argentinas

Argentina es la tercera fuerza económica de América Latina y uno de los pocos países en los cuales existe estabilidad democrática. En una región con tres dictaduras socialistas y varios gobiernos de izquierda que se niegan a condenarlas, las próximas elecciones son cruciales para definir el futuro de las alianzas democráticas tanto a favor como en contra de las dictaduras.

Cristina Kirchner, la actual vicepresidenta, quien fue condenada por corrupción en diciembre del año pasado, ha dicho que no competirá por la presidencia y lo mismo ha mencionado Alberto Fernández, quien podría haber optado por una posible reelección. Gracias a esta debilidad del oficialismo, es posible que este año la oposición pueda vencer en la contienda electoral.

Para ello, no obstante, se debe pasar por el proceso de las PASO —Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias— el 13 de agosto. Estas elecciones primarias, como su nombre lo indica, son obligatorias para todas las formaciones políticas del país que quieran acceder a cargos políticos nacionales. Quienes obtengan un mínimo del 1.5% de los votos, podrán competir como candidatos en las elecciones presidenciales y legislativas celebradas el 22 de octubre.

Las PASO son de votación obligatoria para los ciudadanos, independientemente de su afiliación política. Si bien, estas están pensadas como una forma para elegir dentro de un mismo partido entre distintas listas de fórmulas los cargos presidenciales, de diputados y senadores, sin embargo, no es obligatorio que los partidos las tengan, en años anteriores han sido varios los que han accedido con una única fórmula.

Este año, tanto el oficialismo como la alianza opositora Juntos por el Cambio han presentado dos fórmulas: la primera, integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi así como Juan Grabois y Paula Abal Medina; la segunda por Patricia Bullrich y Luis Petri así como Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Dentro de las primarias se presentará también el candidato libertario Javier Milei, quien representa un quiebre con el tradicional bipartidismo argentino.

Hoy día, las problemáticas que aquejan a la Argentina son distintas, por ejemplo, 6 de cada 10 niños pasan hambre, por otro lado, el país enfrenta una de las peores crisis inflacionarias del mundo, por lo que la agenda prioriza propuestas  encaminadas a la toma de medidas que aplaquen la subida de precios y permitan a los argentinos llegar a fin de mes. En ese sentido, las campañas se han concentrado en buscar distintas soluciones a la tragedia económica argentina: desde dar autonomía al banco central, como sucede en la mayoría de los países, hasta eliminarlo o dolarizar oficialmente la economía.

Hasta ahora, las encuestas favorecen a Patricia Bullrich, candidata de oposición que fue llamada “la dama de hierro de la política argentina” por el diario español El País debido a su negativa a pactar con el oficialismo y su resolución de tomar las decisiones necesarias para sacar a Argentina de una de las peores crisis que ha enfrentado en los últimos años.

Bullrich enfatiza en su spot de campaña “porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario. Porque la corrupción no se termina por consenso. Porque no se acuerda con las mafias”. Si ella es elegida para liderar el país durante los próximos años, es de esperar que se generen cambios profundos y estructurales.

No obstante, las preferencias todavía pueden cambiar mucho. Una encuesta en el mes de marzo realizada por Bloomberg demostró que ninguno de los cinco candidatos más populares tiene una aprobación superior a su desaprobación. Quien sea que llegue a la Casa Rosada tendrá que lidiar con los gigantescos problemas económicos, pero también con los de carácter político que marcan la región y dan pie a políticos populistas y autoritarios cuyo estandarte es la polarización y el rechazo a la política tradicional.

20 de agosto: segunda vuelta electoral en Guatemala

Bernardo Arévalo, un candidato presidencial a quien las encuestas no daban más de un 3% de intención de voto, sorprendió a Guatemala cuando se posicionó en segundo lugar en las elecciones primarias celebradas el 25 de junio de 2023.

Las elecciones guatemaltecas han estado marcadas desde un inicio por desafíos al Estado de derecho como el rechazo ciudadano a la política tradicional, la corrupción y la violencia política. Con 23 candidatos inscritos, la victoria en las primarias la tuvieron los votos nulos con un 17%, seguido de la exprimera dama Sandra Torres con 15% y el candidato progresista Bernardo Arévalo con 12%.

No es de extrañar que la clase política a quien Arévalo llama “el pacto de corruptos”, se ha visto envuelta en múltiples escándalos de malversación de fondos. Quienes los investigan por vía legal o periodística suelen terminar en el exilio por su propia seguridad o en prisión, como sucede con el periodista José Rubén Zamora.

De acuerdo con la constitución, ni Sandra Torres ni Zury Ríos, dos de las candidatas más populares, deberían haber podido competir por la presidencia: la primera por postular como vicepresidente a un pastor evangélico —a pesar de que la ley prohíbe las candidaturas de ministros de cualquier religión o culto— y la segunda por ser hija del exdictador militar Efraín Ríos Montt. No obstante, ninguna acción fue tomada en contra de ninguna de las dos.

A quien sí se suspendió por supuestas fallas administrativas fue a Carlos Pineda, el candidato tiktokero, ultraderechista y anti establishment a quien las encuestas daban la victoria. Aunque Pineda apeló a la Corte de Constitucionalidad, finalmente no consiguió participar en el proceso.

Ante el sorpresivo “segundo” lugar de Arévalo que le permitió pasar a la segunda ronda, el viernes 30 de junio nueve partidos acudieron a la Corte Constitucional para denunciar inconsistencias y pedir un amparo, hasta resolver los resultados. Debido a esta denuncia, se realizó un nuevo conteo de votos en el cual, una vez más, se dio como ganadores a Sandra Torres y Bernardo Arévalo.

Cuando parecía que ya todo estaba listo para la segunda vuelta, Semilla, el partido de Arévalo, tuvo que enfrentarse a un nuevo reto: la orden de un juzgado para desaparecer su personería jurídica por parte de una fiscalía presidida por Rafael Curruchiche, quien se encuentra sancionado en Estados Unidos por obstrucción en casos de corrupción.

La razón para la cancelación fue la supuesta falsificación de firmas luego de que un ciudadano denunciara haber sido afiliado al partido sin su consentimiento. Esta orden no solo resultaba sospechosa en el contexto político del momento, sino que era también ilegal, puesto que la constitución prohíbe que se inhabilite a un candidato que debe competir en segunda vuelta. Después de varias horas de tensión y protestas, la Corte Constitucional revocó la exclusión de Arévalo de la contienda.

No obstante, los problemas no terminaron ahí ya que el 21 de julio, la Fiscalía de Guatemala allanó las oficinas de el Movimiento Semilla en busca de documentos como parte de las diligencias contra el supuesto caso de corrupción. En este mismo contexto adelantaron que podrían levantar la inmunidad contra diputados del partido para poder investigarlos libremente.

Hasta ahora, todo parece indicar que no habrá nuevos desafíos para la segunda vuelta, sin embargo, el o la triunfadora tendrá todavía un largo camino que recorrer para restaurar la confianza en la democracia y enfrentar la apatía generalizada de los ciudadanos.

20 de agosto: elecciones presidenciales en Ecuador

El 17 de mayo Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, sorprendió al mundo al disolver la asamblea parlamentaria en medio de una gran inestabilidad en el país esto por el juicio político en su contra por presuntos actos de peculado, caso por el cual, apenas un día antes, la asamblea había abierto un pleno para discutir su destitución.

La medida fue comparada con la tomada en Perú unos meses antes por el hoy expresidente, Pedro Castillo. A diferencia de Castillo, lo que hizo Lasso fue completamente legal y se enmarcó en lo que se conoce como “Muerte cruzada”, un proceso a través del cual, el presidente en turno tiene el poder de disolver la Asamblea siempre y cuando convoque elecciones a realizarse dentro de los siguientes 90 días de la disolución.

De acuerdo con lo establecido, las elecciones se llevarán a cabo el 13 de agosto y contarán con la participación de 8 duplas por la presidencia y vicepresidencia. Aunque Lasso podría haber vuelto a postularse, el amplio rechazo por su administración —uno de los más grandes de toda América Latina— lo dejó fuera de la contienda.

La campaña comenzó oficialmente el 13 de julio y continuará por el corto periodo de 35 días antes de que los ecuatorianos acudan a las urnas el 20 de agosto. Las encuestas de salida coinciden en que la ventaja la tiene la candidata del correísmo Luisa González, seguida de Otto Sonnezholner, quien se identifica como liberal, y Yaku Pérez quien se encuentra respaldado por los movimientos indígenas del país.

Al ser cuestionada sobre el posible rol político de Rafael Correa —expresidente de Ecuador condenado a ocho años de prisión e inhabilitado de por vida—, Luisa Gonzáles ha reafirmado que será uno de sus principales asesores y ha resaltado su profunda lealtad con el exmandatario. En la misma entrevista calificó al régimen venezolano de democrático y afirmó que “respeta la decisión (electoral) como respeta la de los demás países”.

El posible rol de Correa en el próximo gobierno es preocupante para la estabilidad democrática en el país, pues además de estar condenado por corrupción, su gobierno fue uno de los más duros contra la libertad de prensa en América Latina y uno de varios soportes de las actuales dictaduras latinoamericanas.

Entre los principales problemas que tendrá que combatir el próximo gobierno está la creciente inseguridad, debido principalmente a la la presencia del crimen organizado en el territorio que, hoy día, ha provocado que el país cuente con la cuarta tasa de homicidios más alta de la región, superando incluso a México. 

Actualización: El 9 de agosto, Fernardo Villavicencio, candidato presidencial que se caracterizó por denunciar la presencia de corrupción y crimen organizado en el país, fue asesinado en uno de sus actos de campaña en Quito.

4 y 6 de septiembre: anuncio de candidatos presidenciales en México

En México, si algo está destacando dentro de las precampañas para la presidencia no son las propuestas de gobierno —que no deberían de existir dado que, legalmente, aún no es periodo de campaña—, sino la participación del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, para definir tanto los aspirantes como la narrativa la contienda.

A diferencia de otros países de América Latina que cuentan con procesos consolidados de elecciones primarias, en México no existe un mecanismo legal para elegir a un candidato dentro de un partido ni tampoco una primera vuelta electoral. En cambio, para las elecciones de 2024, tanto la oposición como el oficialismo han definido sus propios métodos “primarios” de designación.

En ambos casos, López Obrador ha sido clave para guiar y justificar las precampañas en un momento en el cual, de acuerdo con la autoridad electoral, la promoción de aspirantes está prohibida. En su propio partido, Morena (Movimiento Regeneración Nacional), el 11 de junio se dieron a conocer las bases para elegir a un “coordinador de defensa de la cuarta transformación”, término empleado para evitar sanciones por actos anticipados de campaña.

La “elección” se llevará a cabo a finales de agosto mediante una encuesta nacional y cuatro encuestas “espejo” en la cual se plantearán varias preguntas consensuadas por los aspirantes para determinar quién tiene el mayor apoyo popular para suceder al actual presidente y predicar los valores de la “transformación”. Los resultados se darán a conocer el 6 de septiembre y serán inapelables.

Por lo mismo, ninguno de los aspirantes se ha atrevido a contradecir al presidente. Ante la pregunta de si López Obrador “conduce el proceso”, Claudia Sheinbaum, hasta ahora la más favorecida por las encuestas, ha dicho que él da “opiniones” que luego ellos consideran y aplican.

Por el otro lado, el Frente Amplio Opositor, tendrá un método mixto de elección. En primer lugar, todos los aspirantes deberán reunir un mínimo de 150,000 firmas en una plataforma virtual; después de ello se realizarán tres encuestas para encontrar a los mejor posicionados, quienes después asistirán a foros nacionales y regionales para exponer sus propuestas. Varios candidatos que inicialmente se habían mostrado interesados han declinado de la contienda por considerar que viola la ley electoral.

Entre quienes quedan, la favorita es Xóchitl Gálvez, política, ingeniera y comerciante mexicana de origen indígena que comenzó a figurar en el discurso después de que López Obrador le negara la entrada a Palacio Nacional. Desde entonces, el mandatario ha asegurado que ella será la candidata opositora y la ha atacado en múltiples ocasiones dentro de la conferencia matutina que mantiene diariamente, llegando incluso a exponer contratos de obras dados a Gálvez.

Dado que lo anterior es ilegal, el Instituto Nacional Electoral le recomendó abstenerse de realizar comentarios electorales y, en respuesta, el presidente inauguró una sección en sus conferencias llamada “No lo dije yo” para después acusar una supuesta guerra sucia en su contra.

Hasta ahora, si bien Xóchitl ha crecido más de lo que se esperaba, la exjefa de gobierno aún le lleva más de 30 puntos, una brecha que será difícil de cerrar. Aún es muy temprano para hacer afirmaciones definitivas: todavía puede haber brechas o cambios de poder dentro del oficialismo o un sorpresivo repunte de la oposición, pero hasta ahora todo parece indicar que el proceso seguirá siendo dirigido de forma presidencialista como en los tiempos de la hegemonía del PRI, el partido que gobernó durante 70 años el país.

22 de octubre: primarias en Venezuela

En la misma fecha que las elecciones generales de Argentina, Venezuela elegirá un candidato para derrotar a Nicolás Maduro en 2024. Después de una larga lucha cívica, los partidos de oposición consiguieron que el proceso no fuera conducido por el polémico Comité Nacional Electoral (CNE), controlado por el gobierno, lograron también que los venezolanos en el extranjero —una cuarta parte de la población— pudieran participar en el proceso.

La primaria se ha visto marcada por los intentos del gobierno por sabotearla mediante pretendidas inhabilitaciones a los principales contendientes. La más reciente fue la de María Corina Machado, candidata liberal y miembro de Relial quien cuenta con el 57% de aprobación dentro de la oposición.

La medida fue rechazada por actores de todo el mundo: representantes de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Canadá, Francia, Ecuador, Colombia —un aliado cercano de Maduro—, Chile, Paraguay y Uruguay, junto con la Unión Europea, la ONU y la OEA se manifestaron en contra del acto inconstitucional.

Dentro del país, el respaldo tampoco se hizo esperar. Juan Guaidó y Leopoldo López han rechazado la inhabilitación y Henrique Capriles —el segundo puntero en las encuestas— ha reconocido el importante papel que María Corina está jugando para movilizar a los venezolanos en busca de la democracia.

La oposición venezolana ha pedido a la comunidad internacional observar y legitimar la primaria para después reconocer el resultado y fomentar una elección justa en 2024 en la cual el régimen de Maduro pueda ser finalmente derrotado.

Entre todas las elecciones de este año, la venezolana es una de las más importantes porque marca con fuerza la diferencia entre el autoritarismo y la democracia. De perder en 2024, Putin tendría un aliado menos en Latinoamérica y el ejemplo podría ser clave para que la libertad triunfe también en el resto de la región