El 18 de abril del año 2018, se inició en Nicaragua la rebelión cívica, frente a un gobierno inconstitucional que cuenta con una larga trayectoria de irrespeto a los derechos humanos, represión y corrupción. Las omisiones gubernamentales ante un incendio forestal y reformas al Seguro Social dieron origen a protestas ciudadanas que fueron brutalmente reprimidas por la Policía Nacional y por paramilitares patrocinados por el gobierno.

Las medidas represivas emprendidas por el régimen Ortega- Murillo, han provocado más de 300 personas asesinadas, gran cantidad de heridos, encarcelados, torturados y exiliados, lo que se puede corroborar en las más 4000 denuncias de violaciones a Derechos Humanos que ha recibido la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), cometidas por aparatos represivos afines al actual gobierno.

Con motivo de estas acciones de violencia y represión, diferentes personalidades y comisiones de organismos internacionales, han efectuado visitas al país para corroborar las violaciones a los derechos humanos. En la actualidad el gobierno impide el acceso de cualquier comisión que oficialmente venga para documentar o recabar denuncias de las víctimas de la férrea represión impulsada por el régimen.

Actores políticos, sociales y empresariales, con el apoyo e iniciativa de los Obispos de la Iglesia Católica conformaron una comisión para dialogar con el gobierno e impulsar una solución pacífica a la crisis. El gobierno pese a que aceptó participar en sesiones de diálogo, no cumplió acuerdos y decidió dar por terminado el mismo.

Entre las muestras de represión y violaciones a derechos humanos se pueden contar las siguientes: asesinatos, secuestros, desapariciones, lesiones graves, encarcelamientos, torturas, amenazas y exilio forzado de opositores (hombres, mujeres mayores y jóvenes); fuerte acoso y amenazas a defensores de derechos humanos; hostigamiento, hostilidad, prisiones, lesiones,  exilios y asesinatos en contra de periodistas y trabajadores de medios de comunicación; represión brutal y asesinatos de estudiantes tanto de secundaria como universitarios; trato cruel, inhumano y degradante a presos políticos; diferentes formas de intimidación para impedir que se realicen denuncias de las víctimas de violaciones masivas y constantes a los derechos humanos; amenazas a través de redes sociales, por vía telefónica y de manera directa a personas opositoras; calificación de terroristas a ciudadanos por el simple hecho de protestar; restricciones a los derechos de libertad de organización, libertad de expresión, libertad de reunión, derecho a la protesta, movilización, información y un sinnúmero de restricciones al ejercicio de los derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución de la República.

A lo anterior se debe de sumar la omisión en la atención médica por parte del sistema de salud pública a los heridos y demás víctimas de la represión; boicot y estigmatización de opositores, lo cual lesiona su posibilidad de encontrar trabajo; profanación de templos católicos, acoso, amenazas, hostilidad y golpes en contra de obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas de la Iglesia Católica; restricciones y violaciones a la libertad religiosa; profanación de tumbas de asesinados por el mismo gobierno; boicot a la prensa independiente; anulación de personerías jurídicas a organizaciones de la sociedad civil que han mostrado su rechazo a la represión estatal; restricción severa al ejercicio del derecho a la protesta ciudadana e incluso personeros del régimen han lesionado fuera de Nicaragua los derechos y la integridad de varios exiliados.

Una consecuencia inmediata de estos hechos de violencia fue el exilio forzado de más de 60,000 nicaragüenses hacia Costa Rica y una diáspora que se distribuye en países cercanos de la región centroamericana, como en México y España.

El Partido Ciudadanos por la Libertad respaldó las jornadas de protesta, por lo cual muchos sus miembros han sufrido cárcel, persecución y exilio. Como consecuencia de la escalada represiva del régimen a partir de abril de 2018, 16 miembros de Ciudadanos por la Libertad han sido asesinados, de ellos 9 en 2018 y 7 en el curso del presente año, quedando todas estas muertes en la impunidad.

Ante la difícil situación que enfrentamos, se hace urgente que se efectúen las reformas electorales suficientes y necesarias a fin de garantizar la realización de elecciones confiables, transparentes, observadas y auditadas lo más pronto posible, en las cuales se respete la voluntad popular para retomar el sendero de la institucionalidad democrática en Nicaragua.  

Tal y como lo recoge la cuarta Recomendación del Informe de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos sobre Nicaragua, emitido el 19 de noviembre de 2019:

“La Comisión toma nota del acuerdo firmado en 2017 entre el gobierno de Nicaragua cuya finalidad era iniciar un proceso de reforma electoral. La Comisión opina que debe darse prioridad a la aplicación de este acuerdo y que deben hacerse esfuerzos para explorar medidas que garanticen la independencia de las autoridades electorales, que permitan la observación electoral internacional y que garanticen el registro libre y transparente de partidos políticos”.

Datos oficiales de la OEA:

Son 328 muertos en el conflicto.

Hay 155 presos políticos

El régimen de Daniel Ortega ejerce total control político sobre las fuerzas de la policia y el ejército, usando esos aparatos represivos para impedir el derecho de libre asociación. La policía de Nicaragua se asegura de que la opisición nicaragüense no pueda expresarse públicamente. Todas las formas de reunión en espacios públicos están prohibidas.